Una vez desbrozado el camino de las primeras sanciones energéticas a Rusia, con la aprobación oficial este viernes de un embargo total al carbón ruso, la Unión Europea prepara ya medidas para dar el siguiente paso y cerrar el grifo al petróleo ruso, el verdadero flujo de euros —junto con el gas— hacia las arcas del Kremlin. La resistencia de los países reacios a recorrer ese camino, como Hungría, Austria o Alemania, resulta cada vez más insostenible a la vista de ataques como el de la estación de tren de Kramatorsk de este viernes. Pero fuentes comunitarias temen que, cuanto más se profundice en las sanciones, más complejo resulte que los Veintisiete hablen con una sola voz.
El embargo al carbón ruso ha marcado un antes y un después. Su volumen puede resultar simbólico, aunque según señala una fuente comunitaria, ha sido “una clara señal política” de la dirección que va a seguir la UE, en función siempre de los acontecimientos en el campo de batalla. Otras fuentes diplomáticas recuerdan que este último paquete de sanciones (el quinto) se endureció de la noche a la mañana cuando se descubrieron las atrocidades de Bucha: en menos de 48 horas se decidió incluir la primera represalia energética, que parecía impensable solo unos días antes.
La Hungría de Viktor Orbán, en sintonía con el frente ruso y muy dependiente de su combustible, ya ha avisado de que lo pondrá difícil: el petróleo y el gas son gruesas líneas rojas para Budapest. Alemania, por otro lado, estima que no podrá desengancharse del crudo ruso antes del final de este año. Una posible solución sobre la mesa –según una alta fuente comunitaria– sería explorar un acuerdo político del que se puedan descabalgar algunos países en función de sus necesidades energéticas.
En Bruselas se barajan diferentes opciones para dar el zarpazo de un modo limitado, indican fuentes comunitarias. Entre ellas: ir hacia un embargo parcial; establecer un arancel al petróleo ruso, de modo que se encarezca este combustible a la vez que se estimula la búsqueda de fuentes alternativas; o incluso crear una especie de fideicomiso en el que ingresar las sumas que paga la UE a Rusia por su combustible, una cuenta a la que el Kremlin no tenga acceso y que sería liberada cuando Putin detenga la guerra.
Los ministros de Exteriores de la UE tendrán la oportunidad de tomarse la temperatura en la reunión de este próximo lunes en la capital comunitaria, según anunció este jueves el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. “Creo que se discutirá el lunes en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores”, dijo sobre un embargo al petróleo. “Y, tarde o temprano, espero que pronto, sucederá”.
La UE importa petróleo de Rusia por valor de 42.000 millones de euros anuales, 10 veces más que el carbón, según las cifras de Center For Research on Energy and Clean Air (CREA); esta partida supone el 44% del total de las importaciones energéticas de la UE desde Rusia. Pero está distribuida de forma muy desigual: en Hungría, los flujos de crudo ruso suponen el 59% del total del petróleo consumido; en Finlandia, la dependencia alcanza el 80%; en Alemania, el mayor importador de crudo del Kremlin de la UE, llega al 34%; en Holanda, otro de los principales destinos, supone el 24%, según cifras de 2020 de Eurostat, la oficina estadística de la UE. El distinto peso de esta fuente fósil, al final, se refleja en la miríada de sensibilidades en torno a la mesa.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue la primera en avisar de que el debate ya está en marcha: al anunciar esta semana las primeras sanciones energéticas al carbón, aseguró que el Ejecutivo comunitario trabajaba ya en más represalias, “incluyendo el petróleo”. Al clamor por tocar este recurso se han unido esta semana desde el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al Parlamento Europeo, que ha aprobado una resolución reclamando “un embargo total e inmediato de las importaciones rusas de petróleo, carbón, combustible nuclear y gas”.
