Sin Donald Trump en la Casa Blanca pero con Donald Trump en mente. La Comisión Europea ha aprobado este miércoles un documento con su estrategia para acelerar la reforma de los organismos multilaterales, desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial del Comercio (OMC) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Bruselas quiere aprovechar la derrota electoral del populismo en Estados Unidos para modernizar todas esas instituciones y blindar así el orden multilateral ante futuros embates desde Washington u otras capitales. Entre los cambios significativos propuestos por la Comisión figura un endurecimiento de los criterios para acceder al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el objetivo de evitar que regímenes autoritarios o represores ocupen alguno de los 47 asientos disponibles.
La estrategia de la UE ha sido elaborada por el Alto Representante para Política Exterior, Josep Borrell, y por la comisaria europea de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen. Borrell cree que “en una época de creciente escepticismo, debemos demostrar el beneficio y relevancia del sistema multilateral”.
El documento considera que no solo es imprescindible preservar el orden multilateral forjado en gran parte durante la segunda mitad del siglo XX, sino que es necesario extenderlo a nuevas áreas como “la fiscalidad internacional, la cooperación digital, la protección del consumidor, la degradación medioambiental, los océanos, la gobernanza de los recursos naturales y la seguridad y sostenibilidad de las materias primas, así como las tecnologías verdes y las energías renovables”.
La Comisión parte de la premisa de que el mundo se encuentra en plena transición y de que los principios básicos del derecho internacional, la democracia y el Estado de derecho están en entredicho. El contexto global se caracteriza, además, “por unas relaciones cada vez más enfrentadas y unilaterales entre las grandes potencias”, según la Comisión. El resultado, añade el organismo, “es un mundo más impredecible y desigual”.
Bruselas plantea como solución una ofensiva diplomática y estratégica para adaptar los organismos internacionales a la nueva realidad y garantizar su efectividad y resistencia ante posibles ataques como los sufridos durante los cuatro años de Donald Trump como presidente de EE UU.
El primer objetivo de la UE es completar la reforma de Naciones Unidas, lanzada el año pasado por su secretario general, António Guterres, con motivo del 75º aniversario de la organización. “El mundo ya no se parece a como era cuando se fundó la ONU”, sentencia el documento de Borrell. La Comisión aboga por un sistema “que rinda cuentas, más transparente y más eficiente”.
Bruselas considera imprescindible revitalizar la Asamblea General e, incluso, introducir grandes cambios en el Consejo de Seguridad, el núcleo duro del organismo donde EE UU, Rusia, China, el Reino Unido y Francia disfrutan de un puesto permanente y de derecho de veto. La Comisión señala que una reforma global del Consejo “será esencial para garantizar que Naciones Unidas puede hacer frente de verdad a sus responsabilidades en el siglo XXI”.
Resistencias internas
El Consejo refleja el orden mundial surgido en 1945 tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero los países relegados a un segundo escalón, como Alemania, Japón, la India o Brasil, pugnan desde hace 30 años por un nuevo reparto de poder. El propio impulso de Bruselas para introducir cambios podría toparse con oposición interna, porque Francia siempre se ha resistido a ceder su puesto o a compartirlo con Alemania o con el conjunto de la UE.
Bruselas también quiere cambios en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el órgano encargado de la promoción y protección de los derechos humanos y al que EE UU regresará tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. La Comisión propone un mayor escrutinio público de la actividad del Consejo y que sus 47 países miembros sean elegidos sobre compromisos concretos con los derechos humanos. La integridad y credibilidad del órgano se ha visto cuestionada en numerosas ocasiones, tanto bajo su antigua denominación como Comisión (1946-2006) como con la actual de Consejo (creado en 2006).
La Comisión de Derechos Humanos llegó a estar presidida por la Libia de Muamar el Gadafi, en 2003. En el Consejo actual se sientan desde la Rusia de Vladímir Putin a la Venezuela de Nicolás Maduro, el Brasil de Jair Bolsonaro o las Filipinas de Rodrigo Duterte.
Las reformas, según Bruselas, también deberían extenderse a la OMS, para dotarla de más recursos, mayor independencia y capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias. La reforma de la OMC, empantanada desde hace años, también debería completarse para facilitar unas relaciones comerciales más estables y predecibles, factor que, según la Comisión, puede resultar clave para la recuperación económica tras el devastador impacto de la pandemia de la covid-19.
Bruselas considera que la UE debe explotar al máximo la capacidad de influencia de sus miembros en todos esos organismos para forzar la reforma e imponer el respeto al orden multilateral. La Comisión recuerda que los miembros de la UE cubren la cuarta parte de los gastos de la ONU y un tercio de la financiación de sus actividades humanitarias. En el FMI, los socios europeos suman el 26% de los votos del comité ejecutivo y el 25% del capital en las diferentes divisiones financieras del Banco Mundial.
La Comisión quiere utilizar esa fuerza, que a menudo actúa dispersa en esos organismos, para defender la agenda europea. “Contraatacaremos ante cualquier intento de socavar el derecho internacional”, asegura el combativo documento suscrito por Borrell y Urpilainen. El texto asegura que “un sistema multilateral que funcione bien es un interés estratégico en sí mismo para la UE”.
Pero la Comisión parece haber abandonado la candidez que a menudo se le atribuye y advierte que no defenderá un orden multilateral a cualquier precio. Bruselas reclama que el sistema sea “efectivo, justo y que aporte resultados”. La UE ha salido escalada de la experiencia de China, que se incorporó a la OMC con una economía dopada por subsidios públicos, y con volatilidad de EE UU, que con Trump al frente rompió unilateralmente o saboteó los acuerdos internacionales previamente suscritos.
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