A principios de marzo, Elena tuvo que llevar a su padre diabético con síntomas de covid-19 hasta un hospital público. Tuvo que descartar la clínica privada, a la que ella prefería llevarle, porque previo a la internación le pedían un depósito de 30 millones de guaraníes para entrar, unos 3.800 euros. “Me traicionaste, me trajiste acá, me van a matar en este lugar”, le dijo su padre al llegar. Elena, que da un nombre ficticio por miedo a represalias, se lamenta: “Y todos sus miedos se hicieron realidad”. “Entramos en la urgencia. Me separaron de él y me dieron el número de teléfono de una farmacia para comprar las cosas que me iban a pedir”, cuenta. En el hospital le solicitaron medicamentos, además de cosas tan básicas como algodón, cinta adhesiva o gasas. La familia de Elena ha gastado aproximadamente 15 millones de guaraníes que ha tenido que pedir prestados.
“¿Sabes cómo me siento? Mucha inseguridad, tengo miedo de ir a un hospital público, por la sensación de que hacen todo mal, de que solo si tienes dinero te atienden, si no, morite”, dice Elena. Ella y el resto de su familia también se infectaron de la covid-19, y aunque están bien temen tener que hacerse cargo de otro enfermo en cualquier momento. Este domingo han organizado una “pollada” para vender comida y recaudar fondos para costear el tratamiento de su padre, una costumbre tan paraguaya como tomar mate frío.
Los padecimientos sanitarios de la familia de Elena no son una excepción en el país: siete de cada diez paraguayos gana menos del salario mínimo de dos millones de guaraníes (285 dólares) y el 46% de la población vive de trabajos irregulares sin seguridad social. Se trata de una realidad de larga data, pero el agravamiento de la crisis producto de la pandemia ha terminado con la paciencia de muchos.
“En el caso de la salud y la protección social, la crisis venía de antes”, dice Verónica Serafini Geoghegan, economista del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), “pero con la pandemia se exacerbaron los problemas. Se agregó la corrupción y la ausencia de penalización”. “Además, están las históricas desigualdades y privilegios. Según el Latinobarómetro, el 87% de los paraguayos opina que se gobierna para los poderosos. La mala calidad de vida, privilegios para unos pocos, corrupción y desconfianza son factores que obstaculizan cualquier posibilidad de legitimidad política. Y en un contexto de extrema vulnerabilidad por la covid-19, la situación dio un giro inesperado, pero previsible”, detalla Serafini.
En las últimas dos semanas, Paraguay ha vivido momentos inéditos: una concentración casi espontánea de 10.000 manifestantes, protestas diarias y escraches incluso frente a la casa del presidente Mario Abdo Benítez y otros políticos de la capital. En medio de la tensión social, hubo un intento fallido de juicio político contra Abdo Benítez, que terminó con la sede del gobernante Partido Colorado en llamas.
La rabia y las protestas no fueron solo contra el presidente, hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, sino contra todo su partido. La Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, formación que cimentó la dictadura más larga de América Latina (1954-1989), ha controlado todos los poderes del Estado desde el comienzo de la democracia, excepto entre 2008 y 2012, cuando gobernó la oposición.
Pulso en el Partido Colorado
El Gobierno de Abdo Benítez ya tuvo una crisis que casi le cuesta un juicio parlamentario. Fue en julio de 2019, por negociar en secreto con el Gobierno brasileño de Jair Bolsonaro la renovación del tratado que rige Itaipú, la represa de mayor producción del mundo, que en 2023 debe ser actualizado. Cuando la oposición denunció las negociaciones secretas, parte del propio Partido Colorado se enfrentó a Abdo Benítez, que representa al ala más tradicional. Fue el movimiento Honor Colorado, del expresidente Horacio Cartes, un empresario dueño de la mayor corporación del país, el Grupo Cartes –que incluye banca, medios de comunicación, tierras para ganado, bebidas, tabaco, publicidad–. Según las primeras filtraciones de Wikileaks, antes de ser presidente, Cartes fue investigado y espiado de cerca por la CIA, la DEA y el FBI por presunto lavado de dinero.
La crisis por Itaipú, emblema del país, indignó tanto a la oposición como a los seguidores nacionalistas de Cartes, que acusaron al presidente de “entreguista” con Brasil por negociar cláusulas que podrían perjudicar a Paraguay en el reparto de energía. Abdo Benítez esquivó finalmente el juicio político tras negociar con Honor Colorado y quedó atado de manos para el futuro. Así se llegó a la crisis actual, con la constante amenaza de los portavoces de Honor Colorado de que pueden destituirle cuando quieran. “No vamos a parar hasta que renuncie, protestamos acá porque es un presidente falso, el que manda es Cartes y sigue dando órdenes”, dice Melisa Riveros, de 18 años, quien llegó desde la periferia de Asunción a protestar frente a la inmensa mansión de Cartes, situada en una avenida principal de la ciudad.
La crisis sanitaria, mientras tanto, no da tregua. El presidente cambió ya su ministro de Salud, mientras las vacunas llegan a cuentagotas. Paraguay solo ha recibido 60.000 vacunas contra la covid-19, para una población de siete millones de personas y cuando el pico de la pandemia arrecia. Fuera del personal sanitario, solo algunos paraguayos que viven en el extranjero han conseguido vacunarse.
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