La Unión Europea suspenderá finalmente el 55% de los fondos estructurales a Hungría. Es la primera vez el Consejo de la UE congela la entrega de dinero a un Estado miembro por vulnerar el Estado de derecho. Pero el castigo ha sido menor de lo que proponía la Comisión Europea para Budapest por no completar a tiempo el listado de reformas de la justicia y anticorrupción: no será finalmente el 65%, unos 7.500 millones de euros, sino alrededor de mil millones menos, según fuentes diplomáticas europeas. Los Veintisiete han llegado a un acuerdo el lunes por la noche, según ha informado la República Checa, que mantiene la presidencia de turno de la UE este semestre, tras semanas de negociación y después de que el Gobierno ultraconservador de Viktor Orbán levantase dos vetos a asuntos clave para la UE con los que ha estado jugando como moneda de cambio: el paquete de 18.000 millones de euros en ayuda conjunta para Ucrania y el tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades, que llevaba varado desde hacía casi un año.
Era evidente que los asuntos estaban vinculados. Que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, uno de los aliados del ruso, Vladímir Putin, en la UE, estaba sometiendo a sus socios europeos a un chantaje, según han coincidido varias fuentes comunitarias. Si querían que el político ultraconservador húngaro diera el visto bueno a la ayuda financiera a Ucrania y permitiera que la Unión Europea cumpliera con el acuerdo que se había alcanzado con un centenar largo de países para fijar un suelo mínimo en los impuestos que pagan las empresas, tendrían que levantar la suspensión de los fondos estructurales a Budapest que había propuesto la Comisión y aprobarle el plan de recuperación, otros 5.800 millones.
Orbán, en principio, parecía tener la sartén por el mango. Los 26 Estados restantes querían enviar rápido a Kiev la asistencia financiera para que el país, que está resistiendo la invasión rusa, pueda seguir haciendo frente a su gasto corriente y vinieron a pedirle indirectamente a la Comisión el martes de la semana pasada, en la reunión de ministros de Finanzas —el llamado Ecofin— que fuera más indulgente en su valoración de las medidas que Hungría se había comprometido a aprobar para luchar contra la corrupción. El Ejecutivo comunitario de Ursula Von der Leyen se negó el viernes. No quiso que la primera vez que ponía en marcha el Mecanismo de Condicionalidad contra un país miembro por vulnerar el Estado de derecho se saldara con un enjuague en el que tomaba parte la Comisión.
A partir de aquí las cosas se han ido volviendo oscuras para Budapest. El fin de semana, los Estados miembros acordaron una vía alternativa por si no lograban que Budapest levantase el veto. La fórmula, que estaba diseñada para que Kiev recibiera el dinero con o sin Hungría y eliminaba esa parte de chantaje que ha estado agitando Viktor Orbán, habría cubierto los 18.000 millones de euros con avales nacionales y acuerdos bilaterales en vez de establecer una deuda conjunta para la Unión, a lo que Hungría se oponía hasta hoy.
Sin embargo, esta vía común que finalmente ha salido adelante era el camino preferido por el Consejo de la UE y por la Comisión porque permitiría enviar a Ucrania los fondos más rápido, apuntan fuentes comunitarias. Con los avales nacionales, el dinero llegaría solo a finales de enero. Y la situación en Ucrania es muy complicada, con temperaturas bajo cero y millones de personas sin acceso a electricidad y calefacción.
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Con este nuevo escenario, los Estados miembros han negociado desde el sábado. Apremiaba el tiempo. La propuesta de suspensión de fondos aparejada al Mecanismo de Condicionalidad debía aprobarse o desecharse antes del 19 de diciembre. Y tampoco se podía permitir llegar al Consejo Europeo del próximo 15 de diciembre —la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del año— con los cuatro expedientes abiertos. Este lunes por tarde, en torno a las 16 horas, ha comenzado a verse la luz, señalaban fuentes diplomáticas. Finalmente, cuatro horas después ha empezado una reunión de embajadores que ha acabado pasadas las 22.30 con fumata blanca.
Hungría tampoco podía aguantar el pulso mucho más. Ucrania tiene, evidentemente, necesidad urgente de dinero para hacer frente a la guerra lanzada por Rusia. Pero tampoco el Gobierno de Orbán puede permitirse prescindir de un solo euro de dinero europeo: su déficit fiscal este año es enorme; la divisa húngara se ha desplomado; la inflación está por encima del 20%; y salir a pedir prestado al mercado se ha convertido en una pesadilla para el Tesoro de este país, que ha llegado a tener una prima de riesgo (la diferencia de rentabilidad entre los bonos a 10 años alemanes y los húngaros) de 800 puntos básicos. En resumen: el socio díscolo de la UE jugaba con fuego si mantenía esta actitud, porque sin el dinero europeo la tormenta fiscal está a la vuelta de la esquina.
Además, tampoco puede decir Orbán que le salga bien la jugada. Aunque el Consejo ha rebajado algo el dinero suspendido, la sanción sigue siendo alta: pasa del 65% de fondos estructurales al 55% (unos 6.300 millones). Y tanto si quiere acceder a estos recursos como a los del plan de recuperación va a tener que revertir buena parte de sus políticas de desmantelamiento del Estado de derecho que ha seguido su gobierno ultra.
En el caso de Ucrania, el acuerdo alcanzado esta noche no resuelve todos sus problemas. Kiev necesita unos 38.000 millones al año para cubrir sus necesidades financieras y las funciones estatales esenciales, según el Fondo Monetario Internacional. El dinero europeo tendrá condiciones que Kiev debe completar: como cuestiones relacionadas con la gobernanza, la lucha contra la corrupción o el Estado de derecho. Es algo que ya ha ocurrido con los paquetes anteriores, que han ido llegando con cuentagotas y no siempre con el cronograma prometido.
La UE sigue aumentando la ayuda para que Ucrania haga frente a la invasión rusa. Este lunes, los ministros de Exteriores de los Veintisiete han aprobado aumentar en otros 2.000 millones de euros el principal fondo de defensa de la Unión, el Fondo Europeo para la Paz, del que están extrayendo cientos de millones para ayudar a Kiev con armamento. A la vez, la Unión maniobra para elevar la presión sobre el Kremlin y añadir decenas de nuevos nombres de personas y entidades rusas a la lista de sancionados mientras negocia un nuevo paquete de sanciones sobre componentes tecnológicos y nuevos proyectos de minería en el que algunos países presionan para incluir de forma explícita que las sanciones no pueden impactar en los fertilizantes y en materia de alimentos.
Los nuevos 2.000 millones para el Fondo Europeo para la Paz (EPF, por sus siglas en inglés) se suman a los 5.000 millones actuales con los que el fondo extrapresupuestario cubre las donaciones de armas de los Estados miembros proporcionadas a Ucrania. De esos 5.000 millones de euros ya se han comprometido casi la mitad. El nuevo desembolso del fondo, que podría volver a aumentar en otros 3.500 para 2027 y sumar otros proyectos, llega cuando algunos Estados miembros han mostrado cierta preocupación por cómo y cuándo se les abonará lo que han donado ya en armas a Kiev.
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