La historia de tres décadas de narcotráfico en Galicia alcanzó su cota máxima el 24 de noviembre de 2019 con la captura del primer semisumergible que cruzó el Atlántico y llegó a Europa con tres tripulantes y 3.000 kilos de cocaína a bordo, con un valor en el mercado de unos 100 millones de euros. El insólito hecho vino a confirmar viejas sospechas de los investigadores de la lucha contra el narcotráfico, pero también un hito en la guerra soterrada que mantienen la Policía Nacional y la Guardia Civil por atribuirse éxitos.
El último episodio de esta alta tensión entre cuerpos ha sido la sustracción de la hélice de 100 kilos del semisumergible, una vez concluida la instrucción que dirige el juzgado número 1 de Cangas do Morrazo (Pontevedra). El artefacto estaba en la zona franca del puerto de Bouzas (Vigo) bajo custodia de la Guardia Civil, a la espera de que se cumplimentara la orden de la jueza de trasladarlo a la escuela de policías de Ávila.
Roban la hélice del narcosubmarino, titulaban algunos diarios gallegos esta semana. En la comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra las versiones se fueron sucediendo. Primero comprobarían que “no se trataba de un robo”, sino que habían sido los propios agentes de la Benemérita quienes habían seccionado la pieza, un dispositivo mecánico de un metro de diámetro dotado de cuatro palas. Sin embargo, no aclaraban ni dónde se encontraba la hélice, ni por qué se había cortado de semejante modo, ni cuándo se hizo, ni cuál era el objetivo de tan drástica actuación, habida cuenta de que ni en la Policía Nacional, ni en la Fiscalía, ni en el juzgado tenían conocimiento del asunto.
Después, explicaron “que estaban elaborando un informe pericial”, aunque tampoco aclaraban el objetivo del mismo. La dirección general de la Policía Nacional anunció que pondría los hechos en conocimiento del juzgado competente. Y la Fiscalía explicó que no había tenido conocimiento de los mismos, salvo por la prensa, pero que “concluida la instrucción tampoco tenía por qué tenerlo”. Bajo el cruce de veladas acusaciones, subyacía la idea de que a la Guardia Civil no le había gustado la última decisión de la juez de enviar el submarino a la escuela de policías de Ávila para su exposición.
Ahora, cuando el sumario está a punto de llegar a juicio en la Audiencia de Pontevedra, la extraña mutilación de la hélice de la nave ––fuera del control policial–– ha abierto un nuevo capítulo en las viejas rivalidades entre cuerpos policiales en la guerra que se libra desde hace décadas contra el narco en Galicia. Como hiciera el narcosubmarino, ha emergido la pugna por el decomiso de alijos y por los informadores (o confidentes) entre los grupos Greco (Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado de la Policía) y ECO (Equipos de Investigación Contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil). Estos dos equipos lideraron ––con informaciones de la DEA, la Administración de Control de Drogas estadounidense–– esta investigación que culminó con seis detenidos, de los que finalmente solo tres fueron a prisión y quedaron posteriormente en libertad provisional.
“El navío está en la zona franca del puerto, con un control del servicio marítimo y bajo custodia de la Guardia Civil”, explicaban en la comandancia de Pontevedra. Y más tarde ampliaban las explicaciones: “Se ha seccionado la hélice porque no pudieron sustraerla manipulando los tornillos que la fijaban a la embarcación, pero si es necesario se volverá a poner en su sitio”, decían.
Ya, al día siguiente de conocerse los hechos y cuando otros medios se hacían eco del embrollo, la versión volvía a ser ampliada: “Nadie hace algo así sin una orden previa, la idea original era despiezar la nave y tirarla a la basura porque está en muy mal estado, posiblemente, al extraer la hélice, estaban estudiando algún aspecto sobre el origen del semisumergible, de 21 metros de eslora, su lugar de fabricación, de cara a futuras investigaciones”, apuntaban sin demasiadas certezas, fuentes de la misma comandancia pontevedresa.
Abierta pugna judicial
La Subdirección General de Conservación y Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de Justicia, tuvo conocimiento de la pugna entre cuerpos por el semisumergible el pasado 7 de septiembre de 2020. Mediante un oficio al que tuvo acceso EL PAÍS, la juez hacía partícipe al citado órgano de que tanto la Policía como la Guardia Civil querían quedarse con el artefacto. Y adjuntaba las solicitudes emitidas por ambos cuerpos para que la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), dependiente de esa subdirección general, tomase la decisión oportuna al respecto.
Según lo expuesto por la jueza, la solicitud de la Guardia Civil se produjo el 22 de junio de 2020: “Solicita al órgano judicial la adjudicación y autorización de uso provisional del artefacto naval”. Pero con anterioridad se había producido la de la Policía Nacional (Greco Galicia), el 3 marzo de 2020: “Se solicita el desplazamiento y depósito de la embarcación a las dependencias policiales de la Escuela de Ávila, asumiendo los costes del traslado y depósito de la misma”. La ORGA instó a la juez a que resolviera en favor de la institución policial.
Y así lo hizo la magistrada, que acordó en septiembre pasado el decomiso del narcosubmarino y su adjudicación a la Udyco (Unidad de Droga y Crimen Organizado) para su exposición y conservación en el Museo de Formación del Cuerpo Nacional de Policía en Ávila. Desde entonces, el batiscafo ha permanecido en el puerto vigués bajo custodia de agentes de la Benemérita y de la vigilancia del puerto a la espera del traslado. No consta ninguna decisión posterior por parte de la ORGA para la sección de la hélice.
En la instrucción de la magistrada Sonia Platas Seoane también se incluye un informe del Servicio Marítimo en el que se describe la embarcación: “Se trata de un artefacto naval autopropulsado el cual no dispone de la capacidad para sumergirse. No obstante, está diseñado para navegar entre aguas, probablemente con el propósito de dificultar su detección, ya que la mayor parte del casco va sumergido, sobresaliendo unos 15 a 25 centímetros sobre la superficie del mar, sin contar la torreta situada en la cabina de mando que tiene una altura de 35 centímetros por encima de la cubierta”.
Aunque alejado de la polémica, el fiscal antidroga de Pontevedra Pablo Varela ha aclarado que una vez que el juzgado ha adjudicado el navío, las indagaciones periciales de la Guardia Civil solo requerirían de una autorización administrativa pero no judicial. Y añade que desconoce el contenido del supuesto “informe pericial” en ciernes porque “no se ha considerado una prueba concluyente para la causa”.
“Se trata de cuestiones extrañas al juicio, y yo tengo la certeza de que no era necesario que yo lo supiera porque de lo contrario me hubieran informado”, incidió el fiscal. Varela subrayó, en todo caso, la “óptima labor” para la investigación que ha realizado tanto la Policía como la Guardia Civil.
Pero el resultado final es el que es: el único semisumergible hallado en Europa, que demuestra la sospecha ancestral de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de que son usados para enviar grandes cantidades de droga desde el otro lado del Atlántico, yace capado en el puerto de Bouzas en el marco de las rivalidades entre la Policía y la Guardia Civil.
Source link