La red que burló las sanciones de Estados Unidos a Venezuela

El 7 de marzo de 2019, Venezuela se sumió en la oscuridad. Lo que se presuponía otro apagón más se fue prolongando: una hora, dos, cinco; un día, dos, tres… Entre acusaciones de sabotaje, el Gobierno chavista se movió sigilosamente y recurrió a la colaboración de esos socios que se ha granjeado durante décadas. Entre ellos a un grupo de mexicanos. Lo que en un primer momento se planteó como un acercamiento para tratar de paliar las carencias energéticas de un sistema socavado por décadas de corrupción y dinamitado durante el apagón derivó con los meses en una red internacional con la que se ha tratado, y en muchas ocasiones conseguido, mover ingentes cantidades de petróleo, dinero y otros recursos, como oro, carbón y aluminio, bajo la apariencia de ayuda humanitaria, siempre evadiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos. Una trama que involucra a decenas de personas y empresas, viaja por casi una treintena de países y mueve el dinero entre paraísos fiscales. Una investigación de EL PAÍS y Armando.info revela cómo se urdió esta red que ha permitido al chavismo evadir las sanciones de la principal potencia del planeta y que ha generado un negocio opaco multimillonario.

En abril de 2019, un mes después de que Venezuela se fundiera a negro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez descolgó el teléfono y contactó a un grupo de empresarios mexicanos, duchos en el sector eléctrico. A priori, se trataba de ver cómo se podían llevar a Venezuela unas plantas de electricidad, muy similares a las que se utilizaron durante la guerra de Irak, que sirvieran para paliar los efectos de la escasez energética. No obstante, desde el primer viaje que los empresarios realizaron a Caracas quedó claro que las intenciones por hacer negocios iban más allá de la adquisición de unos generadores. Varios miembros del Gobierno de Venezuela y operadores de la cúpula chavista plantearon lo que se convertiría en el germen de una trama internacional para generar negocios que no dejaran rastro. EL PAÍS y Armando.info tienen en su poder miles de documentos que, junto a decenas de entrevistas, incluidas con algunos implicados —que han pedido hablar bajo condición de anonimato por miedo a represalias— atestiguan cómo se creó y evolucionó esta opaca red. Una trama que intercambió primero petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua potable, y luego pasó a cobrar el dinero de las exportaciones a través de circuitos financieros ajenos al control de Estados Unidos. Todos los implicados tienen un nexo en común: Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, que espera en Cabo Verde su extradición para ser juzgado en Estados Unidos por lavado de dinero.

El origen de esta red se sitúa en las sanciones impuestas a Venezuela desde 2014, principalmente por Estados Unidos, para presionar al Gobierno de Maduro y tratar de forzar un cambio que nunca ha llegado. Hoy las sanciones son moneda de cambio en una posible negociación entre la oposición y la Administración para lograr una salida a la crisis del país. Lo que sí han conseguido estas presiones es menguar el margen de maniobra del chavismo para hacer negocios con muchas compañías por temor a ser golpeadas por el Departamento del Tesoro. Y en el centro de toda la presión ha estado PDVSA, la gran aportadora de divisas a Venezuela, el país con una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Después de que la estatal petrolera sufriese de escasez de divisas, que el Gobierno utilizaba para todo tipo de operaciones, el chavismo recurrió a operaciones comerciales en las que pudieran pagar con crudo en lugar de dinero.

Delcy Rodríguez fue clave para activar la conexión mexicana. Junto a su hermano Jorge, actual presidente de la Asamblea Nacional y varias veces ministro, conforman uno de los pilares del Gobierno de Nicolás Maduro y una dupla cuyo poder les ha permitido desplazar a Diosdado Cabello como el oficioso número dos del chavismo. La excanciller y actual vicepresidenta preparó en abril de 2019 una serie de encuentros con funcionarios estatales y operadores cercanos a la cúpula chavista, y un grupo de empresarios mexicanos, entre los que se encontraba el también político José Adolfo Murat, a quienes conocía de foros internacionales de organizaciones de izquierda como el de Biarritz. Se plantearon distintos negocios. Con Simón Zerpa, entonces ministro de Economía ahora venido a menos tras acusaciones de deslealtad, se formuló la posibilidad de lograr unos camiones cisterna de agua potable. Además, el ministro planteó a los mexicanos si era posible conseguir un puesto de consideración en Veracruz, una puerta que les permitiría entrar y sacar de México cargamentos a gran escala. Ni Delcy Rodríguez ni el Gobierno venezolano han respondido a las solicitudes de entrevista para esta investigación.

