La Unión Europea ya tiene listas sus grandes leyes de mercados y servicios digitales. Este viernes el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han cerrado el acuerdo sobre la Directiva de Servicios Digitales. Esta directiva se une al pacto que alcanzaron a finales de marzo sobre la norma de mercados, dando así forma definitiva al gran paquete regulador de plataformas de internet, gigantes tecnológicos y actividad digital que la UE se había planteado para esta legislatura. Con ambas normas, que todavía deben superar un último paso formal, los Veintisiete se convierten así en pioneros en todo el mundo en la regulación legal de la revolución tecnológica que se está viviendo en la actualidad.
La Directiva de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés), nombre oficial de la norma, establece obligaciones de transparencia y acceso sobre los algoritmos de las grandes plataformas digitales (las que tienen más de 45 millones de usuarios, el 10% del mercado potencial europeo). Plantea, además, la retirada rápida de contenidos ilegales, la protección de derechos fundamentales (restricciones al uso de datos de raza o religión) o multas que, en el caso de los gigantes tecnológicos, pueden llegar hasta el 6% de sus ingresos globales. De esta manera, con la facturación de 2021, Amazon podría enfrentarse a una multa de 26.000 millones de euros y Google a una de 14.000, calcula Bloomberg.
Además de estas dos grandes empresas, también otras como Meta, dueña de Facebook y WhatsApp, o Twitter están entre las firmas a las que afecta la nueva regulación. No obstante, su campo de acción es más amplio que el de la Directiva de Mercados Digitales, que se focalizaba en los gigantes del sector. Esta norma también apunta a los proveedores de acceso a internet, compañías que se encargan del registrar dominios, empresas que prestan servicios de almacenamiento en la nube, plataformas que median entre vendedores y consumidores… No obstante, sí que establece una diferencia entre los grandes operadores del sector (más del 10% del mercado) y los demás.
El acuerdo político alcanzado esta madrugada tras una reunión de 16 horas se trasladará ahora a un texto legal que deberá ser ratificado por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. La norma entrará en vigor 15 meses después. También le falta este paso a la otra gran norma pactada hace unas semanas, la Directiva de Mercados Digitales, algo que sucederá en mayo. Concluirá entonces un proceso que empezó en diciembre de 2020.
Del carácter pionero de ambas normas, y de cómo se observa lo que está haciéndose en Bruselas en este ámbito, da cuenta un mensaje que la antigua candidata a presidenta de los Estados Unidos y ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, publicó en la red social Twitter antes del comienzo de la reunión definitiva que mantenían las instituciones comunitarias: el Parlamento, el Consejo de la UE y la Comisión Europea, representada por la vicepresidenta responsable del ramo, Margrethe Vestager, y el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton. “Durante demasiado tiempo, las plataformas tecnológicas han amplificado la desinformación y el extremismo sin rendir cuentas. La UE está preparada para hacer algo al respecto”, proclama Clinton en su tuit.
For too long, tech platforms have amplified disinformation and extremism with no accountability. The EU is poised to do something about it.
I urge our transatlantic allies to push the Digital Services Act across the finish line and bolster global democracy before it’s too late.
— Hillary Clinton (@HillaryClinton) April 21, 2022
Precisamente, el aspecto de la desinformación al que se refiere la también ex candidata presidencial estadounidense constituye uno a los que dispara la directiva de servicios, previendo la retirada rápida de los contenidos de las plataformas digitales cuando se detecten que son ilegales. “Lo que es ilegal offline, también debe serlo online”, ha subrayado Vestager tras el acuerdo, repitiendo uno de los eslóganes que la Comisión Europea ha utilizado para defender sus propósitos sobre la regulación digital y añadiendo, tras el acuerdo, que ya no es una frase hecha, sino una realidad. “Las plataformas deben ser transparentes en sus decisiones de moderación de contenidos, evitar que la desinformación peligrosa se haga viral y evitar que se ofrezcan productos inseguros en los mercados”, ha añadido.
