“Cuando desperté estaba en el hospital”, recuerda el electricista palestino Mohamed Amir Kola, de 55 años. “Me dijeron que había permanecido más de cuatro horas bajo los escombros hasta que me localizaron. Tengo un sueño muy profundo”, trata de paliar con una mueca de humor negro la dolorosa memoria de la noche del pasado 16 de mayo, en la que quedó malherido en el pecho y una pierna y perdió a 18 familiares en el bombardeo israelí que segó 44 vidas en el barrio de Rimal, en la capital la franja de Gaza. Después señala el cráter abierto en solar que lleva el número 46 de la calle de Al Wajda, y mira hacia el cielo buscando el tercer piso, en el que habitaba su clan en tres apartamentos contiguos. “Mi esposa, de 52 años; mi padre, de 90; mi madre, de 84; mi hermano, de 63; mi hermana, de 57, mis sobrinos…”, desgrana la letanía de ausencias que documenta con un manojo de fotocopias.
Nadie les avisó con antelación del disparo de misiles guiados desde los cazas F-16. El objetivo declarado del Ejército era una red de túneles de Hamás que nunca apareció en el subsuelo. La muerte de decenas de civiles en el distrito comercial de Rimal es uno de los presuntos crímenes de guerra pendientes de ser investigados por el Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, derivados la escalada bélica registrada entre el 10 y el 21 de mayo en la que perecieron 256 palestinos, entre ellos 66 niños, en cientos de bombardeos sobre Gaza, y 13 personas fallecieron en Israel tras el lanzamiento de más de 4.000 cohetes desde la Franja.
Desde entonces, el electricista Kola vive de alquiler con otros familiares supervivientes. “Nos aseguran que van a empezar a reconstruir pronto el edificio”, refiere con escepticismo mientras fuma sin cesar y sorbe dedalitos de café muy cargado. En la acera, un topógrafo toma las medidas del solar. “Hay 1.500 viviendas que han sido arrasadas, 880 que han quedado inhabitables y otras 56.000 dañadas, sin contar las que aún estaban por reparar de conflictos anteriores”, detalla el ingeniero Nayib Yusuf Sarhan, viceministro de Obras Públicas y Vivienda y director de la reconstrucción de Gaza. Esta es la cuarta guerra que afronta desde que se incorporó en el departamento, en 1994. “Algunas casas hemos tenido que construirlas tres veces; en ninguna otra parte del mundo se destruyen viviendas con esta saña. Ya estamos hartos. El deterioro es interminable”, se rebela ante la hercúlea tarea que se desborda sobre su mesa.
“Egipto, Qatar y Kuwait han prometido aportar 500 millones de dólares [423 millones de euros] cada uno, pero aún no ha llegado nada para iniciar las obras más urgentes”, justifica Sarhan la parálisis de los trabajos. “Israel, además, solo ha permitido la entrada parcial de materiales de construcción desde hace pocos días. Y necesitaremos otros 2.000 millones de dólares [1.692 millones de euros] para recuperar infraestructuras básicas”, abunda en las carencias de un territorio azotado por una tasa de desempleo del 54%, que se eleva al 70% para los menores de 25 años; que sufre apagones programados cada ocho horas, y donde el 95% del agua que fluye por los grifos no es potable.
Confía en que dentro de un año se habrán solucionado los casos de realojamiento más urgentes. “Aquí nadie va a quedarse en tiendas de campaña. La memoria de la Nakba [desastre, en árabe: la expulsión de 700.000 palestinos de sus casas tras el nacimiento de Israel en 1948] está muy viva en Gaza [con casi dos tercios de sus dos millones de habitantes reconocidos como refugiados por la ONU]”, puntualiza.
Mohamed abu Masud, de 43 años, se quiere ir de Gaza. “A Italia. A Canadá. Adonde sea. Pero con papeles, no en una barca”, proclama al tiempo que muestra los restos del negocio de instalaciones para supermercados que regentaba su familia, también en el barrio de Rimal de la capital gazatí. La mitad del edificio se desplomó mientras la fachada posterior se mantuvo milagrosamente en pie. Durante el ataque israelí, de madrugada, no había ningún empleado.