La siguiente reunión de los mexicanos se produjo con Ricardo Morón y José Luis Sandoval —el primero, sancionado por Washington en julio de 2020, es próximo a Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente; el segundo, funcionario de PDVSA— , quienes pusieron sobre la mesa la posibilidad de hacer negocios con maíz blanco y trigo duro, a través de Colombia: el precio y el pago se harían en oro. Otra de las personas con las que se reunieron fue Omar Nassif, hermano de un empresario próximo a Delcy Rodríguez. Nassif planteó a los mexicanos la posibilidad de mover algunos alimentos, con transacciones que se realizarían vía Hong Kong. Para ello, les aseguró, contaba con la colaboración de algunos provedores en México. La afirmación de Nassif no era baladí: él había participado en la trama de los CLAP, los comités de distribución de alimentos promovidos por el chavismo. Entre 2016 y 2018, Alex Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas —cuyo nombre real era Germán Rubio, pero lo cambió tras ser involucrado en el año 2000 en una operación de narcotráfico vinculada al cartel de Bogotá— idearon una estructura de sociedades instrumentales en Hong Kong, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, de la que se beneficiaron empresarios mexicanos, algunos de ellos, como se ha podido comprobar, vinculados con la nueva red que se comenzó a tejer en abril de 2019. La figura de Alex Saab aparece también en aquellos encuentros en Caracas: los empresarios mexicanos se reunieron con una de sus operadoras.

Esa serie de contactos fue cobrando forma al regreso a México. Entonces aparece en escena, según la reconstrucción a partir de la investigación de EL PAÍS y Armando.info, Joaquín Leal, un empresario de 29 años, sancionado desde junio de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus negocios con Venezuela y que por aquel entonces trabaja en Diversidad, la empresa de José Adolfo Murat, con quien empieza a desarrollar los negocios que les han planteado.

En mayo de 2019, Murat regresa a Caracas, esta vez con Leal. Los empresarios mexicanos se sientan de nuevo con Simón Zerpa. El objetivo era concretar las operaciones habladas. Aunque en ese momento se planteó que los pagos se hicieran en euros o en rublos, finalmente la opción que fructificó un mes después fue el intercambio de petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua potable. La moneda que se baraja para las transacciones es el euro. Zerpa aseguró que pedirían a un tercer actor que efectúe el pago, el 70% como anticipo. En los dos contratos de la operación, que asciende a 200 millones de euros, no consta ningún número de cuenta del destinatario para realizar el pago. “Ante los organismos competentes” es la extraña fórmula utilizada en ambos casos, que también puntualiza que el mismo se podrá hacer “de forma fraccionada” y con la posibilidad de rescindir el contrato en 90 días. El 30% del pago restante, según los contratos, “será tramitado por el comprador por entes competentes de financiamiento”, sin que en ningún momento aclare a quién se refiere.

Tras la firma de los acuerdos comerciales, Leal buscó asesoría y se encargó de conseguir los camiones y coordinar el traslado de los alimentos desde México. También negoció con sus contactos venezolanos el precio del petróleo. En los correos electrónicos se presentaba como representante legal de Libre Abordo, la empresa con la que el Gobierno venezolano hizo el negocio. Después de cerrar el trato, la petrolera venezolana envió una serie de facturas a Libre Abordo “en atención” a Olga María Zepeda Esparza, directora y socia de la empresa —hoy también sancionada por Estados Unidos—, detallando el equivalente en barriles de petróleo y los millones de euros que la petrolera exigía como pago a la firma mexicana, al margen de los trueques por alimentos y productos en especie. Por ejemplo, en una factura del 19 de junio de 2020 por 32,9 millones de euros (el equivalente a 36,3 millones de dólares) se lee que el destino del petróleo era el puerto de Singapur.

La operación de intercambio de petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua fue el detonante para que, un año después, en junio de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a Libre Abordo, Joaquín Leal y Zepeda Esparza. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), dirigida por Santiago Nieto, inició una investigación para seguir el rastro del dinero. Los resultados, sin embargo, son ínfimos. El pasado 18 de mayo, la UIF presentó ante la Fiscalía una denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, y pidió el aseguramiento de un centenar de cuentas de Libre Abordo, Leal, Zepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza, socia de la empresa.

