Israel ha enmendado la legislación sobre el confinamiento y declarado un estado de alarma especial para restringir el derecho de manifestación. Las protestas contra Benjamín Netanyahu, el primer ministro procesado por corrupción, han congregado a miles de ciudadanos a pesar de las severas limitaciones impuestas desde hace 10 días tras descontrolarse la segunda ola de la pandemia. En un debate que se prolongó durante toda la noche del martes, la Kneset (Parlamento) ha circunscrito las protestas este miércoles a un radio de un kilómetro de la vivienda habitual, con hasta un máximo de 100 grupos de 20 asistentes cada uno. Las masivas concentraciones ante la residencia oficial del jefe del Gobierno en Jerusalén, que se han sucedido cada semana desde hace cuatro meses para exigir su dimisión, se verán de este modo reducidas a una queja testimonial.
Los partidos de la oposición, que la semana pasada consiguieron bloquear la aprobación de la reforma legal con apoyo de los aliados centristas de Netanyahu, denunciaron en la Cámara que la nueva medida viola un derecho civil básico. Encausado por soborno, fraude y abuso de poder en tres escándalos, el primer ministro fue investigado durante tres años por la brigada policial anticorrupción antes de que el fiscal general de Israel confirmara las imputaciones. Las manifestaciones en su contra no han cesado ni en medio del pico de 8.500 contagios diarios alcanzado la semana pasada en un país de poco más de nueve millones de habitantes. De acuerdo con un sondeo del Instituto para la Democracia, el veterano mandatario solo cuenta con el respaldo del 27% de los ciudadanos a su gestión de las crisis sanitaria y económica.
Para aprobar la restricción legal de las manifestaciones, los socios centristas de la coalición gubernamental, encabezados por el ministro de Defensa, Benny Gantz, pactaron con el conservador partido Likud de Netanyahu que el “estado de alarma especial” deberá ser ratificado tres veces por semana en el seno del Gabinete y que su prórroga tendrá que ser avalada por la Comisión Constitucional de la Kneset. Según informa el diario Haaretz, el Gobierno no está facultado para prohibir las protestas, sino solo para limitar el número de asistentes. El primer ministro ya ha anticipado que el confinamiento general, inicialmente fijado hasta el 10 de octubre, se extenderá previsiblemente varias semanas más.
La declaración de emergencia impedirá de hecho que miles de manifestantes, confinados en mil metros en torno a sus casas, se puedan concentrar ante la residencia oficial del jefe del Ejecutivo en la calle Balfour de Jerusalén, pero también servirá para limitar afluencia de los ultrarreligiosos judíos a las sinagogas. La tasa de contagios entre los ultraortodoxos, que representan el 12% de la población, es ahora del 28%, frente a una media nacional del 12%. “Uno de cada tres miembros de la comunidad jaredí está dando positivo en las pruebas de detección del coronavirus”, ha precisado el director general del Ministerio de Sanidad, Hezi Levi.
Los sectores laicos de la sociedad Israelí han observado con preocupación las imágenes en televisión de las multitudinarias ceremonias religiosas durante el Yom Kipur (Día del Arrepentimiento), celebrado el pasado lunes. Ni se respetaba el aforo establecido por las autoridades sanitarias ni se guardaba la distancia de seguridad entre los asistentes. El inicio, este viernes, de la semana de celebraciones del Sukot (Fiesta de los Tabernáculos) hace temer que se vuelvan a disparar los contagios entre esta comunidad.
Con la boca y la nariz cubiertas por mascarillas, separados al menos dos metros –aunque con menor distancia en las zonas centrales de la concentración–, los miles de manifestantes que se desplegaron el pasado sábado en la plaza de París de Jerusalén, en las inmediaciones de la residencia oficia de Netanyahu, respetaron en general las instrucciones sanitarias. A partir de ahora, las restricciones de la pandemia marcarán el paso a las marchas de protesta.
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