La etapa de confinamiento ha supuesto una dura prueba para el Tribunal Constitucional y ha dejado secuelas en la institución. En las últimas semanas ha ido tomando cuerpo una controversia de fondo, de naturaleza jurídica y con derivaciones políticas, sobre el estado de alarma y la posible inconstitucionalidad de la limitación de derechos fundamentales, como los de reunión y manifestación. Todo ello mientras se sucedían episodios de tensión a propósito de cómo organizar las tareas del tribunal sin poner en riesgo la salud de los magistrados y el personal de la casa, y sobre la posibilidad de sustituir las reuniones presenciales por plenos telemáticos y por videoconferencias.
El resultado es que ha habido fuertes choques que llevaban tiempo sin producirse entre la mayoría conservadora y la minoría progresista del Constitucional. La mayor tensión tiene su origen en que el presidente, Juan José González Rivas, hubiese utilizado por primera vez en su mandato el voto de calidad para decantar una resolución. Lo hizo al rechazar que el Primero de Mayo pudiera celebrarse una manifestación sindical en Vigo. Varios magistrados del sector conservador –al que de hecho pertenece el presidente— le reprocharon que en esta ocasión se hubiera alejado de ellos y que permitiese que el asunto se dirimiera en una Sala sin haberlo abocado al pleno, pese a su relevancia constitucional. En este asunto, los progresistas apoyaron la prohibición de la marcha sindical, al considerar que la defensa de la salud pública debe primar sobre el derecho de manifestación, mientras que los conservadores votaron por permitirla.
Estado de alarma
Fuentes de la minoría progresista vinculan estos episodios de tensión interna con el recrudecimiento del debate político en medio de la crisis sanitaria y con la ofensiva de la derecha contra el Gobierno y la prolongación del estado de alarma. En el bloque conservador, en cambio, critican que sea la izquierda judicial la que, según magistrados de ese sector, muestre menos sensibilidad por la defensa de los derechos fundamentales cuyo ejercicio se ha limitado por la emergencia sanitaria.
Estas diferencias anuncian un enconado debate cuando se ponga sobre la mesa el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra la declaración del estado de alarma, que de momento solo ha sido admitido a trámite. Los dos sectores del Constitucional ya pronostican que será una sentencia de compleja elaboración, en la que será muy improbable que se alcance la unanimidad. Ninguna de las fuentes consultadas prevé que el fallo llegue antes de los dos últimos meses del año, como muy pronto. El ponente va a ser el magistrado progresista Fernando Valdés Dal-Ré, catedrático de Derecho Laboral, materia que curte como pocas para las largas sesiones de negociación y deliberación. Valdés se pronunció en su día contra la reforma laboral.
Otro de los asuntos que ha provocado fricciones y ha dividido a los magistrados ha sido la decisión del presidente de aplazar hasta junio la celebración de plenos y desechar las sesiones telemáticas —solo ha llegado a celebrarse una— con el argumento de que no está garantizado el secreto de las deliberaciones. El asunto ha desembocado en la renuncia del jefe de informática del Constitucional, Juan Ignacio Moreno, quien alega en su carta de dimisión “conflictos irreconciliables” con el presidente. Otras fuentes del tribunal aseguran que iba a ser destituido. Moreno alegó en su día ante el presidente que no existe la seguridad plena de que las comunicaciones telemáticas no puedan ser intervenidas y puso como ejemplo, según las fuentes consultadas, que hasta el Gobierno de Estados Unidos ha sufrido pirateos.
La próxima sesión plenaria –la primera desde marzo- será presencial y se celebrará entre el 16 y el 18 de junio. El tribunal habilitará una sala especial para garantizar la separación entre los magistrados.
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