Europa redobla la presión contra Bielorrusia ante su estrategia de desestabilizar a Polonia y otros países comunitarios fronterizos mediante el impulso de flujos migratorios hacia el club comunitario. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se ha desplazado este miércoles de manera urgente a Varsovia para “expresar toda la solidaridad de la UE” con Polonia ante la agresión del régimen de Lukashenko, que en las últimas horas se ha saldado con la retención de 60 personas que lograron cruzar la frontera hacia territorio polaco. Michel no ha dudado en calificar en rueda de prensa como “ataque híbrido, ataque brutal, ataque repentino” la llegada de migrantes a la frontera polaca orquestada por Bielorrusia.
Fuentes comunitarias sitúan la última oleada de migración orquestada por Lukashenko en el contexto geoestratético que ha dejado la espantada occidental en la guerra de Afganistán. “Da la impresión de que los regímenes autoritarios de nuestra vecindad están cruzando ciertas líneas rojas para testar la respuesta europea y comprobar nuestro grado de unidad”, apuntan esas fuentes. Y añaden que tanto Rusia como Bielorrusia aumentan la presión “con el objeto de dividir a la UE”. Y consideran que por eso es especialmente importante “cerrar filas con Polonia ante un tipo de ataque totalmente novedoso y que no repara siquiera en instrumentalizar a migrantes de terceros países”.
El presidente del Consejo Europeo ha afirmado en la capital polaca que los Veintisiete ya están preparando nuevas sanciones contra el régimen de Lukashenko que se aprobarán con celeridad, probablemente el próximo lunes. Las medidas pretenden ahogar aún más al sector aéreo bielorruso, ya castigado en anteriores rondas de sanciones. Y golpear a más sectores económicos, además de los que han sido castigados como la producción de potasios, el comercio de petróleo o la exportación a Bielorrusia de material de doble uso (militar o civil) y material para intercepción de comunicaciones electrónicas.
Y ha advertido de que el castigo podría extenderse también a los países de origen y tránsito de los migrantes que se nieguen a cooperar con Bruselas para cortar el flujo creado deliberadamente por Lukashenko. La UE ya logró en verano convencer al Gobierno iraquí para frenar los vuelos procedentes de Bagdad con destino a Bielorrusia. Pero la Comisión Europea reconoce que Lukashenko ha logrado abrir otras rutas y está acarreando migrantes de más de una veintena de países.
Varsovia pide a Bruselas medidas más contundentes. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha aprovechado la visita de Michel para reclamar “la convocatoria de un Consejo Europeo por videoconferencia para estudiar represalias económicas contra Bielorrusia”. Morawiecki asegura que “las sanciones europeas en vigor contra el régimen de Lukashenko no están funcionando”. Polonia es partidaria de un castigo mucho más duro que golpee los débiles cimientos económicos de Bielorrusia. Varsovia también contempla cerrar los pasos fronterizos con Minsk susceptibles de ser utilizados para redoblar el ataque híbrido, un cerrojazo que tendría graves consecuencias para el tráfico comercial entre los dos países.
La tensión en la frontera entre Polonia y Bielorrusia ha vuelto a vivir un pico entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles. Cientos de migrantes varados a unos metros de la valla que separa ambos países han tratado de entrar en varias ocasiones en territorio polaco tras romper el cercado, según la Guardia Fronteriza, que ha informado esta mañana de que se han tramitado órdenes de expulsión contra 48 migrantes que lograron cruzar y 12 personas han sido detenidas. El ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Błaszczak, ha explicado que su Gobierno, que acusa al régimen de Aleksander Lukashenko de trasladar a ciudadanos de países en crisis como Irak, Afganistán o Siria a la frontera con Polonia para desestabilizar a la UE, ha enviado ya a 15.000 soldados a la zona para tratar de contener la presión migratoria.
