El Gobierno de Navarra ha tomado una decisión salomónica para los dos colegios concertados de Pamplona que separan a niñas y niños. Los alumnos que empezaron a estudiar con el llamado modelo segregado podrán terminar con él la etapa educativa, pero para los que vienen detrás solo habrá concierto si las clases mezclan a los alumnos, algo que ambos colegios, cercanos al Opus Dei, han empezado a hacer este curso en primero de primaria.
La nueva ley educativa, la Lomloe, prohíbe que los centros que separan por sexo puedan ser subvencionados. Pero debido a las complicaciones organizativas y sociales que provocaría una eliminación sin más de la subvención, y a la vista de lo que se consideran derechos adquiridos por las familias cuyos hijos ya estudiaban en los colegios antes de la entrada en vigor de la nueva ley, el Departamento de Educación ha diseñado una solución progresiva, anunciada este viernes por el consejero de Educación, Carlos Gimeno.
La solución planteada por Navarra tiene relevancia porque marca un camino. La Lomloe impide concertar con centros que segregan por contravenir los principios de coeducación en los que está inspirada la norma, pero dicha prohibición solo se aplica en el momento de renovación del concierto. Y Navarra ha sido la primera autonomía que los ha renovado tras la entrada en vigor de la Lomloe, a principio de año. Los responsables de los centros que segregan, que describen su modelo como de enseñanza “diferenciada”, argumentan que su sistema debe ser respetado como una expresión de la libertad de educación, y esperan que el Tribunal Constitucional anule el veto a que reciban conciertos.
Los colegios afectados tienen dos edificios separados, masculino y femenino. Se trata del Colegio Miravalles-El Redín (para niñas y niños, respectivamente) y el Colegio Irabia-Izaga (chicas y chicos).
Al principio del curso, la inspección educativa constató que los centros habían dejado de ofertar plazas de primero de primaria en una de sus sedes, y a mezclar a niños y niñas en ese mismo nivel del otro edificio. Es decir, dejaron sin clase de primero la sede de chicos, y en la sede de las chicas van juntos niños y niñas. De segundo a sexto de primaria, en cambio, se ha mantenido la segregación, lo que, a falta de que concluya el expediente administrativo que prepara Educación, supondría de aplicarse de forma literal la ley supuestamente una causa de “extinción” del concierto, ha explicado en conferencia de prensa retransmitida por streaming el consejero Gimeno.
La interpretación jurídica del Gobierno navarro es que, en el caso de los alumnos que ya estaban matriculados en primaria ―que es la etapa afectada por el expediente de retirada del convenio―, cuando se renovó el acuerdo el pasado mes de marzo, sus familias eligieron el centro con la idea de que realizarían en él toda la etapa educativa con las características que tenía en aquel momento, es decir, con segregación y subvención pública. Y que ello les proporciona un cierto derecho a terminar la primaria del mismo modo.
Por ello, según está interpretación de la normativa estatal y autonómica, el plan del Gobierno foral es que los alumnos que ya están cursando segundo de primaria o niveles superiores puedan terminar la etapa en el colegio yendo a clase solo con compañeros del mismo sexo. Pero para mantener la subvención en el futuro, tanto los alumnos que se matricularon después de la renovación del concierto, esto es, los que ahora están en primero de primaria, como los que vengan detrás tendrán que mezclarse con el otro sexo en el aula para que el convenio se mantenga. En el caso de las familias de primero de primaria, afirman fuentes del Departamento, cuando decidieron matricular a sus hijos en el centro ya sabían lo que establecía la nueva ley.
1.693 alumnos
El Gobierno navarro ha justificado su decisión con argumentos jurídicos. Pero la medida que se eligiera también tenía importantes consecuencias sociales y organizativas que había que tener en cuenta, ha afirmado el consejero. En los dos centros inspeccionados estudian en la etapa de primaria 1.693 niños, según fuentes del Departamento de Educación. Si como consecuencia de la retirada inmediata del concierto en primaria, todas o buena parte de las familias pidieran matricular a sus hijos en otros centros concertados o en escuelas públicas, el problema sería considerable, porque hay escasez de plazas en Pamplona y su comarca. El problema no proviene, además, solo de su número en primaria, sino de que muchos de los alumnos tienen uno o varios hermanos en la misma o en otra etapa, que en principio deberían ser admitidos en el mismo centro, aumentando la dificultado logística.
Por ello, el departamento ha decidido, de entrada, retrasar a agosto del año que viene la resolución de la posible extinción del concierto. Y, en paralelo, ha anunciado que en dicho momento aprobará, en principio, su plan salomónico para que puedan acabar la primaria con el modelo segregado los que ahora van a segundo de primaria o cursos superiores.
Aunque los dos centros educativos navarros también tienen concertada la secundaria, el contencioso solo afecta a primaria, porque solo los convenios de esta etapa finalizaron este año, y en primavera fueron renovados por seis años, hasta el curso 2026-2027, con el compromiso de los colegios de cumplir el nuevo marco normativo.
Libertad pedagógica
Joan Curcó, director general de Fomento de Centros de Enseñanza, el grupo al que pertenece el colegio Miravalle-El Redín, considera que su modelo de educación diferenciada está amparado por “la libertad de creación de centros docentes y el derecho de las familias a educar a sus hijos según sus propias convicciones pedagógicas”, recogidos en el artículo 14.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y confía en que el Tribunal Constitucional reafirme su “legitimidad” y el “derecho a acceder a los conciertos en las mismas condiciones que los demás centros”, siguiendo el criterio que siguió en varios fallos de 2018.
Aquel año, el Constitucional sentenció que la segregación por sexo en la escuela no es inconstitucional. Y, en una argumentación que parte de los expertos considera que excedió el marco del procedimiento, añadió que el hecho de que un centro separara a los niños y las niñas tampoco podría justificar por sí solo su exclusión del concierto. La cuestión que tendrá que zanjar ahora el tribunal es parecida, pero no del todo igual, ya que su enfoque es inverso: debe dirimir si el hecho de no dar conciertos a los colegios segregadores resulta inconstitucional. La Lomloe no se limita, además, a enunciar el veto, sino que lo justifica en que la educación mixta es más adecuada para favorecer “la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”, así como para prevenir la violencia de género, metas que figuran entre los propósitos de la ley.
En España hay unos 70 centros concertados que segregan por sexo. La mayor parte de ellos tiene relación con el Opus Dei, en muchos casos a través de convenios que la prelatura describe como de “asistencia pastoral o espiritual”, pero tienen distintos propietarios. Los principales grupos son Fomento de Centros de Enseñanza (con colegios en 11 comunidades autónomas), Attendis (en Andalucía y Extremadura) e Institució Familiar d’Educació (Cataluña y Baleares).
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