Una de las figuras más polémicas durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018), Alfredo Castillo, enviado especial del presidente para resolver una de las primeras crisis del sexenio, las autodefensas de Michoacán, y máximo responsable del deporte mexicano durante los Juegos Olímpicos en 2016, ha sido inhabilitado este martes por el organismo de control de los funcionarios para ocupar un cargo público en los próximos 10 años. La sanción se deriva de una auditoría que desvela que Castillo ocultó un patrimonio de más de 18 millones de pesos (casi un millón de dólares). No se ha anunciado hasta ahora ninguna investigación judicial paralela que indague en la procedencia de ese dinero ni tampoco que resuelva si mintió en su declaración, lo cual constituye un delito federal. La lucha contra la corrupción que promete liderar este Gobierno se queda de momento en un suave golpe para el controvertido político.
La Secretaría de la Función Pública ha concluido este martes que Castillo “faltó a la verdad” en sus declaraciones patrimoniales durante tres años, de 2014 a 2016, en los que ocupó puestos de responsabilidad gubernamental. El político, según el informe de la secretaría, “omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos”. Por estos motivos, el órgano resuelve una sanción que solo le inhabilita a presentarse a un cargo público en la próxima década. La titular de la secretaría, Irma Eréndira Sandoval, ha añadido en un comunicado que la declaración patrimonial “es una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito, por ello, cualquier incumplimiento será sancionado, a fin de seguir reconstruyendo la confianza ciudadana en el servicio público”.
Originarios del Estado de México, el más poblado del país, Peña Nieto y Castillo se conocían desde sus inicios. El segundo había sido procurador de justicia y antes subprocurador, cuando el expresidente era gobernador de la entidad. En 2010, el nombre de Alfredo Castillo saltaba por primera vez a la arena mediática por el caso Paulette. En marzo de ese año, una familia adinerada de la entidad denunciaba la desaparición de su hija. La niña se llamaba Paulette, tenía cuatro años, una discapacidad motriz y se había esfumado de su cuarto de la noche a la mañana. Los padres parchearon la zona de anuncios de “se busca”, la procuraduría estatal buscó por medio Estado a la niña. Finalmente, a ocho días de la desaparición, los investigadores bajo el mando de Castillo encontraron el cuerpo de la niña entre el colchón y la base de la cama. El funcionario se hizo famoso. Primero porque el caso acaparó los noticieros de todo el país durante días. Y después, porque parecía increíble, pese a las explicaciones de Castillo, que el cadáver hubiera estado todo ese tiempo en la cama y nadie se hubiera dado cuenta.
El caso Paulette catapultó al mexiquense, quien se convirtió en procurador del Estado de México. Peña Nieto, ya presidente del Ejecutivo, lo convirtió en su hombre de todos usos. Lo hizo subprocurador en la Fiscalía general, procurador del consumidor, después su enviado a Michoacán y en abril de 2015 le entregó el manejo de los deportes en México, como titular de la Comisión Nacional del Deporte mexicana (Conade).
Otro de los momentos más controvertidos de Castillo fue durante su puesto como Comisionado especial para la seguridad en Michoacán en 2014. Desde entonces, Castillo, se convirtió en el representante del Gobierno en un Estado sin ley, con un conflicto abierto entre un grupo cada vez más fuerte de civiles armados contra el poderoso cartel de Los Caballeros Templarios. Durante su mandato, uno de los momentos más controvertidos fue tras la detención del líder de los autodefensas, José Manuel Mireles, preso casi tres años por posesión de armas. Mireles llegó a demostrar que el Gobierno, a través de Castillo, había proporcionado esas armas a los civiles para luchar contra el narco. En una de sus entrevistas el exlíder de las autodefensas, fallecido el año pasado, comentaba: “Le dije a Castillo que armar a ciertas autodefensas era un gran error porque empezó armando a los que no eran. Y ahí están las consecuencias hoy, el cártel de los Viagras, al que él armó, se adueñó de Michoacán”, contaba en una entrevista a este diario.
Tras la eliminación de ese puesto temporal en Michoacán, Castillo, un gran amante del deporte y coleccionista de objetos de atletas profesionales internacionales, fue nombrado titular de la Conade de cara a los Juegos Olímpicos. Su llegada al mundo del deporte mexicano estuvo marcada por conflictos internos entre las diferentes federaciones, en ese año, no había un día en el que la prensa mexicana no se hiciera eco de las quejas de los deportistas, especialmente por la falta de presupuesto y becas. La imagen que resumió la batalla entre los atletas y la institución y que dio la vuelta al mundo fue la de la del levantador de pesas, Bredni Roque. El deportista competía al nivel de los mejores en la categoría de 69 kilos. Quedó quinto en la final, a un paso de las medallas, pero en México todo el mundo destacó su vestimenta. Bredni levantó pesas de más de 300 kilos con parches en la camiseta. El atleta denunciaba desde su cuenta de Facebook que ni el Comité Olímpico Mexicano ni la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas le habían dado el equipaje adecuado.
Este martes, Castillo salta de nuevo a la palestra de la polémica pública a la que estuvo acostumbrado en sus años de funcionario. El Gobierno de López Obrador y su prometida Cuarta Transformación destapan de nuevo los trapos sucios de administraciones anteriores. Pero como ha sucedido con casos que han cimbrado el Gobierno de Peña Nieto, como fue el caso del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, la sociedad mexicana espera todavía una respuesta más contundente de los órganos de procuración de justicia.
Con la sanción a Castillo, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reabre las grietas de la corrupción de gobiernos anteriores. Una de sus promesas más duras de campaña y que repite en cada conferencia de prensa es que este delito es el origen de todos los males mexicanos, desde la inseguridad, hasta la falta de oportunidades. Aunque algunos críticos del presidente plantean que además de un señalamiento, es necesaria una investigación judicial de este tipo de prácticas.
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