El de aquella primavera fue el único viaje que Murat y Leal realizaron juntos a Caracas. El primero asegura que dejó el negocio en manos del segundo al regresar de Caracas. Cuando Leal le comentó que los venezolanos le dijeron que las operaciones incluían un intercambio de petróleo, Murat le pidió que no siguiera adelante. “Le dije que había sanciones de Estados Unidos y no podíamos meternos en ese lío”, afirma a este diario Murat quien, asegura, no fue consciente de que Leal siguió adelante con el negocio con Libre Abordo. Murat rompió con Leal meses más tarde, a finales de 2019, al percatarse de que había seguido adelante con el negocio pese a las advertencias. El joven empresario mexicano no ha querido dar su versión ni responder a las peticiones de entrevista para esta investigación.

Los intercambios humanitarios eran mera fachada

A partir de las operaciones por los camiones cisterna y el maíz, Leal organizó desde México una red secreta al servicio del Gobierno de Maduro para ayudar en la venta de petróleo venezolano al margen de las sanciones estadounidenses. Para intentar esconder el rastro del dinero creó decenas de empresas y tejió una red de socios financieros en una treintena de países. La trama se conecta con entidades por todo el mundo —algunas offshore—, en Suiza, Luxemburgo, Malta, Curazao, Reino Unido, Suecia, Noruega, Grecia, Estados Unidos, Singapur, Bangladesh, China, Malasia, México, entre otros países de Europa, Asia y América, y paraísos fiscales como la Isla de Man y las Islas Vírgenes Británicas.

El modus operandi que se ha podido reconstruir en esta investigación demuestra que la prestación de ayuda humanitaria era tan solo un pretexto. El lado mexicano embarcaba los productos en especie y PDVSA les pagaba con petróleo y logística para sacarlo del país en buques. Sin embargo, detrás de esta operación, se escondía otra más compleja que dejaba millones de ganancias para los involucrados a través de la reventa del crudo a precios por debajo del mercado, con dinero que eventualmente regresaba a PDVSA como pago por la mercancía. La petrolera de Venezuela terminaba cobrando las facturas que le emitía a Libre Abordo en cuentas de bancos rusos, como Gazprombank y Evrofinance Mosnarbank. Con ello lograban concretar las transacciones fuera del sistema bancario estadounidense y no involucrar a ciudadanos de ese país. Los documentos a los que ha accedido esta investigación dan cuenta de que los tratos con el petróleo se prolongaron entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. En la inmensa mayoría de los casos se dejó de lado el trueque de alimentos y se vendió el petróleo directamente a los intermediarios mexicanos.

Después de que Libre Abordo pactaba la salida del petróleo de Venezuela, echaba mano de un grupo de intermediarias para continuar con la reventa de los barriles. Por lo general buscaba compradores del mismo consorcio envuelto en la trama o se dirigía a las refinerías localizadas en el extranjero. Por ejemplo, un cargamento entregado en Malasia a una empresa china fue revendido por Orin Energy, un holding que se dedica a las materias primas. El entramado de Leal y Libre Abordo tenía en Asia a sus principales clientes. En las presentaciones corporativas, se lee que dos de los principales compradores del petróleo venezolano eran las chinas PetroChina y Sinopec. La mayoría de sus cargamentos también fueron enviados a Singapur y a Malasia, dos importantes centros de refinación mundial.

En una primera etapa, Libre Abordo buscó clientes y formas de colocar el petróleo en el mercado mundial energético. Cuando sancionó a la compañía mexicana en junio de 2020, el Departamento del Tesoro señaló que esta utilizó las mismas rutas internacionales, los mismos procesos de envío y los mismos clientes que en el pasado habían manejado dos filiales suizas de la petrolera Rosneft. El gigante ruso era uno de los principales socios de PDVSA, pero salió del negocio en febrero de 2020 tras ser sancionada por EE UU por sus tratos con Venezuela. Leal y sus socios también se asesoraron con otros participantes en el esquema diseñado desde el Gobierno de Maduro, como Alessandro Bazzoni, un italiano con un largo historial de negocios con PDVSA, y Philipp Apikian, un suizo que también ha estado involucrado en la venta y envío de petróleo venezolano. Ambos fueron sancionados en enero de 2021 por la Casa Blanca al ser partícipes de la misma trama que ha movido millones de barriles de crudo venezolano por debajo del radar de las sanciones estadounidenses.

