El pasado martes, Boris Johnson se subió a bordo de un avión de reacción privado para abandonar la cumbre del cambio climático de Glasgow y volar a Londres. Tenía prisa por llegar al Garrick Club, un local de caballeros ―Gentlemen Only―, donde había quedado a cenar con sus antiguos compañeros del Daily Telegraph, el brazo mediático del Partido Conservador. Entre ellos, Charles Moore, el antiguo director del diario. Entre los cuadros de una pinacoteca espectacular y las maderas nobles del comedor, Moore y el resto de euroescépticos pata negra del grupo calentaron la cabeza al primer ministro para que apoyara su complot. Lograron que diera luz verde a la enmienda parlamentaria que, al día siguiente, pretendía salvar el cuello del diputado Owen Paterson. El Comité de Estándares Éticos de la Cámara de los Comunes le había condenado a un mes de suspensión de empleo y sueldo por un comportamiento “indignante” que había “deshonrado a la institución”. Paterson ganó más de medio millón de euros con la promoción, en el Parlamento, de los intereses de dos empresas, los laboratorios Randox y la alimentaria Lynn, a las que prestaba asesoramiento remunerado. La mujer de Paterson, Rose, se suicidó el pasado junio a los 63 años. Su esposo culpó públicamente de la muerte a la prolongada investigación ―dos años― y hasta el último minuto se negó a reconocer cualquier culpa.
El Gobierno de Johnson forzó a sus diputados conservadores a respaldar una enmienda que, con el pretexto de revisar el sistema de control ético de los parlamentarios, dejaba en suspenso la condena de Paterson. El texto salió adelante, pero con una exigua mayoría de 18 votos (los conservadores tienen 80 escaños más que la oposición). Más de medio centenar de tories decidieron abstenerse u oponerse a una decisión que, básicamente, cambiaba sobre la marcha las reglas del juego para proteger a uno de los suyos. El boicot de la oposición en bloque a la maniobra puso contra las cuerdas a Downing Street. Horas después, se desvinculaba la propuesta de reforma del caso concreto de Paterson. Se abandonaba a su suerte al diputado, que presentaba su dimisión para escapar del “cruel mundo de la política”.
“El modo en el que han manejado todo este asunto ha sido vergonzoso e incorrecto, indigno de cualquier Gobierno. Y ha tenido, además, el añadido de arrojar basura a la reputación del Parlamento”, acusaba este sábado de un modo visceral a Johnson quien fuera primer ministro conservador John Major, en la BBC. “Han procurado sortear en varias ocasiones el control parlamentario, y el speaker [presidente de la Cámara de los Comunes] ya ha expresado su frustración en muchas ocasiones, y con razón. Pero se han comportado también mal en otras ocasiones que quizá sirvan para afirmar que este Gobierno es políticamente corrupto”, cargaba.
No esconde el veterano político su animadversión y desprecio hacia Johnson, pero su autoridad moral y su propia historia política dan una relevancia excepcional a sus críticas. Fue Major quien impulsó, en la década de los noventa, el sistema independiente de control ético de los parlamentarios, después del famoso escándalo cash for questions (dinero a cambio de preguntas), cuando se reveló que los diputados conservadores habían cobrado hasta 2.000 libras esterlinas (unos 2.335 euros) por cada pregunta, en defensa de intereses privados, que introducían en la sesión de control. Varias de esas preguntas, en nombre del empresario egipcio Mohamed Al-Fayed, dueño de los grandes almacenes Harrods.
Johnson ha terminado una semana que comenzó con la promesa de salvar al planeta ―en la inauguración de la COP26, en Glasgow― desesperado por salvar la reputación de su propio Gobierno. La prensa, amiga y enemiga, ha inundado sus portadas con la expresión ―rescatada de tiempos pasados― tory sleaze. Algo así como corrupción, sordidez o sinvergonzonería conservadora. “Cuando veo la reputación de nuestra democracia y de nuestro Gobierno arrojadas a la basura, por supuesto que me irrito enormemente”, ha dicho este domingo a la BBC Keir Starmer, el líder de la oposición laborista. “Johnson está obligando a sus tropas a marchar a lo largo de todas las cloacas”, ha dicho Starmer.
La oposición ha forzado para este lunes un debate de emergencia sobre el caso Paterson. Es un mecanismo parlamentario para abordar en la Cámara asuntos urgentes, y su celebración, que debe solicitar un diputado, depende de la discrecionalidad del speaker. Tres horas de discusión en Westminster, que servirán no solo para mantener viva la indignación pública por este último escándalo. También saldrán a la palestra la negativa de Downing Street a declarar en el registro de intereses parlamentarios la semana de vacaciones del primer ministro en la lujosa villa marbellí de su amigo Zac Goldsmith; la investigación pendiente de las elevadas cantidades gastadas por el matrimonio Johnson en la redecoración de su apartamento privado en Downing Street; o la última exclusiva publicada este domingo por el Sunday Times: la concesión del título de caballero (sir) y de un escaño en la Cámara de los Lores a todos los millonarios dispuestos a donar poco más de tres millones y medio de euros al Partido Conservador.
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La última encuesta publicada por el instituto The Opinium Research para el diario The Observer, justo después del escándalo Paterson, señala que el Partido Conservador ha perdido hasta tres puntos porcentuales de apoyo, mientras que los laboristas han recuperado uno. La competición entre ambos registraría ahora un empate técnico (37% frente a 36%), después de varios meses de una ventaja conservadora cómoda y una oposición débil.
Todavía es pronto para decir si lo ocurrido esta semana será “otra tormenta de Westminster en un vaso de agua”, como lo ha definido el ministro británico de Medio Ambiente, George Eustice, o el momento en el que Johnson comenzó a perder la popularidad entre los suyos, y en la que los diputados conservadores comenzaron a descubrir que el emperador está desnudo. La gestión del caso Paterson, tanto en el Gobierno como en la dirección del grupo conservador en el Parlamento, ha demostrado una falta de conexión con el sentimiento de la calle, como han podido comprobar muchos parlamentarios en las cartas de protesta que han recibido de los votantes de sus respectivas circunscripciones.
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