La monarca aseguró que Reino Unido trabajará hacia una nueva asociación con la UE, basada en el libre comercio y la cooperación amistosa.
La reina Isabel II de Inglaterra insistió este lunes, ante la Cámara de los Lores, que la prioridad del gobierno es asegurar que Reino Unido concrete su salida de la Unión Europea el próximo 31 de octubre.
En su tradicional discurso ante la Cámara de los Lores (Cámara Alta) donde cada año presenta el programa del gobierno, en esta ocasión del primer ministro Boris Johnson, la reina, de 93 años de edad, aseguró que Reino Unidos trabajará hacia una nueva asociación con la UE, basada en el libre comercio y la cooperación amistosa.
La monarca leyó a los legisladores una lista de 26 nuevos proyectos de ley del jefe de gobierno, quien en una declaración admitió que los británicos están cansados del “estancamiento y la espera del cambio. Y no quieren esperar más para terminar el Brexit”, e insistió en la posibilidad de salir sin acuerdo.
El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, criticó la decisión de Johnson de involucrar a la reina en el debate. “Lo que tenemos es una transmisión política del partido desde los escalones del trono”, dijo.
La agenda legislativa incluye siete puntos sobre el Brexit, como medidas para establecer nuevos marcos regulatorios para la pesca, la agricultura, el comercio y los servicios financieros, y un proyecto de ley para un sistema de inmigración a partir de 2021.
Además, siete proyectos de ley de justicia penal con medidas para garantizar que en los delitos más graves cumplan “más tiempo bajo custodia”, sanciones más severas para los delincuentes extranjeros que intentan regresar al Reino Unido después de ser deportados y una mayor protección para agentes de la Policía.
También la creación de un organismo de investigación independiente del Servicio Nacional de Salud (NHS) con poderes legales, el Cuerpo de Investigaciones de Seguridad del Servicio de Salud (HSSIB), para investigar “incidentes graves de atención médica”.
Un proyecto de ley medioambiental para “consagrar los principios legales” y establecer “objetivos de mejora” legalmente vinculantes para reducir los plásticos, reducir la contaminación del aire, restaurar la biodiversidad y mejorar la calidad del agua.