“Esto no es seguro. Mejor hablamos en el patio”, apura mirando las grietas en los muros este mecánico que trabajó en Arabia Saudí y es padre de dos jóvenes universitarias. “Yo no creo que vaya a ver la paz y la prosperidad en Palestina, pero espero que mis hijas puedan lograrlo”, se lamenta por la ruina de la empresa de su familia causada por las bombas.
El viceministro de Obras Públicas reconoce que no hay fondos para la reconstrucción de las fábricas y comercios destruidos: “Solo se ha podido recuperar un 5% de la actividad económica dañada desde la primera guerra (2008-2009)”. En Cerámicas Rama, en la zona industrial del noreste de Gaza, no han esperado a que vengan tiempos mejores.
“Llegamos a un acuerdo de reducción del cupo anual de pedidos con los proveedores de España mientras reconstruíamos por nuestra cuenta las naves”, explica Rami Hamada, de 33 años, gerente de la empresa de materiales de construcción. “La zona de ventas ya está lista y con los almacenes vamos a empezar desde cero, con una inversión de ocho millones de dólares”, detalla en una visita bajo las nuevas estructuras metálicas, que reemplazan a las que quedaron calcinadas en el conflicto de mayo. “Ahora tendremos que viajar para renovar existencias”, muestra en su teléfono móvil una copia de la carta enviada por la factoría valenciana Pamesa para avalar su visado ante el Consulado General de España en Jerusalén. “No fue un proyectil perdido. ¿Por qué nos atacaron con cinco misiles? Aquí vendemos materiales cerámicos, no piezas para cohetes”.
Las disputas palestinas ponen en jaque la ayuda internacional
El camino hacia la reconstrucción de Gaza está sembrado de obstáculos por las disputas internas palestinas. La Autoridad Palestinas reculó el viernes y se apartó del acuerdo alcanzado con Qatar para enviar fondos de ayuda a Gaza a través del sistema bancario de Cisjordania. Los responsables del Gobierno de Ramala, enfrentados a los dirigentes islamistas de Gaza, temen que puedan ser sancionados por EE UU por transferir el dinero a la Franja, gobernada de facto por Hamás, un grupo calificado por Washington como terrorista.
Qatar enviaba los fondos en metálico —unos 30 millones de dólares al mes— con la autorización de Israel, pero tras el estallido bélico de mayo el Gobierno israelí suspendió esta vía, para evitar que parte de la ayuda fuera desviada a Hamás, y exigió que fueran controlados por Naciones Unidas y la Autoridad Palestina. Ahora ser la ONU la que se ha comprometido a distribuirla. La paralización de la financiación catarí ha afectado al suministro de combustible para la única central eléctrica del enclave, la entrega de ayudas a 100.000 familias sin recursos y el pago de sueldos de funcionarios locales de la Administración de en Gaza.
A pesar de la sucesión de incidentes violentos —el último en la madrugada de ayer, con el bombardeo de posiciones de Hamás en el sur de la Franja en represalia por el disparo de un cohete hacia territorio israelí—, Israel ha rebajado la intensidad del bloqueo impuesto desde 2007 al enclave. Ha concedido 7.000 permisos de entrada para palestinos en Israel, nominalmente como empresarios y comerciantes, aunque en la práctica se utilizan para trabajos en la agricultura o la construcción. También se ha ampliado hasta las 15 millas náuticas de la costa (27 kilómetros) la zona de pesca de la Franja.
Ahmed Bahar, vicepresidente del Consejo Legislativo Palestino (Parlamento), advierte de que la reconstrucción depende de la voluntad de Israel de que se cumpla el derecho internacional. Pero la ayuda exterior prometida no está llegando a Gaza. “Estamos abiertos a un acuerdo de alto el fuego permanente y de intercambio de prisioneros”, asegura Bahar, de 72 años y uno de los fundadores de Hamás.
El vicepresidente del Parlamento, un órgano que no se ha reunido desde 2009, confirma que hay iniciativas de mediación por parte de Egipto y Naciones Unidas, “pero todas chocan”, sostiene, “contra Israel, que no ofrece propuestas concretas”. “El Gobierno israelí actual es muy frágil”, advierte, “y la tensión es constante: en cualquier momento puede estallar otro conflicto”.
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