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La UE refuerza la cooperación para el control migratorio con El Cairo ante el aumento de llegadas de egipcios

EL PAÍS

La mañana del pasado 25 de octubre, la organización Alarm Phone, dedicada al apoyo a personas migrantes que cruzan el Mediterráneo en dirección a Europa, fue alertada de que dos botes con más de 1.300 individuos a bordo habían partido de la costa de Tobruk, en el este de Libia, y que se encontraban a la deriva en la zona de búsqueda y rescate de Italia y de Malta. Por la tarde, su situación se había vuelto prácticamente insostenible, con unas 12 personas muertas o inconscientes. Pero no fue hasta más de 15 horas después de haber notificado el naufragio cuando las autoridades italianas efectuaron una operación de salvamento; una de las mayores a las que jamás ha asistido Alarm Phone en sus ocho años de actividad. Muchos de quienes se hallaban en aquellas dos embarcaciones procedían de Egipto: una estampa cada vez más frecuente en la peligrosa ruta del Mediterráneo Central.

Hasta este noviembre, más de 18.000 egipcios habían llegado a Italia por mar, lo que los convierte en la primera nacionalidad de entre quienes han entrado en el país europeo por esta vía. Según señala un portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), la cifra representa un aumento de más del 220% respecto al mismo periodo del año anterior.

Ante este incremento de llegadas, el pasado 30 de octubre, Bruselas y El Cairo anunciaron un proyecto para reforzar las capacidades operativas de la Guardia Costera y la Guardia de Fronteras de Egipto. Según explica una portavoz de la UE, el plan cuenta con un presupuesto de 80 millones de euros y se ejecutará en dos fases. La primera, dotada con 23 millones, cubrirá ya este año la entrega de embarcaciones de búsqueda y rescate, además de equipos de vigilancia de fronteras de carácter civil. La segunda, que se está negociando, está prevista para 2023. Se trata de la primera cooperación de este tipo entre la Comisión Europea y Egipto.

Después de que en 2016 una embarcación con cientos de personas a bordo naufragara frente a la costa de Egipto y se cobrara más de 200 vidas, El Cairo empezó a impedir con su característica mano dura las salidas desde su territorio. En paralelo, el país se ha ido consolidando también como una pieza clave de la externalización de las fronteras adoptada los últimos años por la UE y sus Estados miembros, en especial con los países del sur del Mediterráneo.

Aunque los motivos del pronunciado aumento de salidas de egipcios varíen según los casos, un investigador de la Plataforma de Refugiados en Egipto (RPE, por sus siglas en inglés) indica en condición de anonimato que el mal estado de la economía nacional y, sobre todo, la estancada situación política en el país, con la consecuente ausencia de esperanza y de perspectivas de un futuro digno, son dos de los principales motores.

Falta de claridad

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Grupos de derechos humanos y diputados del Parlamento Europeo han expresado preocupación por el nuevo programa de Bruselas por la falta de claridad que rodea el plan de financiación y el historial de abusos de las autoridades egipcias. “Todavía no sabemos qué efectos va a tener este nuevo acuerdo, pero ya hemos podido ver los que han acarreado los anteriores, que es un enorme número de violaciones que han pasado sin investigarse y sin rendir cuentas”, señala la fuente de la RPE.

Algunas de estas organizaciones alertan de que la falta de crítica por parte de Bruselas y su cada vez mayor colaboración con El Cairo alientan que se sigan violando derechos en las fronteras y dentro del país. Grupos como la RPE señalan que, pese a algunos cambios legislativos, las autoridades egipcias continúan aplicando un decreto presidencial de 2014 que define amplias zonas adyacentes a sus fronteras como zonas militares.

“Son un agujero negro, como los centros de detención. Nadie puede saber lo que ocurre allí: no se permite entrar a ONG, ningún monitoreo nacional o internacional, ni se pueden hacer informes”, alerta desde la RPE una segunda fuente que no quiere revelar su identidad por motivos de seguridad. Entre 2016 y mediados de 2021, el ejército egipcio anunció la detención de más de 80.000 migrantes irregulares sin llegar nunca a esclarecer qué ha ocurrido con ellos, según ha documentado la RPE. Recientemente, Egipto ha deportado a decenas de refugiados eritreos a los que se ha perdido el rastro nada más llegar a Asmara. Y en 2021, el medio francés Disclose reveló, tras obtener cientos de documentos clasificados, una operación secreta del ejército egipcio en el desierto occidental del país que, bajo el pretexto de la lucha antiterrorista, tuvo como objetivo rutas de contrabando y de migración irregular. La RPE también ha documentado la detención arbitraria de migrantes en varias ciudades del país.

El comisario europeo de Política de Vecindad y Ampliación, Olivér Várhelyi, designado en 2019 a petición del primer ministro ultraconservador húngaro Viktor Orbán, afirmó en agosto que se realizaría una evaluación de riesgos previa al nuevo programa con Egipto. Y tanto él como la portavoz de la Comisión anteriormente citada aseguran que se hará seguimiento del uso del equipamiento y de la puesta en práctica del plan para que se respeten los derechos de personas migrantes y refugiadas. A pesar de esas afirmaciones, por ahora no se ha hecho público el resultado de ninguna evaluación de riesgos ni está claro el alcance del seguimiento anunciado.

Otro de los elementos del acuerdo que genera dudas es el papel que se espera de la Guardia Costera, ya que, oficialmente, ningún egipcio llegado a suelo italiano este año ha embarcado en Egipto. Según el portavoz de ACNUR, Libia ha sido el país de embarque de nueve de cada 10 egipcios llegados a Italia, seguido de Turquía (9%) y Túnez (1%). Maurice Stierl, miembro de la red de Alarm Phone, explica además que desde finales de octubre están registrando un número inusualmente elevado de grandes embarcaciones, con entre 300 y 600 personas a bordo, que parten del este de Libia. Muchas de ellas son egipcias.

Hasta verano, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimaba que en Libia había al menos 144.500 migrantes egipcios, según señala Julia Black, responsable del proyecto de Migrantes Desaparecidos. Black apunta asimismo que, hasta noviembre, unos 2.900 egipcios habían sido interceptados en el mar por las autoridades libias.

Las autoridades egipcias, por su parte, han presumido de forma reiterada de que ningún barco con migrantes sale de sus costas desde 2016, aunque ACNUR ha documentado que una reducida minoría de los egipcios que llega a Italia ha partido de la costa de este país africano. El nuevo programa de la UE sugiere un cuestionamiento de la versión oficial de El Cairo, pero al ser repreguntada sobre el asunto, la portavoz de la Comisión Europea no contestó. Aunque ha contactado con el Ministerio de Exteriores egipcio y con la Coordinadora Nacional para el Combate y la Prevención de la Migración Ilegal y la Trata de Personas, tampoco ha obtenido respuesta.

La inquietud por el papel de la Guardia Costera ha aumentado también porque, a finales de septiembre, un grupo de 23 migrantes, la mayoría egipcios, que se hallaba a la deriva en la región de búsqueda y rescate de Malta, fue devuelto a Egipto tras una operación de salvamento, según registraron cuatro organizaciones activas en rescate marítimo. “Fue la primera vez que pudimos documentar que, de alguna manera, Malta intervino instruyendo a los barcos comerciales que intervinieron en el desembarco de los supervivientes en Egipto, que estaba a más de 500 millas náuticas, mientras Malta e Italia estaban a solo 150. Obviamente, esto va contra las convenciones internacionales”, señala Juan Matías Gil, coordinador de los rescates en el mar Mediterráneo Central de Médicos Sin Fronteras.

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