De la secretaría de Energía de México al consejo de accionistas de Iberdrola. Ese fue el salto profesional de la economista Georgina Kessel en 2013, después de ser la encargada de la política energética durante la presidencia del expresidente Felipe Calderón (2006-2012). La antigua funcionaria fue duramente criticada por su decisión profesional: su conocimiento sobre el sector energético estaba en manos de una compañía extranjera. Kessel dejó su cargo como secretaria de Energía en 2011 y esperó pacientemente dos años para emprender su carrera en el sector privado. Con la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana, impulsada actualmente en el Congreso mexicano, la exsecretaria de Energía habría tenido que esperar hasta 2021 para trabajar en una empresa en una materia en la que es experta.
La iniciativa ha sido promovida por los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) —el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador— para evitar la fuga de los funcionarios a las empresas y también para sumarse a la cruzada del mandatario para combatir la corrupción. A la práctica de saltar profesionalmente del sector público al privado (y viceversa) se le conoce como la puerta giratoria y está clasificada como uno de los procedimientos más sensibles para el desempeño ético de los servidores públicos. La propuesta mexicana —que está pendiente de su aprobación en la Cámara de Diputados— sería impuesta a secretarios de Estado, subsecretarios, jefes de unidad, oficiales mayores y directores generales, con una restricción para trabajar en empresas privadas de su sector por 10 años.
El rango que los legisladores han planteado como periodo de enfriamiento es uno de los más altos en el mundo. Estados Unidos y Canadá lo han situado en cinco años. En Latinoamérica, las condiciones son más laxas: Brasil con su ley de cuarentena de ministros y altos cargos impide ejercer ciertas actividades privadas durante seis meses y les paga el sueldo que percibían en el cargo público como “remuneración compensatoria”, informa Afonso Benites desde Brasilia. En Argentina, el Código de Ética Pública considera a la puerta giratoria desde 1999, sin embargo no ha cobrado relevancia hasta hace poco ya que el presidente, Mauricio Macri, ha sido duramente criticado por el origen empresarial de buena parte de sus colaboradores, informa Federico Rivas desde Buenos Aires. En Colombia, existe el Estatuto Anticorrupción desde 2011 que plantea una prohibición de hasta dos años para prestar servicios de asistencia, representación o asesoría para las mismas empresas que estuvieron sujetas a inspección, vigilancia, control o regulación de determinada entidad del Gobierno, informa Santiago Torrado desde Bogotá.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, explica que una medida así es razonable durante dos años y que un tiempo mayor puede limitar las oportunidades laborales de los funcionarios, al punto de violar su derecho constitucional al trabajo. “Lo que se busca con estas medidas es que [los funcionarios] no se aprovechen de las información privilegiada o que no los contrate un sujeto al que hayan regulado”, explica. “Pero lo que parece es que no han medido cómo se va a hacer accionable esta medida”, apunta.
Entre las críticas a la medida están que ante un número importante de funcionarios a los que esta ley debe supervisar, será necesario establecer mecanismos para verificar sus trayectorias profesionales posteriores al servicio público. “Cada vez que prohíben una actividad, abren la puerta a un mercado negro”, advierte Bohórquez. El director de Transparencia Mexicana, además, señala que un exhaustivo esquema de vigilancia puede ser más efectivo para contrarrestar la puerta giratoria, que aumentar el número de años que deben evitar trabajar en la iniciativa privada. “Cuando algo es muy literal, significa que no hubo un análisis de la política pública”, dice.
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