Las 71 cárceles dependientes del Ministerio del Interior están reproduciendo a pequeña escala la fuerte incidencia que la tercera ola del coronavirus está teniendo en España. En los 28 primeros días de este año, Instituciones Penitenciarias ha detectado 577 contagios entre la población reclusa. De ellos, 359 se han producido en la última semana, según los datos oficiales recogidos este jueves en la web de este organismo. En las cárceles dependientes de Interior —las de Cataluña son gestionadas por la Generalitat— hay en la actualidad 47.300 reclusos.
Esas cifras de contagio contrastan con las de la primera oleada de la enfermedad. Entre el 14 de marzo y el 22 de junio, fecha en la que se levantó el estado de alarma, solo enfermaron por covid 85 reclusos. De ellos, dos murieron. Entonces, la afectación por coronavirus entre la población reclusa fue cuatro veces inferior a la de la población en general.
Desde el fin del estado de alarma y hasta el pasado 31 de diciembre, seis meses en los que se incluye tanto la llamada desescalada como la segunda oleada de la enfermedad, los casos ascendieron a 730. Uno de los reclusos murió. Entonces se constató que la mayoría correspondían a internos que habían regresado de un permiso o a nuevos ingresos. En la tercera ola no se han producido decesos y fuentes de Prisiones destacan que la mayoría de los casos son asintomáticos o con síntomas leves.
El impacto de esta tercera ola ha sido especialmente duro en la cárcel de Picassent (Valencia), que con 1.940 internos es la mayor de España. Interior se vio obligado este miércoles a aislar este centro penitenciario después de que se detectara un brote con 133 reclusos afectados, un 7% del total de su población reclusa. Este jueves ha extendido la medida a los centros de Ourense y Campos del Río (Murcia). En estos tres presidios, y durante al menos dos semanas, solo se permitirá el acceso desde el exterior los funcionarios y al personal extrapenitenciario cuya labor sea “indispensable”. También han quedado suspendidas las comunicaciones presenciales de los reclusos con familiares y abogados, incluidas las que se realizan a través de locutorios, además de los permisos y las salidas para realizar actividades. La medida es similar a que Interior adoptó en marzo pasado, cuando estalló la crisis sanitaria, y que entonces se aplicó a todos los centros penitenciarios.
El resto de las prisiones también sufre restricciones al haberse suspendido, en la mayoría de ellas, las comunicaciones familiares, de convivencia e íntimas (los llamados vis a vis) y solo permitirse a los presos contactar con sus allegados a través de locutorios separados por una mampara de cristal. Solo las cárceles de Ibiza, Tenerife II y Santa Cruz de La Palma estaban este jueves libres de restricciones. Para compensar el fin de estas comunicaciones, Interior permite a los reclusos realizar más llamadas telefónicas a la semana (15 llamadas cada siete días, en lugar de las 10 habituales) y ha potenciado el sistema de videollamadas, puesto en marcha precisamente durante la pandemia.
La enfermedad también ha tenido una incidencia importante entre los funcionarios de prisiones. Así, en la primera oleada de la enfermedad y hasta que se levantó el estado de alarma enfermaron 278 trabajadores penitenciarios, de los que fallecieron cuatro. Desde entonces y hasta ahora, se han registrado otros 1.172 casos, con un fallecimiento. De ellos, 147 se han detectado en los últimos siete días. En la actualidad, hay 339 casos activos y a otros 302 funcionarios se les mantiene en observación médica o cuarentena, según la estadística oficial de Instituciones Penitenciarias.
En los últimos días, los dos principales sindicatos, Acaip-UGT y la CSIF, han emitido duros comunicados contra la gestión realizada en esta tercera oleada por Interior y reclamado medidas drásticas de aislamiento en las prisiones, además de cribados masivos entre trabajadores y reclusos para detectar enfermos asintomáticos. Estos sindicatos denuncian que, además de en las tres cárceles ya aisladas, en las últimas semanas se ha registrado una alta incidencia de la enfermedad en Teruel (50 casos), Sevilla I (17 contagios), Alicante, Palencia, León, Asturias, Cádiz, Granada y Lleida, esta última dependiente de la Generalitat.
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