Ta da! 16 hours, lots of sweets (but cookies still declined 😉 We have a deal on the #DSA: The Digital Services Act will make sure that what is illegal offline is also seen & dealt with as illegal online – not as a slogan, as reality! And always protecting freedom of expression! pic.twitter.com/mUhU84Q9FS
— Margrethe Vestager (@vestager) April 23, 2022
Uno de los puntos que han quedado claros durante la última ronda de negociaciones es que la Comisión se encargará del control de las plataformas que superen el 10% del mercado potencial europeo (ahora 45 millones de usuarios). El objetivo de esto es que haya una aplicación homogénea de la norma en toda Europa y que no hubiera la posibilidad de que hubiera países que pudieran pactar una interpretación laxa de la norma y atraer así empresas. Detrás de esto se encuentra, sobre todo, la posibilidad de que Irlanda, sede europea de muchos gigantes tecnológicos estadounidenses (Apple, Google), no pudiera alcanzar este tipo de acuerdos.
Según explica el Consejo de la UE en su comunicado, esta directiva obligará cada año a las grandes plataformas digitales a analizar los riesgos que pueden provocar y estudiar cómo reducirlos. En ese análisis, empresas como Facebook, Google o Twitter deberán prestar atención a la difusión de contenidos ilegales con impacto negativo sobre los derechos fundamentales, sus consecuencias en procesos democráticos, como las elecciones, la seguridad pública, la violencia de género, la salud mental o sobre los menores. Por ejemplo, se permite a los usuarios un “mejor control” de cómo se utilizan sus datos, vetando el uso de datos como la orientación sexual, la religión o la raza en la publicidad personalizada.
Además, estarán prohibidas tretas habituales en la Red, como la utilización de los llamados dark patterns (patrones oscuros, según la traducción literal al español) que confunden al usuario sobre el contenido real de una página web. También estará vetado el uso de los datos personales de los menores para presentar publicidad
El impacto de la guerra de Ucrania ha llegado incluso al trámite de esta norma en la que durante su tramitación se ha añadido un nuevo artículo para responder a situaciones de crisis como la actual. Explica el comunicado del Consejo que se ha creado “un mecanismo que será activado por la Comisión por recomendación de los coordinadores nacionales de servicios digitales”, una figura esta última que crea esta directiva. El objetivo de ese instrumento es “decidir las medidas proporcionadas y eficaces que deben aplicarse para el respeto de los derechos fundamentales”. No obstante, estas medidas extraordinarias están limitadas a un periodo de tres meses.
Esta directiva también impone la obligación a las plataformas que ponen en contacto a vendedores con compradores a tener especial cuidado acerca de cómo son estas relaciones comerciales, ya que deberán garantizar que los consumidores están información correctamente y que se muestra toda la información sobre los productos y los servicios que se ofrecen.
Para el comisario Breton, esta “innovadora” directiva se ha tramitado a una “velocidad rápida”. “Solo 16 meses”, ha subrayado en un texto publicado en LinkedIn. El espíritu de la norma, ha enfatizado el francés, es “trasponer al mundo virtual las obligaciones y prohibiciones de la vida real. Europa está dotándose de unas herramientas que le permiten perseguir los actos ilegales en el mundo digital: discurso de odio, pornografía infantil, productos ilegales…”.
La eurodiputada socialista danesa Christel Schaldemose, ponente de esta norma en el Parlamento, por su parte, ha señalado que “estas nuevas normas garantizan a los usuarios más opciones y nuevas obligaciones para las plataformas en la publicidad personalizada, incluyendo la prohibición de dirigirla a menores y restringiendo el uso de datos para el diseño de perfiles”. “A partir de ahora, las plataformas deberán asumir sus responsabilidades y operar en un marco legal que hasta el momento era prácticamente inexistente”, ha destacado su correligionaria española, Adriana Maldonado.
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