Era la subdirectora de su oficina bancaria, aunque, ante todo, él la consideraba su amiga “de toda la vida”. Esa estrecha relación profesional y personal no evitó que un hombre mayor de Chiclana de la Frontera (Cádiz) acudiese al cuartel de la Guardia Civil de la localidad para denunciar cómo había descubierto que la trabajadora había transferido 25.000 euros de sus ahorros a la cuenta de un desconocido. Cuando se vio descubierta, esta le ofreció a su amigo devolverle el dinero en metálico para que el hecho quedase en secreto. La alerta de ese afectado, realizada el pasado mes de enero, ha destapado una estafa de 1,7 millones de euros a 277 clientes que ha llevado a detener a la mujer que, supuestamente, perseguía obtener pluses salariales por contratar productos bancarios sin conocimiento de los estafados.
La subdirectora, que trabajaba para una oficina de CaixaBank de esta localidad gaditana de la que fue despedida hace meses, está ahora investigada por delitos de estafa bancaria, falsedad documental y usurpación de identidad en el marco de la llamada operación Beaker, según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado emitido este sábado. Tras ser detenida, el Juzgado de Instrucción Número 4 de Chiclana la ha puesto en libertad con cargos, mientras se desarrollan unas pesquisas que intentan reconstruir al completo el modus operandi de la empleada y los fines que perseguía.
Por ahora, los investigadores tienen claro que la mujer conseguía cumplir “objetivos profesionales” y complementos salariales en forma de pluses por contratar determinados productos bancarios. El problema estaba en que sus supuestas víctimas decían ser desconocedoras de haber realizado esas transacciones en forma de “seguros, préstamos, tarjetas, depósitos a plazos y otros productos financieros”, según ha detallado la Guardia Civil. Los agentes tienen constatado que la subdirectora llevaba al menos desde 2013 realizando este tipo de procedimientos fraudulentos, que han desembocado en una larga investigación, complementada con auditorías realizadas en colaboración con el banco.
En total, estas averiguaciones han llevado a cifrar la estafa en 1.733.050 euros en productos contratados. Los afectados son 277. La investigación aún no ha desvelado cuánto fue el enriquecimiento o beneficio que la mujer supuestamente pudo haber conseguido con todas estas contrataciones. En la mayoría de los casos, las víctimas presuntamente escogidas por la mujer “eran personas de edad avanzada, con buena posición económica y escasa cultura financiera”, según ha explicado la Guardia Civil. Algunas de ellas ni siquiera vivían ya en la localidad, ya que los hechos investigados abarcan un periodo de al menos ocho años.
Denuncia
Fue en enero de este año cuando la denuncia del hombre en el cuartel de Chiclana puso en marcha las pesquisas. El cliente, que se decía amigo de la detenida, descubrió gracias a un familiar que alguien había transferido 25.000 euros de su cuenta a la de una tercera persona desconocida. Cuando el afectado llamó a la mujer para pedirle explicaciones, esta le ofreció devolverle el dinero en metálico y en persona “a cambio de no comentar lo sucedido con otros empleados de la sucursal”, según apunta el Instituto Armado de Cádiz. Ahora, los investigadores han reconstruido que la detenida también “habría autorizado operaciones de fondos de inversión, depósitos a plazos a cambio de inexistentes productos de regalo, cargos de seguros de inexistentes vehículos o préstamos personales sin justificación de motivo”.
La subdirectora fue despedida de su puesto de trabajo en marzo de 2021, momento “de la primera auditoría”, tal y como han explicado a EL PAÍS fuentes de la entidad financiera. Además, el banco ya ha restituido hasta 1,5 millones de euros del importe defraudado por la mujer. “Está todo el mundo compensado”, han asegurado las mismas fuentes. La Guardia Civil ha explicado que la compañía ha colaborado desde el primer momento con una investigación especialmente compleja. Además de los ocho años de movimientos a reconstruir, los investigadores tuvieron que llegar a realizar hasta pruebas caligráficas para descartar que los responsables fueran otros trabajadores de la oficina, tal y como había alegado la subdirectora que, finalmente, ha acabado como única investigada.
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