No hay decisión sobre la prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los dos ministros, Luis María Aguilar y Norma Piña, que habían presentado proyectos para eliminar esta polémica figura legal, han decidido este jueves retirarlos para tratar de robustecerlos y llegar a una acuerdo con el resto del pleno. Las sesiones de esta semana habían reflejado el profundo disenso entre los ministros sobre qué hacer con esta medida cautelar, aunque una amplia mayoría de los juristas reconocían que la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos. La opción de no someterlos a votación evita que los proyectos sean rechazados y permite que puedan ser discutidos más adelante.
El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, ya había anunciado que en la sesión de este jueves se iba a tomar una decisión “indefectiblemente” sobre ambas propuestas.
La jornada ha comenzado con el ministro Aguilar, uno de los ponentes, que ha recuperado los principales mensajes de su proyecto —la acción de inconstitucionalidad 130/2019—: el primer artículo de la Constitución obliga a proteger los derechos humanos, el uso de la prisión preventiva oficiosa no mejora la seguridad del país sino que “se ha transformado de posible solución a parte del problema”, es una pena irreparable que impacta sobre todo en la población más empobrecida y marginada.
Además, el jurista ha identificado que “es posible extraer un rechazo generalizado del abuso de la prisión preventiva, sobre todo en su procedencia automática” en los 11 juristas que componen el pleno de la SCJN. “Son más los puntos de conexión que los diferendos que tenemos, a la hora de analizar esta figura”, ha dicho Aguilar.
“Esquivel considera no es un medida deseable. Ortiz que es contraria a los derechos humanos. Pérez Dayán rechaza la amplitud a los supuestos de procedencia de la medida cautelar. González Alcántara y Ríos-Farjat enfatizan que la prisión preventiva se torna inconstitucional en su versión oficiosa. Pardo y Laynez aducen que la prisión preventiva contemplada en las normas es desproporcional, contraria a la seguridad jurídica y al principio de última ratio. Piña, Gutiérrez y Zaldívar estiman que la prisión preventiva oficiosa es contraria al parámetro de validez de los derechos humanos de la propia Constitución”, ha resumido el ministro las posturas de sus compañeros.
Con base en la idea de que esta controvertida figura legal goza de un rechazo general en la Suprema Corte y que el principal problema entre los ministros era cómo eliminarla si estaba recogida en la Constitución, Aguilar ha pedido tiempo para “reconstruir la propuesta”. “Y con ello tratar de unir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que nos separan, a fin de proponer una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos que la prisión preventiva oficiosa ocasiona en la vida de las personas”, ha concluido el ministro.
Un camino muy parecido ha seguido la ministra Norma Piña, que después de presentar su compleja metodología para poder eliminar esta figura legal, ha decidido retirar el proyecto con el mismo ánimo: conseguir acuerdos. Zaldívar, como presidente de la Corte, ha definido como el “gran reto” tratar de acercar posturas, puesto que “desde el punto de vista jurídico están bastante contrapuestas”. Sin embargo, el ministro —muy crítico y contundente con la prisión preventiva oficiosa— ha valorado la retirada y ha señalado: “Lo importante es avanzar”. Sobre la justicia mexicana sobrevuela ahora una sentencia mayor, la que está próxima a emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que amenaza con obligar a reformar la Constitución para —entonces sí— eliminar la prisión preventiva oficiosa.
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