Los cazadores no escatimaron recursos para hacerse oír en la manifestación del mundo rural que recorrió Madrid el domingo pasado. Pagaron el flete de la mayor parte de los 1.400 autobuses que llegaron a la capital cargados de manifestantes. Solo la Federación Andaluza de Caza, la mayor de España, destinó 400.000 euros a financiar ese medio de transporte para sus asociados, el 20% de su presupuesto de casi dos millones —1,7 millones de ingresos de sus socios y otras actividades, 165.000 de los beneficios de una mutua de seguros propia que se reinvierten en las federaciones, y 35.000 de subvención de la Junta de Andalucía—. Los amantes de la actividad cinegética, que se habían embutido en chalecos naranjas, realizaron semejante inversión para protestar contra las políticas del Gobierno al que acusan de propiciar actuaciones que desembocarán en la prohibición de su actividad. Sin embargo, el ministro de Agricultura, Luis Planas, indicó a principios de marzo, cuando se aprobó la Estrategia Nacional de Gestión cinegética, que la caza “juega un papel relevante en el medio en el que se desarrolla” y que no solo es una “práctica deportiva” sino que es “clave” para la salud de la naturaleza, además de suponer un ingreso económico importante.
La Real Federación Española de Caza (RFEC), que aglutina las protestas de las 17 federaciones autonómicas, sostiene que se está atacando a su “línea de flotación” de una forma “sin precedentes”. Manuel Gallardo, su presidente, plantea que desde el Gobierno se está intentando “imponer un nuevo modelo de sociedad, donde se pretende dar un estatus de ser humano al animal; se habla de jornadas de trabajo, de jubilación…”. Entre sus reivindicaciones se encuentran algunas que son inasumibles, porque ya están aprobadas y tienen una difícil vuelta atrás, como es la prohibición de la caza del lobo, permitir la caza en los parques nacionales o el mantenimiento de la munición de plomo.
Retirada inmediata de la ley de protección y bienestar animal
La Federación Andaluza sostiene que el gran problema de esta norma promovida por Unidas Podemos, la Ley de Bienestar Animal, que se encuentra en tramitación, es la “inseguridad jurídica” que transmite. La RFEC considera que afectará sobre todo a la “cetrería, la caza con hurón, o con perro”, y mantienen que los animales que participan en actividades cinegéticas no deberían formar parte de esta normativa. Rechazan por completo que se prohíba la cría entre particulares ―la ley obliga a inscribirse como criador―, porque para ellos “no tiene ningún sentido”. Consideran que las razas de perros destinadas a la caza se han mantenido gracias a ellos.
Tampoco están de acuerdo con la esterilización obligatoria que propone el texto, que indica que en el caso de que el titular de los animales no esté inscrito en el Registro de Criadores, los perros de actividad cinegética que se mantengan o tengan acceso al exterior de las viviendas y puedan tener contacto no controlado con otros, deberán estar esterilizados. Y dentro de las viviendas, si hay perros de distintos sexos que no puedan estar separados, al menos todos los miembros de uno de los sexos deben estar esterilizados. “Nosotros mantenemos perfectamente a nuestros perros controlados, no necesitamos imposiciones de nadie”, mantienen. La Dirección General de Bienestar Animal busca con este requisito un mayor control de las camadas indeseadas y disminuir el abandono de perros.
Revocar la protección del lobo
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El enfado con el Ministerio para la Transición Ecológica por haber protegido de forma estricta al lobo y no permitir la caza de la tórtola es monumental. El 22 de septiembre de 2021, el lobo dejó de ser un trofeo de caza y se puso fin a subastas como las de la Sierra de la Culebra, en Zamora, donde se habían llegado a pagar 6.000 euros por abatir un ejemplar. Esta protección contó con el apoyo de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y del Comité Científico, que avaló el estancamiento de la población de lobo ibérico observado en los últimos años y la congelación de su área de distribución.
Permitir la caza en los parques nacionales
En los parques nacionales está prohibida la caza comercial desde diciembre de 2020. A pesar de las quejas, no fue una sorpresa, a los dueños de las fincas se les había concedido una moratoria de seis años para adaptarse en 2014. “Ahora se ha desterrado la palabra caza en los parques nacionales, pero en los controles de ungulados se siguen abatiendo a los animales con armas, la diferencia es que ahora los paga el erario público”, dice Gallardo. En la actualidad, los controles corren a cargo de personal especializado del parque, pero necesitan pedir ayuda a los cazadores.
No incluir el maltrato a los animales silvestres en el Código Penal
El presidente de la RFEC considera que la modificación del Código Penal que se está estudiando deja abierto un resquicio para que la caza entre dentro de la esfera del maltrato animal, lo que implicaría de facto su prohibición. Con los cambios propuestos se ampliarán las penas de prisión hasta dos años cuando se mate por maltrato de manera intencionada a un animal vertebrado. En la actualidad, el máximo se encuentra en 12 meses. El problema para la RFEC es que se incluye a los animales vertebrados salvajes, no solo a los domésticos, domesticados o que convivan con el hombre como ocurría hasta ahora. “Se podría considerar a la caza como maltrato desde el punto de vista de un sufrimiento innecesario del animal”, sostiene Gallardo. “O si, por ejemplo, un jabalí pega un navajazo a un perro, ¿eso sería maltrato?”, se plantea. En todo caso, la modificación que se está estudiando del Código Penal no plantea que la caza suponga maltrato.
Permitir el uso de la munición de plomo
La Unión Europea prohibió el uso de munición con plomo para cazar en los humedales en 2020. Se estima que esta medida evita la muerte por contaminación de este químico de entre 400.000 y 1,5 millones de aves acuáticas anuales. La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) ha propuesto que se restrinja el uso de plomo para la caza en deportes al aire libre y en la pesca, por los riesgos para el medio ambiente y la salud humana. Todavía no se ha aprobado.
Volver a cazar la tórtola
El presidente de la RFEC mantiene que existe “una ofensiva del lobby animalista que se ha colado en las esferas del poder”. En esa estela se encontraría la moratoria impuesta por el Gobierno que prohíbe la caza de la tórtola a instancias de la Unión Europea. La realidad es que la Comisión Europea abrió un expediente de infracción en el que denuncian la vulneración de la Directiva de Aves, porque en el territorio español se autoriza a “niveles insostenibles”. Los cazadores piensan que a esta especie le seguirán otras emblemáticas para ellos como la perdiz, la codorniz o el zorzal.
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