La Unión Europea asestará este martes el primer golpe político y económico a Rusia como represalia por la decisión del presidente ruso, Vladímir Putin, de reconocer la independencia de una parte de Ucrania, controlada desde hace años por separatistas prorrusos. Los ministros de Exteriores de la UE, convocados a una reunión extraordinaria en París por el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, darán el visto bueno a una primera batería de sanciones que incluye la prohibición de entrada en territorio comunitario a decenas de altos cargos y políticos rusos, el veto a ciertas entidades financieras y al Estado ruso para operar en el mercado financiero y el sector servicios europeo, y un embargo comercial a las dos provincias ucranias declaradas en rebeldía.
Tras la luz verde política de los ministros de Exteriores, el plan de sanciones se tramitará y aprobará rápidamente. Y se espera que esté en vigor en cuestión de días. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, no considera necesario convocar una cumbre europea para aprobar las medidas planteadas por Borrell, según apuntan fuentes comunitarias. Michel y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han celebrado en un comunicado “la rapidez y robusta reacción” de los 27 países de la UE.
Las sanciones son contundentes pero limitadas. Bruselas, al igual que Washington, considera que el reconocimiento de la independencia de dos regiones ucranianas es una grave violación de la integridad territorial del país agredido, pero que no supone todavía el detonante para las represalias comerciales enormes y sin precedentes que han prometido en caso de una invasión de Ucrania en toda regla. El envío de tropas rusas al Donbás tampoco se valora como una escalada irreparable del conflicto porque esa parte del territorio ucranio ya estaba bajo control de separatistas prorrusos.
Fuentes comunitarias señalan que la reunión de este martes de los representantes permanentes de los 27 países de la UE en Bruselas “ha permitido constatar la unidad que existe y el respaldo a las propuestas de sanciones”. Las mismas fuentes dan por descontado que “la misma unanimidad se logrará fácilmente si hay que adoptar mayores sanciones para castigar nuevas agresiones rusas”. El portavoz oficial de la Comisión Europea ha señalado que “es una violación grave del derecho internacional” y las sanciones supondrán un coste elevado a Rusia.
Sin embargo, los países potencialmente más afectados por los daños colaterales de las sanciones, como Italia, o los que mantienen estrechos lazos con el régimen de Putin, como Hungría, podrían haber planteado objeciones a una batería más dura de sanciones en estos momentos, un riesgo de veto que se ha evitado optando por unas represalias más limitadas. No obstante, el impacto de una guerra en Ucrania es potencialmente tan devastador para la estabilidad de la zona que incluso el Gobierno húngaro de Viktor Orbán se ha apresurado a condenar la decisión de Putin y a secundar las primeras sanciones europeas. Hungría es país limítrofe de Ucrania y potencialmente afectado si un conflicto bélico provoca un éxodo masivo.
La UE ya había sancionado a 193 ciudadanos rusos por su relación con las agresiones contra la integridad territorial de Ucrania. Todas ellas tienen prohibida la entrada en la UE y las autoridades nacionales europeas pueden embargar sus activos en territorio comunitario. Además, la lista de sanciones ya incluía 48 empresas o entidades rusas vetadas para operar en el mercado europeo. El nuevo listado “aumentará sustancialmente”, según fuentes comunitarias, y podría incluir desde medio centenar de altos cargos hasta centenares de parlamentarios rusos que respaldaron el reconocimiento de la independencia de las provincias de Donetsk y Lugansk.
De manera significativa, se incluye también la prohibición al Estado y al Gobierno rusos de acceder a los mercados europeos de capital, una medida que no se había previsto inicialmente. Estados Unidos sí que anunció ese castigo la misma noche del lunes, nada más conocerse el reconocimiento de la independencia de los dos territorios ucranios. Fuentes diplomáticas reconocen que ha habido contactos durante la pasada noche con Washington para coordinar las represalias y mostrar un frente unido ante Moscú.
Contención
A pesar de la contención en las sanciones comunitarias, el grave deterioro de las relaciones entre Occidente y el régimen de Putin parece llamado a cobrarse numerosas víctimas económicas. Borrell ha emitido en el mediodía del martes un largo y duro comunicado en nombre de la UE en el que se “condena” la decisión de Putin de reconocer la independencia de parte del territorio ucranio y le acusa de “violar” compromisos internacionales que había dado por buenos recientemente, como la resolución de la ONU que obliga a cumplir los acuerdos de paz de Minsk, en los que se preveía la devolución a Kiev de los territorios separatistas.
La UE “urge” a Moscú a dar marcha atrás en el reconocimiento, un cambio que no parece previsible, por lo que la tensión con Europa podría aumentar. De entrada, el canciller alemán, Olaf Scholz, ha anunciado este martes que ha dado la orden de paralizar los trámites de autorización del gasoducto Nord Stream 2 que conecta Rusia con Alemania a través del Báltico. Se trata de una infraestructura terminada, pero que podría no llegar a funcionar nunca si Moscú no frena las agresiones contra los países vecinos.
El veto al nuevo gasoducto simboliza la decisión de los occidentales de castigar a Rusia incluso en un sector tan sensible para la economía europea como el energético, dada la dependencia del petróleo y gas ruso, que cubren, respectivamente, el 26% y el 40% de las importaciones de la UE de esos combustibles. Desde la Comisión ya se ha indicado que, en caso de invasión rusa de Ucrania, ya no habrá ningún tabú ni límite en cuanto a las sanciones, lo que podría llevar incluso a limitar la relación comercial con Rusia, el gran suministrador energético de la UE.
Bruselas cree que las reservas actuales de gas cubrirían las necesidades de suministro de Europa incluso en caso de una grave interrupción del flujo procedente de Rusia. La Comisión Europea se muestra confiada a pesar, incluso, de que las reservas se encuentran diez puntos porcentuales por debajo de la media de los últimos años. La apuesta se basa en el aumento de la llegada por barco de gas licuado desde suministradores alternativos, como Estados Unidos o Qatar.
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