La Unión Europea ha ampliado este lunes las sanciones contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y ha elevado sustancialmente el rango de las personas incluidas en la lista negra. Entre los ocho nombres añadidos figura la vicepresidenta del gobierno y esposa del mandatario nicaragüense, Rosario Murillo, y el hijo de la pareja, Juan Carlos Ortega Murillo, por su condición de director de uno de los principales canales de televisión del país y líder del Movimiento Sandinista 4 de mayo.
La UE acusa a los ocho altos cargos de ser “responsables de graves violaciones de los derechos humanos y/o en acciones que socavan la democracia o el Estado de Derecho en Nicaragua””. Bruselas destaca que las medidas de castigo “están dirigidas a individuos en concreto y están diseñadas de forma que no dañen ni a la población ni a la economía de Nicaragua”.
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Los sancionados, que ya son 14, tendrán vetada la entrada en los 27 Estados de la UE y si disponen de bienes en territorio comunitario serán congelados. Y ningún ciudadano ni empresa europea podrá facilitarles recursos financieros.
Las nuevas sanciones europeas llegan después de las de EE UU y Reino Unido, que ya habían reaccionado al deterioro de la situación política en el país centroamericano. El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha necesitado casi un mes para lograr la unanimidad de los 27 socios de la Unión en el endurecimiento del castigo.
Borrell ya advertía a primeros de julio, durante una intervención en el pleno del Parlamento Europeo, que “Nicaragua ha entrado en una espiral represiva” cuyo objetivo sería “la eliminación de los competidores para [las elecciones presidenciales y parlamentarias] del 7 de noviembre”.
Los temores del Alto Representante se han visto corroborados este mismo fin de semana, con la detención de un séptimo candidato a las presidenciales. La UE señala en el comunicado en que anuncia las sanciones que esa detención “ilustra tristemente la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta una imagen inquietante para las próximas elecciones”.
La UE lleva meses reclamando al Régimen de Ortega que establezca un diálogo con la oposición para garantizar un proceso democrático fiable y que permita el regreso a Nicaragua de los organismos internacionales encargados de velar por el respeto a los derechos humanos. Managua ha hecho caso omiso de las peticiones europeas lo que ha llevado a Bruselas a redoblar el régimen de sanciones.
La vicepresidenta Murillo encabeza la ampliación de la lista negra. La UE acusa a la número dos del régimen de jugar “un papel instrumental en alentar y justificar la represión ejercida por la Policía Nacional de Nicaragua contra las manifestaciones de la oposición en 2018”. En junio de este año, además, Murillo “amenazó públicamente a la oposición nicaragüense y desacreditó a periodistas independientes”, según la Decisión publicada este lunes en el Boletín Oficial de la UE.
En el listado de sancionados figuran también el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Eduardo Porras Cortés, por promover actos jurídicos como la ley de amnistía que impide investigar a los responsables de la represión de las manifestaciones en 2018. Otros sancionados son el fiscal general de la república, la presidenta de la Corte Suprema, un asesor económico del presidente del Gobierno, dos altos cargos de la policía nacional y a Ortega Murillo como director de Canal 8, “una de las principales cadenas de televisión propagandísticas”, según la Decisión.
El régimen europeo de sanciones contra Nicaragua se aprobó en octubre de 2019, como instrumento para responder a la represión de Ortega contra opositores, medios de comunicación y sociedad civil. En mayo de 2020, en vista de la actitud de Managua, los 27 socios de la UE estrenaron el mecanismo con una lista negra de seis personas a las que se prohibía la entrada en territorio europeo y se les condenaba a la congelación de sus bienes en la Unión.
Aquel primer listado, que sigue en vigor, incluía a los asistentes personales de Ortega en materia de seguridad y salud, a un alto funcionario de un centro penitenciario y al director y subdirector de la policía nacional. La lista negra de este mes de agosto ha elevado el punto de mira y golpea a la cúpula del régimen y a la familia del propio presidente.
Bruselas reconoce, sin embargo, que el impacto de las sanciones puede ser limitado y que Ortega continúa su deriva autoritaria con aparente impunidad. “Lo que está claro es que Ortega se siente lo suficientemente seguro para detener a los líderes más populares de la oposición sin que se produzcan nuevas manifestaciones callejeras”, señaló Borrell ante el Parlamento Europeo.
Varios grupos parlamentarios europeos reclaman más mano dura con Nicaragua, pero el proceso de sanciones, como recordó Borrell, requiere la unanimidad, que suele tardar en conseguirse. Al término del reciente debate parlamentario sobre Nicaragua, Borrell señalaba con franqueza que “como era de esperar, hemos oído muchas invocaciones, ¡basta ya señor Ortega! Les aseguro que al señor Ortega sus invocaciones se las traen al fresco”.
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