La gestión del estallido social que acorrala al Gobierno de Iván Duque ha producido una ola de críticas externas e internas a la represión policial. Ese vendaval está lejos de amainar. La política de seguridad para sofocar las protestas que se han extendido por Colombia desde hace casi un mes ha puesto a tambalearse a otro miembro del Gabinete, el ministro de Defensa, Diego Molano. El Senado comenzó este lunes a debatir una moción de censura contra el político en momentos en que tanto la oposición como los manifestantes exigen su salida, mientras el Ejecutivo ha lanzado una ofensiva diplomática para intentar contrarrestar las críticas internacionales.
Molano le ha dado un “tratamiento de guerra” a la movilización social, en palabras de Iván Cepeda, uno de los senadores que citó del debate. El opositor lo acusó de ser “uno de los máximos responsables políticos de la cadena sistemática de crímenes de lesa humanidad” perpetrados por agentes de la fuerza pública. “Han convertido a los jóvenes en el enemigo interno del país”, aseguró Cepeda. En su intervención recordó episodios documentados, como el ataque de civiles armados contra manifestantes indígenas, sin que la policía interviniera, o la agresión de decenas de uniformados a defensores de derechos humanos, ambos en la ciudad de Cali, epicentro de la violencia. También hizo públicos centenares de videos, audios e imágenes de abusos en 35 ciudades de Colombia. Algunos de esos vídeos han inundado las redes sociales y alimentado la indignación ciudadana frente a la brutalidad policial.
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“Usted se vuelve corresponsable de una quiebra ética del Estado colombiano”, le espetó a Molano el senador Gustavo Petro, perdedor de la segunda vuelta presidencial de 2018 ante Duque. “La constitución de Colombia les prohíbe disparar a manifestantes pacíficos”, reclamó. Las fuerzas de oposición anticiparon su respaldo a la moción de censura, mientras que el Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Álvaro Uribe, defendió a los uniformados, que también han sido blanco de agresiones. Desde varias orillas condenaron todos los tipos de violencia. El Senado debe ahora esperar unos días antes de decidir si el ministro debe dejar su cargo, aunque se antoja improbable que sumen los votos suficientes para destituirlo. Este martes le aguarda un segundo debate de moción de censura en la Cámara de Representantes.
“Una democracia que claudica ante los violentos se debilita”, sostuvo Molano al defender, a pesar de los señalamientos, que los uniformados han respetado la ley. “Aquí se les ha tratado como unos monstruos y son unos héroes”, dijo sobre los antidisturbios. El ministro asumió su cargo hace cuatro meses, en medio de un clima de deterioro de la seguridad que incluye el incesante asesinato de líderes sociales, ambientalistas y excombatientes de las FARC que firmaron el acuerdo de paz, así como un rosario de masacres y repetidos episodios de brutalidad policial que ya habían despertado la indignación ciudadana antes del estallido social del último mes. Los abusos han hecho resurgir con fuerza el aplazado debate sobre una reforma a fondo de las fuerzas de seguridad.
Molano es el tercer ministro de Defensa de Duque desde que asumió el poder en agosto de 2018, y su corta gestión ha estado rodeada de controversia. Llegó como reemplazo de Carlos Holmes Trujillo, quien murió en enero a causa de la covid-19. Holmes Trujillo asumió tras la renuncia a finales de 2019 de Guillermo Botero, que a su vez enfrentaba una inminente moción de censura luego de haber ocultado la muerte de ocho menores en un bombardeo contra disidentes de las FARC. El propio Molano ya había enfrentado en marzo un escándalo tras la denuncia de la muerte de varios menores en otro bombardeo contra disidencias. Entonces se refirió a esas víctimas de reclutamiento forzado como “máquinas de guerra”.
La crisis de Gobierno se ha precipitado con rapidez. La apuesta del presidente por una reforma tributaria terminó por abrir la caja de los truenos. Las protestas, disturbios y bloqueos que ahora se amalgaman alrededor de diversas causas ya cumplen 25 días. Muy debilitado, Duque retiró la reforma fiscal y aceptó la renuncia de su ministro de Hacienda, pero eso no aplacó los ánimos. Le siguió la dimisión de la canciller, en medio de las críticas internacionales, lo que forzó varios ajustes y enroques en el Gabinete. En el camino, Standard & Poor’s rebajó la calificación de la deuda de Colombia y el país perdió la sede de la Copa América.
El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, asumió la cartera de Hacienda, y la vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, pasó a liderar la maltrecha diplomacia colombiana. El fin de semana, el mandatario también relevó a su ministro de Cultura. La cascada de dimisiones ha alcanzado al alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, que acompañará los diálogos con los promotores de la huelga a pesar de dejar su cargo entre fricciones con el uribismo. La salida del ministro de Defensa se ha convertido en otro reclamo del comité de paro, que agrupa a las organizaciones obreras y estudiantiles que convocan las manifestaciones. En la incipiente negociación, el comité ha puesto sobre la mesa el cese de la represión como el tema más urgente para poder avanzar. Exigen garantías y que el presidente condene los abusos con contundencia. Aunque las cifras difieren, se cuentan al menos medio centenar de muertos, y la organización Human Rights Watch señala a la fuerza pública de al menos 14 homicidios.
El debate coincide con la visita de la vicepresidente a Estados Unidos, que busca contrarrestar la mala imagen internacional. La recién designada canciller se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y “por el momento” rechazó una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para verificar la situación, otro reclamo de los manifestantes. “Hay que esperar que los organismos de control terminen de hacer su tarea”, argumentó, mientras que la Casa Blanca hizo un llamado a que la Administración Duque investigue los abusos.
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