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“No fue una noche tranquila. De hecho, hubo muchos intentos de traspasar la frontera polaca”, ha dicho Błaszczak a la emisora PR1. Además de los 15.000 soldados del Ejército, el coronel Marek Pietrzak, portavoz de las Fuerzas de Defensa Territorial polacas —un cuerpo paramilitar de reservistas y voluntarios—, aseguró el martes que se ha movilizado a 8.000 miembros de esta unidad y que 1.000 de ellos llegarán a la frontera de forma inminente.
La UE impuso sanciones a Bielorrusia tras las protestas masivas y denuncias de pucherazo electoral de Lukashenko en agosto de 2020 y las amplió en junio de este año tras el secuestro de un vuelo comercial europeo, forzado a aterrizar en Minsk para arrestar a un disidente bielorruso que viajaba como pasajero. En total, hay 166 altos cargos del régimen, incluido el presidente, en una lista negra que les impide entrar en territorio europeo y les condena a la confiscación de bienes que posean en algún país de la UE. La UE también ha prohibido operar en territorio comunitario a las compañías aéreas bielorrusas y las compañías europeas han dejado de sobrevolar el espacio aéreo bielorruso.
Bielorrusia, por su parte, ha acusado este miércoles a Polonia de haber agredido a cuatro migrantes en la frontera. “Vistas las numerosas heridas en los cuerpos de los migrantes, las fuerzas polacas del orden los trataron brutalmente y los empujaron a la reja con alambres de púas”, ha indicado la guardia fronteriza del país. El jefe de la diplomacia bielorrusa, Vladímir Makéi, ha viajado a Moscú y en una reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, ha pedido una “reacción conjunta” de los dos países. Según Makéi, es la UE quien orquesta la actual crisis migratoria en la frontera polaca para imponer nuevas sanciones contra Minsk, pese a que ha sido Bielorrusia quien ha trasladado a cientos de migrantes a la zona. Lavrov ha pedido a la UE que no se deje arrastrar a una confrontación con Minsk y Moscú por la crisis migratoria: “Espero mucho que los europeos responsables, las grandes potencias europeas, tengan voluntad y no se dejen arrastrar a una espiral [de confrontación] que es sumamente peligrosa”.
El encuentro en Varsovia también ha analizado la posibilidad de que el presupuesto europeo financie muros o barreras fronterizas que impidan la entrada irregular de migrantes, una posibilidad rechazada hasta ahora por la Comisión Europea. Bruselas ha señalado este miércoles que en el último período presupuestario (2014-2020) ya destinó más de 1.600 millones de euros a financiar infraestructuras fronterizas (como soportes informáticos, gestión de la frontera), pero que sigue estando en contra de sufragar la construcción de barreras físicas. Michel, sin embargo, ha reconocido que el debate está abierto “y debe clarificarse cuanto antes”. El presidente del Consejo ha señalado que países como Lituania tienen una larga frontera exterior, en ese caso con Bielorrusia, de más de 600 kilómetros, y que la UE debe estudiar cómo ayuda a protegerla.
Los vicepresidentes de la Comisión, Josep Borrell y Margaritis Schinas, iniciarán en los próximos días una gira para convencer a las autoridades de los países de origen y tránsito de que impidan unas salidas que exponen a sus propios ciudadanos a ser abandonados por Lukashenko en un terreno de nadie en la zona fronteriza entre Bielorrusia y Polonia, con el riesgo de verse involucrados en una grave crisis humanitaria.
Otras voces de la UE también están incrementando la presión sobre Moscú para que colabore en frenar la crisis. La canciller alemana, Angela Merkel, ha telefoneado al presidente ruso, Vladímir Putin, para abordar la cuestión. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado en una entrevista concedida en EE UU que “Rusia dispone de una influencia enorme sobre Lukashenko y pedimos que la utilice para desescalar la tensión”.
Además de Polonia, otros Estados de la UE como Lituania y Letonia —que también han vivido episodios de tensión en sus fronteras— acusan a Bielorrusia de trasladar a cientos de migrantes de terceros países en represalia por las sanciones impuestas por los Veintisiete debido a las graves violaciones de derechos humanos en el país tras las protestas por las elecciones celebradas en agosto de 2020, cuyo resultado no ha sido reconocido por la UE.
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