Aunque algunas capitales se resistan o traten de dilatar la discusión, abordarla se ha vuelto casi inevitable y cala ya la idea de que tarde o temprano se va a tener que cercenar la mayor fuente de ingresos del régimen de Vladímir Putin, aunque sea de forma gradual o parcial. El modo en que se haga y el momento que se elija para dar el paso serán temas centrales a discutir. Y las negociaciones dependerán en buena medida de la evolución de la guerra y de las imágenes que vayan llegando desde Ucrania.
El embargo al carbón, por valor de unos 4.000 millones de euros, ha sido acordado gracias al manejo de los tiempos: Alemania, por ejemplo, no se veía capaz de eliminar su dependencia antes del final del verano, mientras otros países, como Polonia, reclamaban mayor celeridad. Finalmente, tras dos días de intensos debates en Bruselas, las capitales han acordado implementar la medida a lo largo de los próximos cuatros meses (120 días). Es decir: el 8 de agosto deberían tener pleno efecto.
Las sanciones suelen tener una vigencia de entre seis y 12 meses, renovables al final de cada periodo. Las impuestas contra Rusia en 2014 tras la anexión de Crimea se han ido renovando y siguen en vigor. A estas represalias se han ido incorporando las nuevas personas, empresas y sectores sancionados desde el inicio de la guerra el 24 de febrero.
La negociación de un embargo al petróleo no va a ser fácil. La complejidad es técnica y política. Una fuente diplomática defiende que cortar el flujo del petróleo podría incluso generar un nefasto efecto bumerán en los mercados mundiales de crudo –ya enormemente tensionados– que provocaría finalmente un empobrecimiento para la UE y un enriquecimiento para Rusia: al cerrar el grifo al petróleo ruso, la distorsión auparía los precios globales; Moscú podría acabar colocando su petróleo en otros lugares, como la India (a un precio más elevado) y la UE, que tendría que importar desde nuevos países, acabaría pagando más.
Y queda por saber, además, cómo reaccionaría Moscú, que podría responder al embargo al petróleo con un cierre de sus gasoductos, que proporcionan un 40% de las importaciones de este combustible a la UE. Rusia ya ha blandido esta amenaza en los albores de la invasión, cuando Berlín decidió dejar en suspenso la aprobación del gasoducto Nord Stream 2. Y el Kremlin se ve cada vez más acorralado por las sanciones. Este jueves, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, las ha calificado “como un acto de agresión contra Rusia y una forma de guerra híbrida”.
La Comisión, desde el principio, ha defendido un mantra: las sanciones no pueden generar más daño en el bloque comunitario del que provocan a Rusia. Para tratar de esquivar el golpe de los precios, Washington, que decidió prohibir las importaciones de petróleo y gas rusos hace ya más de un mes (la aportación de estos combustibles es residual en Estados Unidos), anunció a finales de marzo que pretende liberar 180 millones de barriles de petróleo de sus reservas para reducir los precios.
A su llamamiento se ha sumado la Organización Internacional de la Energía, que alcanzó un acuerdo la semana pasada para inundar los mercados mundiales con 120 millones de barriles de sus reservas, una iniciativa sin precedentes en la historia del organismo (la mitad del crudo será aportada por Estados Unidos).
Una alta fuente comunitaria asegura que para animar a dar el paso puede resultar clave, además, alcanzar un pacto nuclear con Irán. Aunque ambas discusiones no están vinculadas, en Bruselas, a menudo, los debates se acaban trenzando. Desde que en 2018 el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiró a la basura el acuerdo nuclear alcanzado en 2015, la UE ha estado tratando de arrancar un nuevo compromiso. De lograrse, los Veintisiete podrían contar con el crudo de Teherán para sustituir parte del ruso. Pero esta hipótesis resulta hoy lejana: Moscú es una de las partes que han de sellar el pacto; y Washington, otra de las firmas, aún ha de transigir con sacar de su lista negra de grupos terroristas la Guardia Revolucionaria de Irán, un punto esencial que reclama Teherán, según indica esta fuente comunitaria.
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