Una empresa sin empleados y sin experiencia, que tiene su domicilio en la parte superior de una tienda de abarrotes, vendió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) pruebas rápidas para detectar Covid-19 a un precio tres veces más caro de lo que cotizaron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras dependencias federales por pruebas de características idénticas, de acuerdo con un cotejo realizado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Por 90 kits, cada uno con 25 pruebas, la SFP pagó un millón 46 mil 250 pesos a la empresa Grupo Val Integra SA de CV. Cada paquete fue pagado en 11 mil 625 pesos (sin IVA) mientras que en dos estudios de mercado elaborados por el IMSS en diciembre de 2020 y enero de 2021 se identificó que los proveedores Productos Roche, Abalat y Fármacos Dinsa vendían un kit similar en un rango de 3 mil 100 y 3 mil 250 pesos.
Las diferencias en el precio se debieron a que la empresa contratada ofreció el servicio de toma de muestras en las instalaciones de la SFP, justificó Víctor Omar Pérez, socio y administrador de Grupo Val Integra, aunque él mismo reconoció que carece de empleados. El mismo argumento lo dio un vocero de la dependencia federal.
El contrato para la adquisición de pruebas lo firmó el 24 de diciembre de 2020 el director de seguridad de la SFP, Álvaro García Galindo, a quien además se le encomendó la responsabilidad de administrar y vigilar su cumplimiento, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Antes de ingresar a la SFP, García Galindo había trabajado 20 años como policía y agente en la Secretaría de Seguridad, en la Secretaría de Desarrollo Social y en el Ejército, según detalló él mismo en su declaración patrimonial.
El procedimiento para la asignación del contrato tuvo el aval de la titular de la unidad de administración de la SFP, Ana Liza Gómez, y de la directora de recursos materiales, María de la Luz Padilla Díaz.
La SFP fue encabezada hasta el pasado lunes por Irma Eréndira Sandoval. A través de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su remoción del cargo, sin dar explicaciones.
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“Tomé la decisión de sustituir a Irma Eréndira Sandoval Ballesteros por Roberto Salcedo Aquino en el cargo de secretario de la Función Pública. Se continuará con la política de cero corrupción y cero impunidad. Nunca le fallaremos al pueblo”, escribió en su cuenta.
La justificación de la empresa
Víctor Omar Pérez, socio de Grupo Val Integra, aseguró que el costo por kit que su empresa cobró a la SFP es inferior a los precios en el mercado por servicios similares de toma de muestras.
Dijo que la aplicación de cada prueba rápida la cobró la empresa en promedio en 465 pesos. MCCI corroboró que, efectivamente, hay laboratorios que cobran hasta en 900 pesos la prueba rápida de antígeno, pero hay otros que cotizan más barato, como los de Salud Digna, que cobran 260 pesos la toma de cada muestra, Farmacias del Ahorro 299 pesos y Farmacias Benavides 349 pesos.
Pérez reconoció que es probable que instituciones de salud o dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional hayan conseguido pruebas de Covid más baratas, pero que eso se debe a que adquieren los kits por grandes volúmenes.
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Un vocero de la SFP aseguró que la empresa cumplió con el servicio contratado.
Una empresa sin empleados
La empresa Grupo Val Integra fue constituida el 9 de diciembre de 2015 por dos jóvenes de 29 años residentes en Naucalpan y en Cuautitlán y uno de 27, de Ecatepec, para la comercialización de todo tipo de productos.
En el contrato con la SFP, para la venta de pruebas Covid, se anotó que el domicilio legal de la empresa está ubicado en la calle Naranjo de la colonia Las Huertas, segunda sección, una zona popular de Naucalpan, Estado de México.
El domicilio corresponde a un departamento ubicado en la parte superior de una tienda de abarrotes, que es donde reside uno de los socios de la empresa, que a la vez es el administrador único.
En el mismo contrato se incluyó una referencia de la SFP acerca de que su proveedor carece de empleados.
Al cotejar los controles electrónicos del IMSS “se detectó que el proveedor tiene registro patronal vigente, y no tiene registrados trabajadores activos ante el Instituto, por lo que no se puede emitir una opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”, refiere el documento.
El administrador de la empresa aceptó que no tiene empleados, y que contrata gente cada vez que obtiene un contrato.
No obstante, MCCI comprobó que la empresa no tiene antecedentes de anteriores contratos en el Gobierno federal. Fue incorporada al padrón de proveedores de la SFP hasta octubre de 2020, dos meses antes de la asignación del contrato, según consta en un reporte oficial.
Se le preguntó al administrador cómo es que obtuvo el contrato, si carecía de experiencia como proveedor del sector público, y respondió: “Son oportunidades que nos vamos encontrando en el camino”.
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