Ante las nuevas restricciones impuestas por Italia y Francia, Europa echa los cálculos de los daños que supondrá la tercera ola de contagios. Y tras un año de un gasto excepcional a pleno pulmón, la UE corre el peligro de quedarse rezagada respecto a EE UU si no lanza el plan de recuperación. Sin embargo, Bruselas teme que el retraso de un nutrido grupo de países en la confección de sus programas nacionales, que deben presentarse el 30 de abril, puede poner en peligro el calendario. La Comisión Europea sí cree que España podrá presentar su plan, que debe acabar de perfilar reformas en la administración.
A un mes y medio de que se cierre el plazo para entregar los planes, las capitales se han percatado del esfuerzo titánico que supone la confección de los programas nacionales de recuperación. Bruselas quiere el detalle de las inversiones y reformas con la máxima concreción, puesto que deberá evaluar sus costes y la consecución de los objetivos a corto y largo plazo para poder realizar desembolsos. El laborioso proceso que supone ha acabado con la paciencia de muchos gobiernos en sus negociaciones con el organismo europeo.
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Tanto el Ejecutivo comunitario como las capitales son pesimistas sobre la marcha del proceso. Fuentes diplomáticas definen como “draconianas” las demandas de Bruselas en algunos componentes de los planes y lamentan que publicara las últimas orientaciones hace tan solo un mes. Desde la Comisión creen que los países despertaron tarde, puesto que la regulación indicaba qué debían hacer. Y ponen como ejemplo España, que incluso se pasó de frenada al incluir 1.700 hitos y objetivos para evaluar los 30 elementos de su plan.
El paquete de estímulos lanzado por Joe Biden en Estados Unidos ha redoblado los nervios en Europa, que presumía de haber dado por primera vez una respuesta contundente a la crisis. El director general del fondo europeo de rescate (Mede), Klaus Regling, avisaba recientemente a los socios del euro de la preocupación de los inversores por “la velocidad” con la que se estaba desplegando el plan, puesto que los retrasos pueden erosionar las todavía débiles tasas de crecimiento de la UE.
Llamamiento del BCE
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, urgía también esta misma semana a las capitales a que el plan esté “operativo sin demora”. Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, fue más allá en una entrevista en Les Echos al afirmar: “Puede ser que el apoyo europeo resulte insuficiente”. Schnabel, en cualquier caso, coincidió con Lagarde al llamar a rebato a los países: “No podemos permitirnos un retraso, eso sería perjudicial”.
A pesar de esa urgencia, la semana pasada siete países todavía no habían presentado sus planes —entre ellos Irlanda y Países Bajos—, mientas que dentro de la Comisión es notoria la insatisfacción con algunos planes como el de Alemania. El calendario electoral en La Haya, Berlín y París tampoco ayuda a que desde esos gobiernos se pongan en marcha ciertas reformas. En cambio, Bruselas ve encarrilado el plan español, aunque aún queda trabajo en aspectos como la mejora de los servicios públicos —lo que incluye la rebaja de la temporalidad— o bien la mejora de las habilidades profesionales, dentro de las reformas del mercado de trabajo.
Tras intensas negociaciones entre Madrid y Bruselas, hay acuerdo en las grandes líneas, pero la Comisión necesita concreción. Y la letra pequeña no es secundaria, puesto que recoge las medidas que se adoptarán para ejecutar las reformas y que deben derivarse del debate dentro de la coalición del gobierno o, en algunos casos, del diálogo social.
El coordinador económico de los socialdemócratas europeos, el diputado Jonás Fernández, sostiene que “el reglamento no exige que todos los países deban ir en el mismo paquete”. “Se puede ir desembolsando el dinero a medida que se vayan aprobando los planes”, sostiene. Pero a la lentitud en la presentación de los programas se añade la del proceso de ratificación de los nuevos impuestos con los que sufragar el plan, que es indispensable para que Bruselas empiece a endeudarse.
El comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, sostuvo ayer que 13 de los 27 países —entre ellos España— han hecho los deberes. Sin embargo, la crisis entre los partidos de la coalición de derechas del gobierno de Polonia pone en jaque ese proceso. La formación Polonia Unida avisó esta semana que su partido votaría en contra en el Parlamento de su país al rechazar la vinculación de los fondos con el Estado de Derecho y el endeudamiento a escala comunitaria.
Fuentes diplomáticas explican que el calendario ya estaba muy ajustado para que las primeras cantidades pudieran llegar a los países en el primer semestre y temen que las primeras entregas puedan demorarse por cualquier traspié. Croacia habla incluso de 2022 a causa de los procedimientos exigidos por Bruselas.
Los líderes europeos, según estas fuentes, hablarán en la cumbre de la semana sobre cómo acelerar la puesta en marcha del fondo para no volver a perder fuelle respecto a Estados Unidos y China. Bruselas no cree que las capitales deban mirarse en el espejo del plan de Biden, puesto que considera que parte de ese paquete sirve para suplir la falta de estabilizadores automáticos que tiene Europa. Y considera, además, que las inversiones deben estar bien orientadas. No obstante, sí comparte la inquietud del retraso. En cualquier caso, las delegaciones creen que a ese debate todavía se impondrá la discusión sobre la principal arma para atajar la crisis: el despliegue de la vacuna en Europa.
Siete planes por presentar
El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, informó en su última comparecencia en el Parlamento Europeo de que siete países de la UE todavía no habían presentado sus planes de recuperación. Según fuentes comunitarias, se trata de Irlanda, Lituania, Austria, Malta, Estonia, los Países Bajos y Luxemburgo (cuyo gobierno sí lo ha aprobado). Fuentes comunitarias explican que en el caso holandés, la omisión se debe al parón que supuso las elecciones celebradas esta semana.
Hay países de ese grupo, no obstante, cuyo plan es toda una incógnita para Bruselas. Es el caso de Irlanda, a quien la Comisión Europea quiere apretar para que lleve a cabo reformas en su sistema fiscal, que considera perjudicial para el resto de países. Dublín, de hecho, ya se opuso a que el reglamento sobre el fondo de recuperación implicara el cumplimiento de las recomendaciones del Semestre Europeo. No tuvo éxito, puesto que Berlín se negó a levantar esa disposición.
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