La Torre Ejecutiva Pemex en Ciudad de México amaneció a finales de octubre con un grito inesperado: “¡Democracia sindical ya!” Varias decenas de trabajadores de la petrolera mexicana se concentraban frente a la mole de cristal amarillento, en su día el rascacielos más alto del país, para exigir un cambio de representantes. La reciente dimisión del dirigente Carlos Romero Deschamps y la aprobación de una reforma para democratizar las asociaciones gremiales han supuesto un revulsivo. Tras casi ochenta años de hegemonía, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), uno de los más poderosos del país, se enfrenta ahora a una serie de grupos que pujan por su renovación o sustitución. Están en juego la representación de casi 100.000 afiliados y la llave a la mayor empresa de México.
México ha sido durante décadas un país de sindicatos anquilosados con dirigentes muy próximos al poder. Para cambiar esta situación, el Gobierno impulsó durante 2019 una reforma que les obliga a presentar cuentas transparentes y a organizar votaciones directas y secretas para elegir a sus dirigentes. La práctica común en el STPRM no era ni una cosa ni la otra: se votaba a mano alzada y el Comité Ejecutivo, el máximo órgano decisor, era elegido por los representantes locales, una garantía de continuidad ya que generalmente era leales al secretario general.
Pese a la nueva ley, la cúpula del STPRM se mantiene intacta. Manuel Limón, mano derecha de Romero Deschamps y actual diputado del PRI, ha sustituido al líder caído. Ante la percepción de que todo sigue igual, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió el lunes en la necesidad de democratizar el sindicato. “Tiene que haber elecciones, en todos los casos, es que nos lo exige la Constitución, además es una convicción”, declaró. La Secretaría del Trabajo ha advertido este martes que velará por que se convoquen elecciones este año y se realicen de acuerdo con el nuevo marco legal.
Hasta ahora la cúpula se ha mostrado reticente. “Se actúa conforme a nuestros estatutos. Cabe mencionar que las elecciones realizadas el año pasado se realizaron por voto directo y secreto”, escribe el portavoz del STPRM Andrés Oliva, en respuesta a un cuestionario enviado por este periódico. Con o sin Romero Deschamps, el Comité Ejecutivo fue elegido en 2018, justo antes del cambio de Gobierno, y su mandato dura hasta 2024. Por esa razón y frente a la pretensión del Gobierno, Manuel Limón podría mantenerse como secretario general interino unos años más, sostiene el abogado laboralista Pablo Castro.
La disputa está servida. De un lado, Alicia González, de 53 años, estaba en la concentración de octubre para reclamar que se reconociera oficialmente a Petromex, un nuevo sindicato que busca competir con el STPRM. Vestía uniforme blanco con el logo de la petrolera: una cabeza de águila y una gota de petróleo superpuestas. Por salirse del STPRM la han tildado de “contra” y de “rebelde”. También le ha valido ser bloqueada en las promociones y hasta borrada de la lista de invitados a las posadas navideñas. “Si estás con Petromex, eres un apestado”, aseguraba. A la vuelta de la esquina y lejos del barullo, un grupo de trabajadores de Pemex compraba unas tortas para almorzar. “No son nada”, decía Juan Manuel Nava sobre los descontentos. “Las reglas ya están escritas”.
El origen de estas “reglas” en disputa se remonta a los años treinta, al calor de la nacionalización petrolera. El STPRM se erigió entonces en un apoyo importante del Estado mexicano. Sus dirigentes gozaban del favor del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que muchos también militaban. Los afiliados, a su vez, se beneficiaban de prestaciones muy superiores a la media -pese a la delicada situación financiera de la empresa paraestatal, el contrato colectivo vigente prevé desde aguinaldos cuatro veces mayores que el mínimo establecido por ley hasta apoyos para la renta de vivienda que pueden rozar los 4.000 pesos al mes, unos 200 dólares-.
A cambio, el sindicato llenaba los mítines priístas con trabajadores de Pemex, convenientemente vestidos de rojo -uno de los colores del partido- y surtidos de banderines a favor del candidato de turno. El STPRM incluso llegó a ejercer de donante en la sombra. En 2001, el Gobierno de Vicente Fox, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), acusó al sindicato de haber desviado 640 millones de pesos, unos 33 millones de dólares, a la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida, en un caso conocido como Pemexgate, declarado prescrito en 2011.
El profesor en Derecho Laboral de la Universidad Autónoma Metropolitana Carlos Reynoso apunta a los réditos de esta simbiosis: más allá de unos pocos plantones, la petrolera no ha vivido huelgas de importancia desde hace décadas. “El peso del sindicato no es solo por el número de afiliados sino por el área estratégica que ocupa”, señala. “Sería muy grave que una empresa de la importancia de Pemex en la economía interrumpiera labores”. La dimensión de la petrolera, un gigante endeudado cuyas ventas llegaron a suponer el 10% del PIB en la década de los 2000, explica que la influencia del STPRM sea mayor a la de otras asociaciones más numerosas, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con 1,6 millones de maestros afiliados.
Sin embargo, el cambio de Administración en diciembre de 2018 ha trastocado ese panorama. Además de la reforma sindical, la cúpula del STPRM ha tenido que encajar un duro golpe a su monedero, una reducción de 1.600 millones de pesos, unos 83 millones de dólares, en viáticos y otras prestaciones. En paralelo, la Fiscalía General de la República ha anunciado que está investigando por corrupción al exsecretario general Romero Deschamps, a quien se le presume poseedor de una fortuna cuantiosa. La noticia de la investigación llevó a su renuncia a mediados de octubre después de 26 años a la cabeza.
Vientos de renovación
Los “disidentes” quieren aprovechar ese viento a favor para desplazar a la dirigencia del STPRM, encabezada por Manuel Limón. Son hasta siete corrientes, con acrónimos a cada cual más largo, que prometen acabar con prácticas dudosas como las reelecciones eternas. Algunas quieren construir sindicatos alternativos, mientras otras buscan la renovación desde el interior.
Dentro del primer grupo, Petromex acaba de recibir el reconocimiento gubernamental y asegura contar con unos 2.000 afiliados. Su presidenta, Yolanda Morales, considera que el STPRM es un “árbol podrido e irrescatable”. “Los líderes llegaron a un trapo atrás y otro delante y ahora son multimillonarios”, cuenta. En unos meses quieren llamar a una votación para que los trabajadores de plantilla decidan a qué sindicato quieren pertenecer. Si Petromex consigue más votos que su rival, algo todavía lejano, podrá pedir la titularidad del contrato colectivo, clave para negociar prestaciones, salarios y contrataciones.
También hay rebeldes dentro del mismo STPRM. La líder del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera (MNTP) y candidata a secretaria general, María Lourdes Cruz, reclama elecciones inmediatas para renovar la cúpula. “Limón siempre ha estado al lado de Deschamps y siguen los mismos secretarios generales de las secciones locales desde hace treinta años”, dice, quien promete no repetir en el cargo si logra hacerse elegir.
La relación con el Gobierno es un punto clave. Con algunos matices, la mayoría de disidentes se muestran partidarios de la agenda del presidente López Obrador, que pasa por fortalecer la producción petrolera. “No vamos a estar haciéndole caravana a ningún partido, ni obligar a nadie a participar en un acto, pero lo queremos mucho y estamos con él [López Obrador]”, dice Yolanda Morales, de Petromex. Por ahora, el Gobierno contempla las luchas internas desde lejos, sin decantarse públicamente por ninguno de los pretendientes. El trono de Pemex está todavía en juego.
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