Un médico en el hospital público Pérez de León II en Caracas, Venezuela.Matias Delacroix (AP)
Nueve de cada diez venezolanos solo puede acudir a la red ambulatorios u hospitales públicos del colapsado sistema de salud del país, que ha perdido el 70% de su capacidad de respuesta desde 2016. El 58% de los ciudadanos tampoco tienen recursos para “gastos de bolsillo”, es decir, los pagos adjuntos a servicios clínicos, que en teoría deberían estar cubiertos por el Estado. Son algunos de los datos que maneja El Programa de Respuesta Humanitaria que coordina Acción Solidaria, una de las ONGs más activas y de mayor solidez en el país, presidida por Feliciano Reyna, que ha presentado su balance de ejecución. Sus contenidos desnudan la magnitud, el origen y el tiempo de duración del deslave venezolano de estos años.
El programa de la ONG ha atendido a más de 700.000 personas necesitadas desde 2018 y ha desplegado, con ayuda internacional, una red de médicos y especialistas para cotejar su evolución. Unos 9,3 millones de personas en el país tienen algún problema crónico de salud y no tienen cómo atenderlo, por falta de recursos o medicamentos. El 57% de los pacientes encuestados habla de problemas de ingresos para costear sus medicinas, ya que el dinero se prioriza en alimentación.
Este es un ambicioso proyecto de cobertura humanitaria que se gestó a toda prisa en 2016, cuando irrumpía con todas sus dimensiones la emergencia humanitaria. Entonces, al derrumbe productivo y el colapso patrimonial de la nación se sumó una espantosa escasez de medicamentos y comida, y el colapso de la industria petrolera. Reyna explica que se lleva adelante con asistencia de donantes internacionales vinculados a la gestión humanitaria, trabajando con 193 organizaciones regionales y voluntarios aliados que se han ido diseminando por las regiones del país y que hoy –sin dejar de reconocer la insuficiencia de estos esfuerzos en la complejidad existente- están sincronizados. “No estamos presentes en todos los Estados, pero nuestro trabajo regional los abarca a todos”, dice.
Muy prudente en el manejo del lenguaje político, Reyna se ha dedicado de lleno a atender y promover la comprensión del alcance de la crisis humanitaria venezolana, consecuencia del colapso del modelo de desarrollo chavista que estalló en 2014. Es un convencido de la necesidad de un acuerdo político entre el Gobierno y la oposición que priorice la emergencia social del país. Reyna ha estado presente, incluso, en el Palacio de Miraflores para explicar a Maduro y el alto Gobierno los elementos más urgentes de colapso social.
“Tenemos una afectación grave, sistémica, de grandes proporciones en todo el país del derecho a la salud, además de una enorme opacidad informativa”, afirma por su parte Natasha Saturno, coordinadora del Programa de Exigibilidad de Derechos de Acción Solidaria. Saturno afirma que, “con toda responsabilidad”, los estudios de impacto que adelanta esta organización permiten afirmar que las mujeres, niños, niñas y adolescentes son los más afectados por el deslave en el servicio de salud.
En 399 encuestas hechas a la población necesitada destacó que una de cada cuatro mujeres presentes no tenía acceso a toallas sanitarias, y tres de cada diez presentaba una situación crónica de salud. Nueve millones de personas en Venezuela están en inseguridad alimentaria, eso significa que solo pueden hacer dos comidas al día, o menos, y que no saben qué comerán al día siguiente.
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“La crisis humanitaria venezolana es una de las más subfinanciadas del mundo en relación con la gravedad de su impacto”, sostiene Saturno. “Es una crisis social de origen político y por eso es imperativo que se concrete un acuerdo político que la tenga como prioridad. A muchos donantes y diplomáticos que ven lo que sucede les cuesta entender que Venezuela, un país con tantos recursos, que tuvo momentos de prosperidad en el pasado, esté en una situación como esta”, concluye.
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