El primer juez que alzó la voz contra las ilegalidades que se estaban cometiendo fue Waldemar Zurek, hace unos cinco años. Desde que llegó al poder en 2015, el ultraconservador partido Ley y Justicia (PiS), de Jaroslaw Kaczynski, emprendió una reforma del poder judicial que tiene soliviantados a los jueces polacos y a Bruselas por su ataque frontal contra el Estado de derecho. Zurek se ha convertido en un símbolo de resistencia entre la judicatura y el enemigo número uno del Gobierno, pero 12 expedientes disciplinarios después, ayer confesaba en el despacho de uno de sus 25 abogados en Varsovia que está “terriblemente cansado”. El último golpe ha sido la sentencia del Tribunal Constitucional de este jueves, que considera que la ley fundamental polaca prevalece sobre la justicia europea y coloca al país a las puertas de lo que ya se conoce como Polexit.
Analistas y juristas ven en el radical movimiento del tribunal una última búsqueda desesperada del gobernante PiS por acaparar todo el poder y conquistar el último bastión: el judicial. “Hay elecciones en dos años y el PiS ve que se está debilitando en el Ejecutivo y el Legislativo. Por eso quieren también el tercer poder, el Judicial”, afirma Aleksander Smolar, analista de la fundación Stefan Batory.
La jueza Monika Frackowiak, de la asociación de jueces Iustitia, apunta en la misma dirección: “El partido gubernamental sabe que está perdiendo poder y que quien puede controlarle y ser su último obstáculo, son los juzgados y los 10.000 jueces”, añade la jueza. “Un sistema judicial independiente no encaja con el poder autoritario”, dice Dariusz Mazur, portavoz de Themis, otra organización de jueces.
En el trayecto para hacerse con el poder judicial, se han abierto 150 expedientes contra jueces y fiscales en el país. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene a su vez varios casos contra Polonia. La última sentencia europea, de este miércoles, falló contra el traslado forzoso de jueces y el sistema para nombrar a los miembros de las cámaras de apelación del Supremo, en respuesta a una consulta prejudicial del juez Zurek, al que quisieron trasladar segunda a primera instancia. Su compañero Maciej Czajka, sentado junto a él en la sede de la Fundación Tribunales Libres (Wolne Sady), a un paso del Parlamento polaco, cuenta que a él le han cambiado de la sección penal a la civil, “después de 20 años como experto en penal”. Lo suyo, explica, fue en represalia a negarse a compartir sala y estrado con los llamados neojueces, que calculan que son unos 1.000 en todo el país.
“Son jueces falsos; todos los jueces nominados por el nuevo Consejo Nacional Judicial son ilegales”, según el juez Czajka, que cita sentencias europeas. Compartir fallos con ellos, explica, significa añadir inseguridad jurídica a las decisiones: “Es peligroso para los ciudadanos y para el Estado”.
Neojueces, jueces falsos o jueces ilegales, son términos muy repetidos entre la judicatura polaca. También tildan el Constitucional de ilegal, no solo porque 10 de sus 15 jueces hayan sido nombrados por el Gobierno, sino porque además, el presidente Andrzej Duda colocó a tres para puestos que no estaban vacantes. A esos los llaman jueces dobladores.
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En las conversaciones con analistas polacos, es recurrente la idea de que el Constitucional es una marioneta del Gobierno del partido de Kaczynski. “No es un tribunal independiente y parcial, como fue un día. El Constitucional es una herramienta del PiS”, dice Mazur. “Sus decisiones legitiman todo lo que el Gobierno desea pero no se atreve a plantear abiertamente en el Parlamento polaco, como hizo con el aborto”, añade la jueza Frackowiak.
El fallo del Constitucional que ha zarandeado la estructura legal del edificio europeo llegó solo un día después de que el TJUE diese la razón al juez Zurek y afirmase además que la ley europea prevalece sobre la polaca. “Polonia dice que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea actúa fuera de su competencia en lo que se refiere al poder judicial”, explica Jaroslaw Sulkowski, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Lodz, para acto seguido aclarar que esto es falso. Como recuerda, hay ámbitos de competencias de los Estados miembros delegadas a la UE que Varsovia cedió en su adhesión en 2004, tras un referéndum.
La Constitución polaca y los tratados europeos son los mismos ahora que entonces, recuerdan otros analistas. “No hay contradicción entre las leyes europeas y las polacas”, coincide la jueza Frackowiak, que advierte sobre el caos legal que va a introducir el fallo en un momento ya inestable en el sistema judicial polaco.
“Es un movimiento político para congelar y paralizar a los jueces, que ahora no podemos aplicar la legislación europea”, añade el Czajka. Todavía, dos días después, sigue sin dar crédito. “Es increíble. Tenemos la obligación de respetar las leyes europeas, somos miembros de la UE, y ahora Polonia nos lo prohíbe”.
‘Polexit’
El Gobierno niega que la sentencia sea un primer paso hacia el Polexit, o la eventual salida de la UE de Polonia, pero juega con una retórica ambigua en la que se declara un leal miembro de la UE pero a la vez defiende su soberanía. “Esto es el Polexit, ni más ni menos; es inimaginable que haya un miembro de la Unión Europea sin el principio de la primacía de la ley europea y sin su aplicación directa”, dice sin ambages Frackowiak. “Parece que Polonia ha decidido dejar el eurotren en una estación llamada autoritarismo”, contesta Dariusz Mazur. Para la analista de la Fundación Helsinki Malgorzata Szuleka, “es mucho peor que el Polexit: es socavar la Unión desde dentro”, y en Polonia, añadir más “incertidumbre y desorden legal”.
Plataforma Cívica, el principal partido de la oposición, capitaneado por Donald Tusk, expresidente del Consejo Europeo, ha llamado a salir hoy a la calle “para defender la Polonia europea”. El último eurobarómetro señala que el 81% de los polacos es europeísta, pero hay quien tiene dudas sobre si un tema jurídico complicado, que afecta al poder judicial, logrará movilizar a la sociedad. “No es lo mismo que cuando el aborto, que estaba claro”, reflexiona Frackowiak. Menos abstracta es la cuestión del dinero y el riesgo en el que se encuentran los 36.000 millones de euros del plan de recuperación para Polonia, en fase final de negociación en Bruselas. “Saben (en el PiS) que es peligroso si la gente se ve privada de ayudas económicas”, opina Smolar. “Pero no se puede excluir que estén dispuestos a todo, incluso el suicidio político”, dice el analista, que de lo único que está seguro es de que el partido “no abandonará las políticas autoritarias”.
Pese al cansancio, el insomnio, el daño sufrido por su familia, las secuelas en su salud, el acoso laboral y los expedientes disciplinarios, el juez Zurek no se toma vacaciones ni piensa parar de ejercer. “De adolescente fui militante contra el comunismo en la clandestinidad. No quiero volver a ese régimen y veo los mismos mecanismos. Si perdemos la protección de los tribunales europeos, acabaremos siendo como Bielorrusia y a los jueces nos meterán en la cárcel”. “No pienso rendirme”, añade. A su lado, el juez Czajka advierte de que lo que les está pasando es un problema europeo. “Si el Estado de derecho se acaba en Polonia, puede ocurrir también en otros sitios”.
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