La prórroga de los ERTE se dilata, el ambiente negociador se enrarece y los marcos temporales en los que se movían en un inicio todas las partes negociadoras varían. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, había adelantado antes de la reunión de la comisión tripartita programada para este viernes que veía “complicado” que pudiera alcanzarse un acuerdo antes del Consejo de Ministros del próximo martes, 28 de septiembre, dos días antes de que concluya su vigencia. Algo que han corroborado posteriormente las distintas partes que han participado en la reunión de la comisión tripartita que ha tenido lugar a lo largo de la tarde.
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“CEOE y Cepyme lamentan que a tan solo seis días de que finalice la vigencia de los mismos no se haya llevado a la mesa de negociación una nueva propuesta conjunta por parte del Gobierno. Resulta incomprensible la ausencia, por segundo día consecutivo, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que consideramos una falta de respeto a los interlocutores sociales”, han lamentado las patronales a través de un comunicado. Como ya sucediera durante el encuentro del jueves, ningún miembro del departamento que dirige José Luis Escrivá ha acudido a la reunión del viernes.
“La ausencia del Ministerio de Seguridad Social impide avanzar en temas fundamentales como las exoneraciones o la formación”, ha lamentado UGT; mientras que CC OO ha considerado el desplante como un “bloqueo” que “va a dificultar llegar a tiempo en la renovación de los ERTE”. Además, ha calificado este comportamiento como “una falta de respeto al propio proceso de diálogo social y a las personas que se encuentran por ERTE”.
Fuentes del diálogo social denuncian que no entienden la letanía en el acuerdo de la prórroga, especialmente cuando todas las partes la consideran necesaria y el tiempo apremia. El último Consejo de Ministros del mes tendrá lugar el próximo martes, y todas las reuniones programadas iban encaminadas a que la negociación se desbloquease en el transcurso de esta semana. Algo que no ha ocurrido porque, según denuncian fuentes sindicales, el Gobierno “no ha trasladado ningún texto” sobre el que debatir.
Los últimos movimientos que se han producido en el marco de la negociación contemplan desde la extensión de los actuales ERTE hasta el 31 de octubre de 2021; a los que sucederán después unos nuevos que vincularán las exoneraciones a los planes de formación que presenten las empresas en sus solicitudes; hasta la creación de incentivos para las empresas que reactiven a trabajadores de otras compañías. Sin embargo, fuentes conocedoras de las conversaciones aseguran que no hay nada resuelto en ninguna de estas líneas, y que se trata solo de “meras propuestas”.
En su intervención en el campus de la Universidad de Deusto en San Sebastián en el Encuentro Las oportunidades de la economía española postcovid, organizado por este centro universitario en colaboración con BBVA, Garamendi ha cuestionado el planteamiento de que la prórroga de los ERTE no se produzca de manera automática, como plantea el Gobierno. “Hemos ido prórroga a prórroga, ahora nos dicen que no es una prórroga, que las empresas tienen que volver a rehacer los temas el día 1, se nos podía haber dicho hace un mes”, ha defendido.
El presidente de los empresarios no es el único que observa con cierto reparo las nuevas líneas maestras que se contemplan en el diseño de los nuevos ERTE. En el caso del líder de CC OO, la voluntad de que estos estén vinculados a planes de formación, tal y como adelantó el ministro José Luis Escrivá, podría suponer un problema para muchas compañías y sus trabajadores. “A veces una buena idea puesta encima de la mesa fuera de tiempo se convierte en una mala idea”, ha comentado. “Habrá procesos formativos necesarios porque van a cambiar las empresas o porque va a haber trabajadores que van a salir de un sector para ir a otro. Eso es una buena idea, pero estamos en una renovación de una palanca como han sido los ERTE, para tres, cuatro o cinco meses por delante”, ha añadido.
En peligro 19.000 empleos
El cambio de escenario que anticipa la prórroga de los ERTE inquieta a algunas empresas, que temen no cumplir con las nuevas condiciones. Una incertidumbre que se ha trasladado principalmente al sector aéreo y que podría repercutir sobre cerca de 19.000 trabajadores.
Ante la previsión de que las nuevas condiciones queden finalmente ligadas al diseño e implementación de planes de formación, compañías como Iberia, Vueling y Air Europa han anunciado que presentaran solicitudes para acogerse a otro tipo de ERTE, los conocidos como ETOP, en los que se contemplan causas económicas, técnicas, organizativas o de producción para su aprobación. La caída sostenida de viajeros a lo largo del último año y medio es el argumento que esgrimen todas ellas para poder acogerse a esta modalidad.
Iberia fue la primera aerolínea que anunció a los sindicatos su intención de presentar un ERTE ETOP como una especie de “plan B” en el caso de que la nueva fórmula fuera reconfigurada bajo parámetros distintos de los actuales. La compañía, propiedad de International Airlines Group (AIG) mantiene suspendidos, en estos momentos, a 5.000 trabajadores, y según señalan fuentes sindicales, esta nueva medida podría extenderse hasta los 6.000, lo que representaría cerca de la mitad de la plantilla total, que se aproxima a los 15.200 empleados.
Al primer paso dado por Iberia se sumó posteriormente Globalia ―de la que forma parte Air Europa— y que podría repercutir sobre 9.000 trabajadores. Aunque esta medida se extenderá a todas las empresas del grupo, no afectará a los trabajadores de Halcón Viajes y al resto de negocio de viajes, según reconocen fuentes de la compañía.
La última en plantearse esta fórmula de escape ha sido Vueling, que comunicó el jueves por la noche a los sindicatos su intención de negociar en los próximos días un expediente de regulación temporal de empleo ETOP, que podría afectar a toda su plantilla, de 4.000 trabajadores. La compañía asegura que si se mantienen los ERTE por fuerza mayor, la carta queda sin efecto y no haría falta sentarse con los sindicatos a negociar un nuevo expediente.
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