LuxLeaks, FIFALeaks, Papeles de Panamá… Filtración a filtración, la Unión Europea y la comunidad internacional en general descubre o constata los enormes agujeros legales, ilegales o alegales por los que se escapan millones de euros de la recaudación fiscal necesaria para financiar los servicios públicos. El último escándalo, bautizado como los Papeles de Pandora y publicado por EL PAÍS en exclusiva desde el pasado lunes, ha colocado en el punto de mira las empresas pantalla, un tipo de sociedades creado con el único propósito de que sus titulares puedan camuflar transacciones artificiosas ideadas para eludir millones de euros en impuestos.
La UE prepara ya un proyecto de directiva para atajar esas prácticas y gracias al escándalo provocado por Pandora cuenta con abundante munición política y factual para aprobar una norma que podría reducir la hemorragia fiscal y contribuir a amortizar la enorme deuda pública generada por la pandemia.
El eurodiputado Paul Tang, presidente de la subcomisión de Fiscalidad del Parlamento Europeo, está convencido de que los Papeles de Pandora desencadenarán el ímpetu necesario para que el combate contra las empresas pantalla gane virulencia en Europa. “Sí, Pandora puede empujar estas medidas”, apunta con “optimismo” el eurodiputado socialista holandés. Tang cree que los planes que tiene la Comisión en su cartera son “necesarios para impulsar la transparencia”. “Es importante saber quién es el propietario [real]”, señala en clara referencia a las sociedades opacas, las grandes protagonistas de los Papeles de Pandora.
La Comisión ya tenía en el punto de mira los entramados empresariales artificiales. Y las últimas filtraciones han confirmado sus sospechas. “A raíz de los papeles de Pandora, todos sabemos qué papel clave pueden desempeñar las empresas pantalla en la evasión fiscal mundial”, señaló el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, durante el debate sobre la última escandalosa filtración que tuvo lugar el pasado miércoles en el plenario del Parlamento europeo.
Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos y vicepresidente del grupo liberal Renew, coincide en que “el problema es que no se sabe quién hay detrás” de ciertas sociedades. Para ilustrarlo, muestra un informe del Parlamento británico en el que se lee claramente que en el registro sobre sociedades que hay en el Reino Unido no se comprueba la información sobre quién es el propietario. Y son precisamente los territorios de ultramar del Reino Unido, con las Islas Vírgenes Británicas a la cabeza, donde se concentran muchas de estas firmas.
Lista negra
Bruselas ha intentado combatir la fuga de impuestos a través de esos paraísos fiscales mediante una lista negra de jurisdicciones que no cooperan en materia fiscal. Pero ese ejercicio, que según la Comisión está dando buenos resultados, tiene un alcance limitado. Curiosamente, en la lista no figuran las Islas Vírgenes Británicas, sede de dos tercios de las empresas pantalla que han sacado a la luz los Papeles de Pandora.
Una reciente resolución del Parlamento Europeo señalaba que las jurisdicciones señaladas con el dedo por la lista europea solo son responsables del 2% de la evasión fiscal mundial. El listado, además, no deja de menguar, y en la última revisión —aprobada por los ministros de Economía de la UE el pasado martes, solo unas horas después de que se publicasen los documentos de Pandora— ha dejado marcadas en negro solo ocho jurisdicciones, con Panamá como la más destacada. El Parlamento Europeo ha lamentado que las Islas Caimán, una jurisdicción a la que se atribuye el 16,5% de las pérdidas globales en impuestos, fue retirada de la lista a finales de 2020.
Avances más reactivos que proactivos
Los avances de la UE en la lucha contra esa erosión fiscal han sido más reactivos que proactivos, consecuencia, a menudo, de los fraudes revelados por las investigaciones de los medios de comunicación. Las sucesivas filtraciones, en particular la de los Papeles de Panamá, sacudieron conciencias y aceleraron la actividad para intentar frenar la pérdida de recaudación impositiva.
En los últimos años, el club comunitario ha introducido el intercambio automático de información sobre cuentas bancarias para conocer los movimientos en cuenta de ciudadanos no residentes en un país. El escándalo de LuxLeaks también estrechó el cerco sobre los llamados acuerdos fiscales, tras descubrirse que Luxemburgo (un país fundador de la UE) hacía trajes fiscales a medida para que las multinacionales rebajasen allí la factura que hubieran afrontado con las haciendas de los países donde tienen actividad. La UE también ha aprobado que las multinacionales se vean obligadas a detallar país por país su factura fiscal para que se pueda comprobar a cuánto asciende realmente su contribución a las arcas públicas.
Hemorragia fiscal de dimensiones colosales
A pesar de esos avances, la Comisión Europea reconoce que la hemorragia fiscal sigue teniendo unas dimensiones colosales. Bruselas calcula que los países de la UE pierden unos 50.000 millones de euros al año como consecuencia de la evasión internacional de impuestos por parte de personas físicas. En el impuesto de sociedades la elusión fiscal se estima en unos 35.000 millones al año. A ello se añade otro agujero de unos 50.000 millones provocado por el fraude en el IVA en operaciones entre los 27 Estados miembros. En total, más de 135.000 millones de euros por ejercicio, una cifra probablemente por debajo de la realidad pero que, en todo caso, ya es similar a todo el presupuesto anual de la UE, incluidos los fondos estructurales y agrícolas.
El eurodiputado socialista español Jonás Fernández considera que el combate europeo contra el fraude se ha visto lastrado por la vía legislativa elegida para atajarlo. “Se han aprobado cinco directivas sobre esta materia, pero el debate sigue abierto”, apunta. Y recuerda que las directivas requieren una trasposición nacional que, además de ser muy lenta, suele derivar en una fragmentación de la norma e, incluso, en la dilución de sus objetivos. Fernández aboga por utilizar reglamentos en lugar de directivas, dado que los textos reglamentarios son de aplicación directa e inmediata en todo el territorio comunitario, reduciendo así el margen de discrecionalidad de los diferentes Estados.
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