El nexo entre Leal y un viejo conocido de PDVSA

Uno de los principales intermediarios que utilizó Leal para revender el crudo fue Elemento, una empresa constituida por Bazzoni en Malta en marzo de 2015, con filiales en la isla caribeña de Curazao y el Reino Unido, y que previamente había comercializado petróleo venezolano en asociación con una firma estadounidense. Elemento, entre febrero y diciembre de 2019, movió al menos 13 cargamentos de PDVSA. Tras los tratos con Leal, la firma de Bazzoni se hizo cargo de uno de los dos primeros cargamentos que Libre Abordo sacó de Venezuela. La mercancía revendida por Elemento fue entregada en Singapur a una empresa de Macau —exenclave portugués en China, ahora con un estatus de soberanía similar al de Hong Kong— en abril de 2020, casi un año después de que zarpara desde el país caribeño.

No era la primera vez que Elemento auxiliaba al Gobierno de Maduro para sacar cientos de millones de barriles de petróleo de las costas del país sudamericano, según se desprende de los miles de documentos en poder de los dos medios y que forman parte de esta investigación. Para revender los cargamentos, Elemento echó mano de Swissoil Trading S.A, una empresa energética fundada en Suiza en 1998 que ha fungido como una revendedora de materias primas en Medio Oriente y Asia, y donde Apikian es el administrador único. Con la intención de replicar este esquema ideado por Elemento y disminuir las pérdidas y problemas legales de acudir a otros intermediarios para revender el crudo, el 11 de febrero de 2020 Leal fundó Cosmo Resources en Singapur. La idea, según un organigrama diseñado por el propio Leal, era compartir el consejo de administración de la firma con su socio Bazzoni para continuar con la comercialización de petróleo en Asia y otras partes del mundo.

A través de Cosmo, el empresario mexicano tanteó la idea de absorber a Libre Abordo y su filial Schlager Busines Group, la encargada de dar apoyo administrativo a las operaciones de su empresa madre. El 16 de febrero de 2020, Leal escribió en un correo que estaba contemplando la posibilidad de que Cosmo comprara a Libre Abordo. Un día después, Hugo Villaseñor, director financiero de Cosmo e íntimo de Leal, coordinó la apertura de una cuenta bancaria para la firma. En un correo enviado a un directivo de Alpha FX, un banco de Londres especialista en divisas que ofrece sus servicios a nivel internacional para “empresas e instituciones afectadas por la volatilidad de la moneda”, Villaseñor solicitaba la apertura de la cuenta, donde calculaba que el flujo mensual de dinero oscilaría entre 10 y 40 millones de euros. La apertura de la cuenta se hizo por recomendación de Richard Rothenberg, el director financiero de Elemento.

El papel de Cosmo es crucial para entender cómo se capitalizaban los intercambios de petróleo bajo la fachada de ayuda humanitaria. En la solicitud para la apertura de la cuenta, la compañía explicaba que obtenía sus principales ingresos de los pagos que le hacían PetroChina y las refinerías de Sinopec por los cargamentos de petróleo que salían de Venezuela. Otra de sus entradas provenía de los pagos que le realizaban otras intermediarias de materias primas, como Beaconsfield Commodities Trading, un consorcio de Bazzoni constituido en Suiza y con filiales en las Islas Caimán, Sudáfrica, Suiza y Suecia. En cambio, Cosmo tenía sus principales salidas de dinero en pagos realizados a Elemento y Libre Abordo, que se encargaban de sacar el petróleo de Venezuela. Uno de los planes del joven empresario mexicano era realizar los mismos negocios que había hecho con PDVSA con otras petroleras latinoamericanas, como Pemex, la colombiana Ecopetrol, y Petroecuador.

Las sanciones que catapultaron la trama mexicana

La salida de Rosneft de Venezuela catapultó los negocios de Leal y sus socios. Con la salida del gigante ruso, uno de los principales socios de PDVSA, las cantidades de crudo a las que el entramado mexicano tuvo acceso se dispararon. Para abril de 2020, los empresarios mexicanos recibieron alrededor de 40% de las exportaciones de la petrolera venezolana, según el Departamento del Tesoro. Entre más despuntaban sus negocios, Leal comenzó a preocuparse por la situación legal de los tratos que hacían sus empresas con Venezuela. En diciembre de 2019 se acercó al despacho estadounidense Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP para buscar asesoría. En marzo de 2020, un despacho mexicano también emitió su opinión legal sobre las posibles sanciones a las que podían ser sujetos Leal y Libre Abordo.

