El Parlamento Europeo ha decidido este jueves paralizar el proceso de ratificación del acuerdo de comercio y cooperación alcanzado entre Bruselas y Londres el pasado 24 de diciembre y cuya entrada en vigor definitiva sigue pendiente de la aprobación por parte de los eurodiputados. La votación se esperaba para finales de marzo y se daba por descontada la luz verde al pacto que rige las relaciones entre los dos bloques tras el Brexit. Pero los grupos han pactado dejar la fecha en el aire a la vista de las nuevas violaciones del acuerdo por parte del Gobierno de Boris Johnson.
La Comisión Europea, por su lado, prepara ya un expediente de infracción contra el Reino Unido por incumplimiento del acuerdo de salida de la UE y del protocolo sobre Irlanda. El procedimiento podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE que, según el protocolo, puede pronunciarse sobre las posibles disputas en forma de sentencia tras una cuestión prejudicial.
El nuevo conflicto, solo dos meses después de que el 1 de enero expirase el periodo transitorio del Brexit, muestra que la turbulenta relación entre Bruselas y Londres no se ha terminado con la salida del Reino Unido de la UE.
El tropiezo de la ratificación en el Parlamento Europeo es, de momento, simbólico porque el acuerdo de Nochebuena se puede aplicar de manera provisional hasta el 30 de abril y ambas partes pueden pactar que siga en vigor a la espera de la confirmación. Pero el aplazamiento del voto de consentimiento parlamentario denota el ambiente hostil reinante a ambos lados del canal de la Mancha desde que el Reino Unido dejó de ser socio de la UE.
El eurodiputado alemán David McAllister, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento, lamenta que el Gobierno británico “haya elegido deslizarse por el terreno resbaladizo de actuar al margen del Protocolo [sobre Irlanda]”. Pero cree que la solución no es entrar en una escalada de tensión.
El Ejecutivo británico anunció el miércoles de forma unilateral que, en contra de lo pactado con Bruselas, el próximo 1 de abril todavía no aplicará controles aduaneros y fronterizos a las mercancías con destino a la provincia británica de Irlanda del Norte que, en virtud del acuerdo del Brexit y el protocolo sobre Irlanda, continúa siendo parte del mercado interior europeo a pesar de la salida del Reino Unido de la UE.
“Es la segunda vez que el Reino Unido viola el derecho internacional”, lamentaba el miércoles el vicepresidente de la Comisión y encargado de las relaciones con Londres, Maros Sefcovic. El vicepresidente comunitario telefoneó ese mismo día a David Frost, responsable británico de las relaciones con Bruselas, para expresar el disgusto de la UE ante la nueva violación de los acuerdos.
Londres ya intentó en 2020 saltarse el protocolo sobre Irlanda con una ley de mercado interior que fue denunciada por la Comisión Europea y, finalmente, retirada. Ahora, el organismo comunitario ya prepara un nuevo expediente de infracción contra el Reino Unido en relación, en concreto, con el incumplimiento del artículo 12.4 del protocolo sobre Irlanda. Ese artículo incluye la posibilidad de dirimir la disputa mediante una consulta prejudicial al Tribunal de Justicia europeo en Luxemburgo, un desenlace que podría encender aún más a los norirlandeses que se oponen a su recién descubierta dependencia de la UE.
Johnson se ha topado con una fuerte resistencia en Irlanda del Norte para aplicar un acuerdo que, de facto, deja en gran parte a ese territorio en manos de Bruselas a efectos comerciales. Los funcionarios europeos encargados de supervisar sobre el terreno norirlandés los controles aduaneros a las exportaciones procedente del resto del Reino Unido han recibido amenazas. Y el riesgo de una vuelta a la violencia en la isla, silenciada por los acuerdos de paz del Viernes Santo de 1998, ha subido varios enteros en los últimos dos meses.
Este mismo miércoles, un grupo de paramilitares unionistas se ha dirigido por escrito al primer ministro británico, Boris Johnson, para advertirle de que retiran su apoyo a los acuerdos de paz hasta que se corrija el protocolo de Irlanda incorporado al acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE.
Londres siempre fue consciente del riesgo que asumía al colocar una frontera marítima entre Irlanda del Norte y el resto del país, una idea que fue sugerida por Bruselas y rechazada tajantemente por la entonces primera ministra británica, Theresa May, que negoció la mayor parte del acuerdo del Brexit. Tras la caída de May, derrocada en gran parte por el empuje de Johnson, el nuevo primer ministro aceptó que Irlanda del Norte siguiera integrada en el mercado europeo tras la consumación del Brexit el 31 de enero de 2020.
Tiempo de gracia
La histórica concesión pasó desapercibida durante 2020 porque el acuerdo de salida estableció un periodo transitorio sin cambios en la relación comercial entre la UE y su antiguo socio. Pero ese tiempo de gracia expiró el 31 de diciembre de 2020 y desde el 1 de enero de 2021 el Reino Unido ha pasado a ser un país tercero para la UE.
Las mercancías británicas que entran en Irlanda del Norte están sujetas, por tanto, a los controles europeos. El acuerdo prevé una exención hasta el próximo 1 de abril, pero a menos de un mes de que expire el plazo el Ejecutivo de Johnson se ve incapaz de establecer los controles y lo ha aplazado unilateralmente hasta el 1 de octubre.
Bruselas rechazó de inmediato esa decisión unilateral y advirtió de que “constituye un claro alejamiento de un planteamiento constructivo” y “socava la confianza mutua”. Sefcovic avisó a Londres de que la Comisión activaría los mecanismos legales previstos en los acuerdos para actuar contra la decisión.
El Gobierno de Irlanda, el miembro de la UE más directamente afectado por todo lo que tiene que ver con el protocolo firmado entre Londres y Bruselas, ha expresado también su malestar. El primer ministro, Micheál Martin, se ha mostrado “decepcionado ante la decisión unilateral adoptada por el Gobierno británico”, que “socava la confianza necesaria para alcanzar cualquier acuerdo”.
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