La recuperación de los cuerpos de los 10 mineros sepultados el pasado agosto en el derrumbe de un pozo de carbón en Sabinas, Coahuila, ha vuelto a sufrir un retraso. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este jueves en su conferencia diaria ante la prensa que los equipos de rescate esperan llegar a los cadáveres en diciembre de este año. El primer plazo que planteó el Gobierno a los familiares de las víctimas, en agosto, era de 6 a 11 meses. En diciembre, las autoridades anunciaron que iban a comenzar a dinamitar la mina para abrir un tajo a cielo abierto y acceder así a los restos. En ese momento, Protección Civil estimaba en seis meses el trabajo necesario para alcanzar las galerías subterráneas en las que se presume que se encuentran los obreros.
López Obrador ha asegurado que el contingente de rescate, formado por 283 trabajadores, ha logrado un avance del 37,3% en sus labores. En estos momentos, la faena se centra en achicar el agua que inunda los pozos, de los que ya han extraído 1.136.566 metros cúbicos del líquido por medio de cuatro bombas. También con explosiones controladas que han permitido llegar a una profundidad de entre 20 y 30 metros bajo tierra, según el mandatario. En el calendario que manejan los rescatistas se espera que en julio, casi un año después del derrumbe, los primeros equipos puedan acceder a las galerías subterráneas donde quedaron atrapados los mineros. Los trabajos para lograr exhumar los 10 cadáveres se extenderán todavía otros cinco meses después de eso, de acuerdo con las estimaciones presentadas por el presidente.
El dirigente también ha hablado en la mañanera de Pasta de Conchos, otro accidente minero sucedido en 2006 en el que 65 mineros murieron en una explosión de gas y 63 de los cuerpos quedaron bajo tierra. López Obrador ha mantenido que continúan las labores de recuperación también en ese caso: “Todavía falta tiempo y están avanzando bien, vamos a cumplir, se va a rescatar los cuerpos. Todos los Gobiernos anteriores habían prometido que iban a sacar los cuerpos de los mineros. Nosotros lo que hemos hecho es que se pagaron todas las indemnizaciones a los familiares”. El pasado domingo los familiares de las víctimas realizaron un acto de protesta en la sede de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de la Ciudad de México en el decimoséptimo aniversario de la tragedia con el lema: “No queremos memorial, queremos los cuerpos de mineros”.
Para los familiares y los mineros, la CFE es el culpable oculto que se esconde tras cada tragedia. El organismo, piedra angular de la reforma eléctrica que quiere ejecutar López Obrador, se nutre de los pozos de Coahuila: el 99% de carbón que alimenta sus calderas proviene de este Estado. La propia empresa del Pinabete, la compañía que explotaba la mina accidentada de Sabinas, tenía un contrato con la CFE por 75 millones de pesos. Según reveló una investigación del portal Animal Político, el organismo público calificó la explotación de “segura” y acordó la compra de todo el mineral que se extrajera desde 2020 hasta 2024.
El 3 de agosto de 2022, el pozo del Pinabete se vino abajo ante una inundación masiva provocada por millones de litros de agua acumulados en la mina de las Conchas, una explotación abandonada décadas atrás y completamente anegada por su cercanía con el río Sabinas. Aunque algunos mineros consiguieron escapar, 10 hombres quedaron atrapados en las galerías. Comenzó un rescate a contrarreloj mientras las familias aguardaban una espera agónica a las puertas de la explotación. A finales de ese mes, López Obrador dio por muertos a los obreros. Las labores de rescate se convirtieron en trabajos de recuperación de restos humanos.
Desde entonces han pasado seis meses, la estimación original que el presidente ofreció para recuperar los cuerpos. Durante los primeros cuatro meses después del accidente reinó el silencio, hasta que en diciembre se anunciaron las explosiones para abrir el tajo. En todo este tiempo, las viudas de los 10 mineros se han enfrentado a su propia batalla: la de conseguir una pensión digna que todavía no llega por parte de la empresa de El Pinabete, que se comprometió a pagarlas el sueldo de sus maridos por lo menos hasta que concluyera el rescate, como documentó este diario. En octubre el dinero dejó de llegar y las indemnizaciones todavía están por fijar. Ahora un nuevo plazo de tiempo para llegar a los cadáveres abre una rendija de esperanza.
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