Desde México, Leal estructuró diversos esquemas para concretar sus negocios con Venezuela y echó mano de ingeniería financiera para manejar sus activos intentando borrar la huella del dinero. La documentación en poder de EL PAÍS y Armando.info contiene miles de correos electrónicos que intercambiaron los miembros de la trama protagonizada por Leal. Hay hojas de cálculo con el valor del crudo y los flujos mensuales que obtenían por comercializar los cargamentos, así como contratos de exportación, facturas de las operaciones de compra-venta y de servicios de asesoría financiera. También hay referencias bancarias, planes de negocio donde se exploraba la posibilidad de entrar al mercado del cobre y el aluminio, y una relación de pagos por los costos generales y administrativos de las diversas firmas de la red, como erogaciones por alquiler, servicios públicos y gastos de viajes internacionales.

Un documento con los ingresos registrados en 2019 por las compañías de Leal dibuja el espectacular ascenso que tuvo este grupo de empresarios que hasta ese año habían sido casi desconocidos. Cinco sociedades ligadas al joven empresario recaudaron solo ese año más de 107 millones de dólares, cuando aún no habían alcanzado el pico de los negocios con el petróleo venezolano. Los pagos más altos de la nómina en estas empresas estaban destinados a los sueldos de Leal, que se pagaba a sí mismo 750.000 pesos mensuales (algo más de 37.000 dolares), así como a su madre y hermana que cobraban medio millón de pesos (25.000 dólares). En el archivo que da cuenta de la contabilidad durante 2019 también viene el sueldo de la abuela, que ese año obtuvo ingresos por 30.000 pesos al mes (1.500 dólares).

EL PAÍS y Armando.info han podido comprobar que Leal y su entorno utilizaron al menos 50 empresas para esconder el rastro del dinero. Detrás de cada plan de negocio, había una compañía para ejecutar sus proyectos. En la mayoría Leal no aparecía como socio, sino como representante legal. Detrás de las firmas por lo regular estaban Verónica Esparza y su hija Olga María Zepeda Esparza o miembros de su familia. En su amplio portafolio también llegó a crear estructuras en paraísos fiscales, donde la identidad de los socios no aparece abierta en los registros y donde es fácil ocultar altos flujos de dinero evadiendo el pago de impuestos. Una de ellas es JLJ Technologies LLC, constituida en Wyoming el 20 de marzo de 2019, donde Leal quedó registrado como administrador único. Esta sociedad no tuvo una operación real, pero le permitió a Leal esconder el rastro de los socios que estaban detrás de sus firmas.

También creó Mystic Universe, una empresa en las Islas Vírgenes Británicas —el mayor paraíso fiscal del planeta por su volumen de negocios y número de firmas incorporadas— que tenía una sociedad espejo en Ontario, Canadá. Ambas sociedades fueron constituidas por Leal en mayo de 2019 en medio de sus primeros viajes a Caracas. Según las actas constitutivas revisadas, Leal poseía 90% de las acciones, mientras que su madre, María Teresa Alfaro, y su hermana, Carlota Jiménez, poseían 5% cada una. El 5 de agosto de 2019, Mystic empezó a funcionar como un holding de operaciones que absorbió el control de otras firmas vinculadas a Leal.

En una de las presentaciones elaboradas por el equipo de Leal se asegura que Mystic invertía en compañías de tecnología, energía y commodities en América y otros países fuera del continente. “El objetivo de Mystic Universe es cambiar al mundo, por lo que nos enfocamos en industrias fundamentales, energía, tecnología, commodities, finanzas y salud”, se resalta en el documento. En su antigua página web, Mystic decía que había invertido más de 300 millones de dólares. Pero todos los beneficiarios de las inversiones de Mystic eran otras empresas de Leal.

Mystic fue presentada en los medios de comunicación mexicanos como un fondo de inversión canadiense concentrado en proyectos de impacto social. En notas periodísticas publicadas entre agosto y septiembre de 2019 se anunciaba que la firma invertiría en Hábitos Luzy, la filial mexicana de Luzy Technologies, empresa que está incluida en la lista negra del Departamento del Tesoro. En los papeles, la compañía se especializa en brindar asesoramiento en salud y alimentación a través de una aplicación móvil, gestionar comedores industriales y revender materiales sanitarios.

Leal, que constantemente ideaba cómo reorganizar su amplio portafolio de compañías a través de fideicomisos, empresas fachada y testaferros, el 16 de abril de 2020 acudió a la banca de inversión de Morgan Stanley para explorar una salida a Bolsa para Mystic Universe. Una de las múltiples maniobras que surgió de la red que burló las sanciones de Estados Unidos a Venezuela.

Ewald Scharfenberg y Roberto Deniz son reporteros del portal venezolano de investigación Armando.info

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