El tribunal especial para juzgar los peores atentados yihadistas cometidos en Bélgica arrancó este miércoles con la selección de los miembros del jurado popular. Tras un juicio cuyas audiencias comenzarán el próximo lunes y que se espera dure entre seis y nueve meses, estos ciudadanos deberán emitir un veredicto sobre los nueve procesados que se sentarán en el banquillo ―y un décimo en ausencia―, acusados de participar en diverso grado en la planificación de los dos ataques suicidas perpetrados el 22 de marzo de 2016 en el aeropuerto principal de Bruselas y en una estación de metro de la capital belga. Los atentados mataron a 32 personas e hirieron a más de 340.
Entre los acusados figura, una vez más en lugar destacado, Salah Abdeslam, el único superviviente del comando yihadista que perpetró antes una matanza aún mayor en París, el 13 de noviembre de 2015, y que ya fue condenado a cadena perpetua el pasado junio, tras un larguísimo proceso en la capital francesa del que este nuevo juicio se considera una última etapa. Tanto Abdeslam, que se presentó con una poblada barba, como otros ocho acusados —seis de ellos en total condenados ya en París— asistieron este miércoles al largo procedimiento de elección de jurados, que se prolongó toda la jornada.
Al contrario que en Francia, donde el proceso del 13-N lo llevó un tribunal especial de magistrados, en Bélgica los juicios de terrorismo se realizan con un jurado popular. Un décimo acusado, Osama Atar, el presunto cerebro de la célula terrorista belga, será juzgado en ausencia, dado que aunque el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) anunció su muerte en Siria en 2019, no hay una prueba fehaciente de su deceso.
La Fiscalía no ha formulado una petición de penas, pero los delitos de los que acusa a los procesados ―asesinato e intento de asesinato en un contexto terrorista― implican una condena máxima de cadena perpetua.
De los nueve acusados presentes, solo uno, Osama Krayem, conocido como El Sueco por haber crecido en Suecia en una familia inmigrante siria, se negó a responder a la presidenta del tribunal, Laurece Massart. Esta, de manera protocolaria, preguntó a cada uno su nombre, edad, profesión y lugar de residencia que, salvo para los dos acusados en libertad condicional, es desde el verano una prisión de seguridad belga.
Todos siguieron con más o menos interés, al igual que los abogados de la defensa y la acusación, el desfile durante varias horas de los centenares de personas convocadas como posible jurado, gran parte de las cuales intentaron esquivar esta obligación con argumentos de incompatibilidad laboral, de salud o de cualquier otro género que, más de una vez, provocaron las risas en la sala.
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“Ser jurado no es una elección, es una obligación en tanto que ciudadano”, les recordó la jueza Massart. Aunque reconoció que se trata de un juicio inusualmente largo, aseguró a los potenciales jurados que, a partir de la semana que viene, podrán volver a sus casas cada tarde a una hora decente. “Serán jornadas de trabajo normales”, subrayó en un intento, no siempre logrado, de apaciguar a los más reticentes a cumplir con este deber ciudadano en Bélgica.
La selección final de los 12 jurados principales y 24 más de reemplazo, elegidos en un sorteo tras una preselección de 1.000 personas, es el paso final antes del comienzo, el próximo lunes, de las audiencias de un proceso plagado de retrasos, incidentes y pifias. La última: la convocatoria para participar como jurados a al menos cinco de las víctimas que forman parte de la acusación popular. Según explicó el portavoz del tribunal de Bruselas donde se celebrará el juicio, Luc Hennart, a medios flamencos, el error se produjo cuando uno de los ujieres encargados de la convocatoria de jurados mezcló los documentos destinados a estos con los que debían ser enviados a las víctimas. Cinco de los afectados fueron rápidamente contactados para remediar el error. “Les hemos podido tranquilizar. La acusación civil no puede ser jurado”, declaró Hennart, según resaltó también el diario francófono Le Soir.
Este fallo se suma a una ristra de incidentes que han puesto a prueba la paciencia de las víctimas, que ya manifestaron públicamente su descontento cuando, a mediados de septiembre, el proceso fue inesperadamente retrasado más de dos meses a causa de una protesta de los abogados de la defensa sobre la cabina acristalada de seguridad donde se sientan los acusados.
La cámara original, diseñada en forma de células individuales, muy estrechas y con apenas una ranura no mayor que la de un buzón por la que los acusados debían comunicarse —mal— con sus abogados, provocó la protesta de estos. Finalmente, en lo que debía haber sido una mera sesión preparatoria del juicio —el paso previo a la selección del jurado completada ahora— se convirtió en una larga jornada de discusiones que concluyeron con la decisión de la presidenta del tribunal de suspender el proceso hasta que pudiera transformarse la célula inicial, de la que solo han quedado los pilares. La nueva cabina es más espaciosa y en ella los acusados se sientan juntos. Además, les resultará más fácil comunicarse con sus abogados, ya que el panel separador cuenta con grandes aperturas.
Todo este equipo se pondrá realmente a prueba a partir del lunes, cuando la presidenta del tribunal comience con las sesiones del juicio, empezando con la identificación de todas las partes y la lectura del acta de acusación que, según las previsiones del tribunal, ocupará buena parte de la primera semana del proceso. Hasta mediados de diciembre no se espera que empiece el interrogatorio de los acusados, que afrontan cargos de asesinato e intento de asesinato en un contexto terrorista por su implicación en diverso grado en el mayor ataque sufrido por Bélgica en tiempos de paz.
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