Manifestación en Barcelona contra el modelo lingüístico en la escuela catalana en septiembre de 2018.Joan Sánchez
La sentencia que obliga a los centros educativos públicos en Cataluña a dar al menos un 25% de las horas lectivas en castellano implicará un aumento del uso de este idioma como lengua vehicular en la mayoría de escuelas e institutos. En Cataluña actualmente está en vigor el modelo de la inmersión lingüística, que, por norma general, otorga al catalán el estatus de lengua vehicular para impartir todas las asignaturas, excepto la de Lengua castellana y las materias de Lengua extranjera, aunque cada centro tiene su propia política y en la práctica no en todos se cumple. Así, dependiendo del ciclo, sobre el papel se dan entre tres y cuatro horas de castellano a la semana. La sentencia, que este martes el Tribunal Supremo hizo firme al inadmitir el recurso de la Generalitat, obliga a que el castellano sea vehicular en al menos un 25% de las horas lectivas, y a que además lo sea en al menos una asignatura troncal. Por lo tanto, en primaria tendrá que ser la lengua de uso en 6,25 horas, y en secundaria y bachillerato, en 7,5 horas, incluyendo Lengua castellana y otra materia curricular.
El Gobierno de la Generalitat ya ha avisado que no cumplirá la sentencia, porque entiende que la ley estatal, la Lomloe, blinda el modelo de inmersión, y ha ordenado por carta a los centros educativos que no cambien sus programas lingüísticos. Pero la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que hizo firme el martes el Supremo es clara en el aspecto concreto de cómo se tienen que organizar los horarios: en el 25% de las horas lectivas tiene que usarse el castellano como lengua vehicular. Es decir, en la educación primaria, con 25 horas lectivas, 6,25 tendrán que ser en castellano; y en la secundaria y el bachillerato, con 30 horas lectivas, se tendrá que usar en 7,5 horas.
Este es el mínimo, que puede crecer según lo decida el centro. Es lo que el tribunal considera suficiente para garantizar el carácter vehicular del castellano, un estatus que, señalan los jueces, está previsto por la Constitución. En su sentencia, el Superior indicaba en diciembre del año pasado que en Cataluña el uso del castellano es “residual” en la mayoría de los centros, y destacaba que se comete una infracción del marco jurídico vigente.
Actualmente, por norma general se imparte solo en castellano la asignatura de Lengua castellana, entre tres y cuatro horas a la semana, según el ciclo educativo y el centro. Pero en la práctica, cada colegio tiene sus especificidades. De hecho, el departamento de Educación no impone unas horas en concreto de uso de cada una de las lenguas: sitúa al catalán como lengua “de referencia” para la enseñanza, otorgándole el carácter vehicular, pero deja a cada centro la potestad para hacer sus programas lingüísticos. En un documento de 2018 sobre el modelo lingüístico, el departamento añade que “en los contextos en los que el castellano no tiene esta fuerza social y no es la primera lengua de buena parte de los alumnos, se tendrá que hacer un enfoque didáctico cercano al que usamos con las segundas lenguas (inmersión lingüística en el caso del catalán). Si el número de horas de exposición a esta lengua no fuese suficiente […], el centro tendrá que decidir, en su proyecto lingüístico, incorporar bloques de contenidos curriculares en castellano y planificar que potencien la expresión oral de los alumnos”.
Así, en algunos centros en la práctica ya se imparten en castellano más materias que la de Lengua castellana, empezando por la elección propia del profesor o porque el centro haya identificado una falta de conocimientos en esta lengua y la necesidad de ampliar su enseñanza. O se utiliza este idioma para actividades no curriculares. Por ejemplo, en su página web, el Instituto Joan d’Àustria de Barcelona detalla su proyecto lingüístico, en el que se especifica el uso del castellano en proyectos teatrales, en recitales poéticos y en conferencias, además de su uso en la asignatura de Lengua. El instituto Les Corts, en Barcelona, también incluye un proyecto de una revista en castellano como método para ampliar las competencias en este idioma.
Respuesta a la sentencia
El modelo lingüístico para la educación en la comunidad tiene como referencia el catalán desde hace casi 40 años, cuando se aprobó la ley 7/1983 de Normalización Lingüística, que lo situó como “lengua propia y de referencia” en los ámbitos de la Administración, la toponimia y rotulación, los medios de comunicación de la Generalitat y la enseñanza no universitaria. En ámbito educativo, se impulsó el modelo de la inmersión lingüística inspirado en el que se había implementado en Quebec (Canadá). El modelo fue reafirmado en varias leyes posteriores, incluido el Estatut, pero ha sido rechazado en varias ocasiones por el Tribunal Supremo y el Constitucional.
Es un modelo que cuenta con un amplio consenso en el Parlament (lo apoyan los partidos independentistas y los comunes, y también el PSC, aunque con matices) y en el conjunto del ámbito educativo, incluidas fundaciones y sindicatos, que han expresado su rechazo a la sentencia. Iolanda Segura, portavoz de Ustec, señala que “el modelo educativo no se puede cambiar a golpe de sentencia”. “Pedimos que no se aplique. Hay que hacer un llamamiento a la insumisión”, asevera. Segura destaca que, desde 2005, solo 80 familias, de un sistema escolar con 1,5 millones de alumnos cada año, han pedido la escolarización en castellano: “Que 80 familias pretendan cambiar un modelo es indignante e indecente”. La portavoz recordó que el departamento de Educación difundió hace dos semanas una encuesta en la que apuntaba la caída del uso del catalán: “Los peores datos están en secundaria, donde los adolescentes, con muchos inputs en castellano, pasan a hablar esta lengua. Y eso ocurre también con estudiantes con el catalán como lengua materna. Y pasa también en primaria, donde no estamos para tirar cohetes”.
Rosa Maria Villaró, de CC OO, lamenta que el proceso haya llegado hasta este punto. “No se debería haber nunca judicializado y politizado la lengua. Esto no va de cuotas sino de competencias lingüísticas”, dice. El sindicato reafirmó su compromiso con la lengua catalana en la escuela como lengua de oportunidad y en defensa de un modelo que considera “garantía de cohesión social”. Por contra, la Asamblea por una Escuela Bilingüe, entidad que ha puesto denuncias contra los programas lingüísticos de varias escuelas en Cataluña, ha celebrado la sentencia y ha instado a que se obligue a cumplirla. “No renunciaremos a nuestros derechos lingüísticos. Toca cambiar el modelo educativo”, ha asegurado en un comunicado.
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