Los relatores de la ONU reclamaron a la delegación mexicana por la falta de datos en el informe, realizado y entregado por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2017.
Por Ángeles Mariscal
Ginebra, Suiza.- La tortura en México es una “situación endémica”, afirmó Diego Rodríguez Pinzón, relator del Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) que este jueves examinó al Estado mexicano en la materia.
Este jueves se llevó a cabo la primera de dos sesiones donde el CAT evalúa las acciones que el Estado mexicano ha implementado para erradicar esta práctica y las políticas públicas que se mantienen vigentes, algunas creadas por la nueva administración. A la sesión asistieron 23 representantes del gobierno mexicano, encabezados por Marta Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Con base en un los informes del Estado mexicano, de organizaciones de la sociedad civil y de los propios relatores del CAT, el Comité examina la situación vigente del combate a la tortura. El informe entregado por el Estado mexicano al CAT lo realizó el gobierno de Enrique Peña Nieto el 1 de noviembre de 2017, aunque de acuerdo con el propio documento, debía entregarlo en 2016; el informe de las organizaciones de la sociedad civil fue presentado el pasado martes y la más reciente visita del CAT a México fue entre abril y mayo de 2014.
En la sesión que se llevó a cabo este jueves los 10 relatores que conforman el CAT hicieron una evaluación previa, donde el relator Diego Rodríguez Pinzón sostuvo que la práctica de la tortura en México es una “situación endémica”, una situación que tienen una alta incidencia y que no ha cambiado desde que se hizo la última evaluación, es decir, desde 2012.
Durante poco más de dos horas, uno a uno se fueron desglosando los puntos del informe del Estado mexicano, pero con los elementos que se presentaron, dijeron los relatores, no se puede establecer un diálogo productivo que permita al CAT coadyuvar en la prevención y erradicación de la tortura en México.
Datos presentados por el Estado Mexicano, “escuetos, fragmentados e incompletos”
Durante la sesión, el primer relator en intervenir fue Diego Rodríguez Pinzón, quien destacó en un primer punto la creación en 2017 de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (LGPIST). Sin embargo, dijo, “lo importante es llevarlo a la práctica y hay aspectos pendientes para su implementación”.
Por ejemplo, no se han creado fiscalías especializadas en todos los estados y el plazo para este proceso terminó hace año y medio; tampoco se encuentra operando el Registro Nacional del Delito de Tortura; no hay presupuestos para su operatividad y no se ha informado a la sociedad civil de los mecanismos para su colaboración en el proceso. “¿Cuál es la situación actual para su implementación?”, pidió responder a la delegación del gobierno mexicano.
También refirió que según la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (Enpol) que realiza el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), el 63 por ciento de los detenidos recibió violencia física en su detención, que incluyó violencia a familiares. La Enpol no podrá realizarse en 2019 debido a recortes presupuestales, de acuerdo con el director del Inegi, Julio Santaella.
El relator Rodríguez Pinzón dijo que aún cuando está contemplada en la Ley General para Prevenir la Tortura la denuncia de las víctimas, no hay mecanismos que garanticen la recepción de las denuncias (aún así hay más de 12 mil), y sobre todo hay altos niveles de impunidad porque no hay mecanismos que permitan las investigaciones, por la insuficiencia de peritos especializados y porque los que existen están vinculados a las instituciones donde laboran las personas acusadas de perpetrar la tortura.
“¿Tiene evidencia de que ha empezado a operar (la Ley General Para Prevenir la Tortura)? ¿tienen cifras fidedignas? ¿qué tipo de indicadores?”, se le cuestionó la delegación del gobierno de México.
También le cuestionaron el “dudoso manejo de los registros de detención” de personas por parte de autoridades judiciales, que llevan incluso a que personas lleven 16 años en prisión sin que se les haya dictado sentencia, según casos documentados.
Se le cuestionó a la delegación del gobierno mexicano sobre los casos de la prisión preventiva y el arraigo judicial, y de la detención de personas migrantes. En este ultimo punto los relatores del CAT refirieron que no hay mecanismos que garanticen que personas migrantes cuya vida se encuentre en riesgo si son regresadas a su país de origen, puedan tener acceso al asilo.
“Nos preocupa la detención rutinaria que se realiza contra migrantes, incluyendo niños. Nos preocupa la devolución de migrantes solicitantes de asilo que son trasladados de Estados Unidos a México en espera del proceso. No existe información sobre algún acuerdo entre ambos países y qué medidas se han tomado para evitar que sean devueltos de forma injustificada”.
Los relatores cuestionaron a la delegación del gobierno que en el caso de la violencia de genero no presentaron en su informe los datos desglosados requeridos ni datos específicos sobre la situación que guardan las investigaciones sobre los feminicidios de Ciudad Juárez, las agresiones contra mujeres de Atenco, y sobre el asesinato de Valentina Rosendo, a fin de garantizar que estos crímenes no queden impunes.
Se cuestionó duramente al Estado mexicano porque en su informe los datos que proporcionaron fueron, a decir de los relatores, “escuetos, fragmentados e incompletos”. “Nos decepciona que no se informara sobre los mecanismos de aplicación” de diversas leyes que existen, añadieron.
De igual manera se hizo notar la ausencia de información en las acciones para garantizar la eficacia en la implementación del mecanismo de protección a los defensores de los derechos humanos y periodistas, dado que las agresiones y asesinatos a este sector van a la alza.
Otro tema sobre el que pidieron mayores informes a la delegación del Estado mexicano fue el referido a la creación de la Guardia Nacional y los mecanismos para garantizar que este proceso que implica la militarización de la seguridad pública en el país, no implique la práctica de la tortura. Los militares, dijo el relator Essadia Belmir, “están ultra armados, pero no bien formados para detener personas garantizando el respeto a sus derechos humanos”.
La delegación del gobierno mexicano deberá regresar este viernes ante los relatores del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, para que en esta segunda reunión de respuesta a los nuevos cuestionamientos, y detalle sobre la información que no presentaron en el informe realizado por la administración de Peña Nieto y entregado desde 2017 a la ONU.
Tortura “no es algo que podamos resolver en unos meses: delegación mexicana
En nombre de la delegación del gobierno mexicano, Marta Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE tomó la palabra en dos ocasiones.
La primera fue al inicio de la sesión, en donde dijo que “México continuará abierto al escrutinio internacional y pondrá un énfasis especial en que la cooperación que los diversos organismos , agencias y países han ofrecido, se dirija verdaderamente a materializar y, cuando se requiera, perfeccionar el marco jurídico existente, para asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos en México”.
En una segunda intervención, luego de escuchar la evaluación previa del comité de la ONU y los cuestionamientos de los relatores a la delegación, argumentó: “estamos convencidos que podemos garantizar en un futuro cercano el pleno respeto a los derechos humanos, cultivar una nueva cultura de la legalidad en el país y de Estado de Derecho. Ese es el enorme desafío que está relacionado con este tema de reducir y erradicar la tortura en el país. Esta reconstrucción nos va a tomar mucho tiempo, no es algo que podamos resolver en unos meses”