La manifestación estaba convocada a las cinco de la tarde en la piazza del Popolo, corazón de Roma. Debía ser estática y protestar por la imposición del Gobierno de disponer de un certificado de vacunación para poder trabajar a partir del 15 de octubre. Había más de 10.000 personas. Una mezcla de militantes de partidos de ultraderecha, fascistas declarados y antivacunas. Pero había otro plan en marcha, gestado a través de Telegram e inspirado en el asalto al Congreso de Estados Unidos el pasado enero. La mitad de participantes se separó de la marcha y se fue a por otros objetivos. El principal convocante, el partido de ultraderecha Forza Nuova, quiso primero tomar el Palacio Chigi, sede del Gobierno italiano. Lograron llegar hasta uno de los laterales y comenzaron los disturbios. Pero era demasiado complicado. Optaron luego por el edificio de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el principal sindicato italiano, y la destrozaron. Un ataque insólito que ha puesto en guardia a toda Italia.
La violenta guerrilla que se formó en el centro de Roma el sábado durante siete horas y que terminó con 12 arrestados (entre líderes de partidos fascistas, ex terroristas y representantes del mundo antivacunas) ha sido un punto de inflexión en la relación del Estado con estos grupos. Un cóctel social y político agitado durante la pandemia que ha encontrado cierta cobertura en los partidos de derecha como la Liga o Hermanos de Italia, sumidos en la ambigüedad electoralista respecto a la campaña de vacunación y las restricciones.
Por primera vez, sin embargo, el Ejecutivo se plantea la ilegalización de formaciones de este tipo. Una vía que la ley Scelba (por Mario Scelba, ministro del Interior de la época) prevé desde 1952, como recuerda el diputado del Partido Democrático (PD) y constitucionalista, Stefano Ceccanti. “Se puede hacer a través de una sentencia judicial o por decreto. Una opción para casos de emergencia inmediata. Pero hasta ahora esa vía no se ha usado nunca y siempre ha sido por sentencia”, apunta. El lunes por la tarde, en lo que podría interpretarse como un primer paso en ese sentido, la Fiscalía de Roma ordenó a la policía el bloqueo de la web de Forza Nuova.
La ley se remite al artículo 12 de la Constitución, que prohíbe la reconstrucción del Partido Fascista. Se puede aplicar cuando una formación persigue finalidades antidemocráticas propias del partido fascista “usando o amenazando con violencia como método político, o realiza manifestaciones exteriores de carácter fascista”. Dos partidos de este tipo —Ordine Nuovo y Avanguardia nazionale— ya fueron ilegalizados por un juez. La vía del decreto, que analiza el Gobierno, nunca se ha usado. “En este momento sería complicado y podría generar el efecto contrario”, explican fuentes del Ejecutivo, que ayer estudiaba los inconvenientes que podría tener una medida de este tipo.
El primer ministro de Italia, Mario Draghi, no se pronunció públicamente sobre la posible ilegalización. Pero sí ha ido este lunes a visitar al secretario general del sindicato atacado, Maurizio Landini. Allí condenó la violencia contra lo que consideró “guardianes fundamentales de la democracia”. El PD, sin embargo, pidió que se utilice esa vía y se busque consenso en el Parlamento. Pero se encontró con la negativa de la derecha: la Liga y Hermanos de Italia y Forza Italia.
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Un partido neofascista nacido en 1997
El núcleo de la revuelta del domingo es Forza Nuova, un partido político neofascista fundado en 1997 por Roberto Fiore y Massimo Morsello, históricos militantes de ultraderecha y miembros de organizaciones terroristas como el Núcleo Armado Revolucionario (NAR). Fiore, de hecho, vivió huido de la justicia durante más de una década. Hoy la formación no tiene más de unos pocos miles de militantes y la encabezan él y Giuliano Castellino (condenado a cuatro años de cárcel en 2019 por agredir a un policía). Ambos proceden también de Fiamma Tricolore, una escisión del Movimento Social Italiano (MSI), el partido que aglutinó todos los restos del fascismo en Italia y que durante años presidió Giorgio Almirante. Luego Gianfranco Fini fundó Alianza Nacional, partido que decidió entrar en las instituciones y renegar de aquella referencia ideológica a través de lo que se conoció como Svolta di Fiuggi. Y de los rescoldos de aquel partido se creó Hermanos de Italia, que hoy lidera Giorgio Meloni y es socio de Vox en Italia.
La ley, en el caso de Forza Nuova, está clara y debe aplicarse. Es la opinión del historiador Emilio Gentile, máxima autoridad en el estudio del fascismo. “Se definen como fascistas y el método violento utilizado el sábado es el de los escuadristas de Mussolini: asaltar las sedes de trabajadores y destruirlas. Si ellos se autoproclaman así, tienen el derecho de ser tratados como lo que son. En caso contrario, que eliminen esa ley”, apunta.
La nieta de Mussolini, la edil más votada en Roma
Los partidos neofascistas, como Forza Nuova o CasaPound (se autodenominan fascistas del tercer milenio y han tenido representación en varios ayuntamientos italianos), son hoy completamente residuales. Pero han encontrado en los ambientes negacionistas y antivacunas el músculo social del que carecían en los últimos tiempos.
El paisaje del sábado en la Piazza del Popolo, compuesto de ultras de fútbol, matones de discoteca, comerciantes enfadados con las restricciones y fascistas declarados, muestra un retrato social de descontento en el que intentan pescar algunos partidos incorporando a figuras más o menos cercanas a ese mundo. Rachele Mussolini, la nieta del dictador y miembro de Hermanos de Italia, ha sido la candidata más votada en las elecciones de hace una semana en Roma. Como muchos de sus colegas de partido, no condena el fascismo ni celebra el 25 de abril, fiesta nacional y día de la Liberación de Italia. La nostalgia, como la define Meloni para evitar hablar de fascistas, es todavía rentable electoralmente en Italia.
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