La transición a un modelo energético “verde”, descarbonizado y con emisiones cero solo tendrá éxito si se acompaña de inversiones en los países emergentes tradicionalmente productores de energías contaminantes, al tiempo que se penaliza el precio del carbón.
En un debate sobre la necesidad de acelerar la transición energética, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha sido contundente al afirmar que “en la próxima cumbre del clima (COP) nos tendremos que comprometer a financiar a los países que lo necesitan”, pero “no en proyectos sobre el clima, sino en desarrollo”.
De lo contrario, la brecha de la desigualdad se hará aún mayor, ha añadido, porque las inversiones “no van a ir a mercados emergentes si presentan demasiados riesgos” y no hay garantías.
Todos vamos en el mismo barco, ha dicho Georgieva, “si alguien tiene éxito y otro fracasa todos salimos perdiendo, y nosotros parece que vamos en el Titanic”.
En el mismo sentido, la ministra colombiana de Minas y Energía, Irene Vélez, ha defendido una transición “justa” para aquellos países cuyas economías dependen de estas materias”; es preciso “transformar la matriz energética nacional y generar otras economías a escala local”.
El desafío, ha explicado Vélez, “va más allá de la energía, ya que para lograr la transición energética global necesitamos transiciones locales y regionales, todo lo cual requiere de inversiones no solo en renovables sino en otros muchos sectores”.
Como ha apuntado el consejero delegado de Repsol, Josu Ion Imaz, en un debate paralelo sobre las distintas vías para abordar la transición energética, hay que ampliar el foco, y al tiempo que se trabaja en pro de la descarbonización hay que “mantener los empleos industriales y dar oportunidades a todos los sectores”.
En este ámbito, los bancos multilaterales de desarrollo como el propio FMI, o las entidades nacionales con el mismo fin “deben desempeñar un papel de liderazgo en la catalización de la financiación privada para la adaptación al cambio climático”, ha indicado el director ejecutivo del Banco de Desarrollo de África Meridional, Patrick Khulekani.
Georgieva ha recordado en su intervención que hay que “recortar emisiones entre un 30 % y un 50 %, y hay dinero de sobra pero no va donde debe”; además, ha afirmado: “Nos resistimos a entender que el carbón debe ser gravado y su precio debe subir”.
La resistencia pública a un impuesto al carbón ha impedido que muchas naciones establezcan un precio a través de impuestos, pero “los impuestos no son la única forma de disuadir las emisiones”, ha dicho Georgieva.
Las inversiones necesarias para sostener esa transición y para impulsar el desarrollo encuentran bastantes dificultades, entre ellas la falta de estándares y datos comunes sobre la reducción de emisiones, como ha apuntado el consejero delegado de Standard Chartered Bank, Bill Winters.
Después de casi tres décadas de cumbres de la COP, ha señalado el banquero, todavía faltan métricas comunes sobre muchos objetivos ambientales. “Estamos aterrorizados de que nos acusen de lavado verde, incluso si estamos haciendo lo correcto”, ha dicho.
En Europa, “que es líder en la lucha contra el cambio climático“, en palabras de la directora gerente del FMI, pero importa su energía, lo que hace falta son “políticas que aceleren la transición”, como ha explicado la presidenta de la empresa química belga Solway, Ilham Kadri.
La “Inflation Reduction Act” (IRA) o ley de reducción de la inflación estadounidense, que ofrece fondos e incentivos para acelerar la transición a una energía limpia “ha generado temores en Europa por una posible fuga de inversiones”, por lo que debe impulsar su competitividad para evitar la desindustrialización, ha dicho Kadri. (EFE)
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