La larga y sinuosa carretera del Brexit comienza a acercarse a su final y podría decirse que en estos momentos atraviesa una peligrosa zona de acantilados y discurre al límite, como no podía ser de otra manera cuando se trata de las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. Michael Gove, jefe de Gabinete del primer ministro Boris Johnson, viajó este lunes a Bruselas para encontrarse con el vicepresidente de la Comisión Europea Maros Sefcovic y tratar de apagar el incendio que ha provocado la llamada Ley de Mercado Interno, el borrador legal presentado por el Gobierno de Johnson en el Parlamento británico a principios de septiembre.
Tras la cita del llamado Comité Conjunto, el organismo que supervisa el proceso de divorcio, ambas partes constataron dos cosas: que las piezas apenas se habían movido del tablero y que el tiempo seguía corriendo en su contra. “He reiterado la solicitud de la UE de que se retiren los artículos controvertidos del borrador de la Ley del Mercado Interno antes de que acabe septiembre”, ha dicho el vicepresidente del Ejecutivo comunitario en una comparecencia posterior. A lo que Gove ha replicado que la posición británica seguía invariable: “Esas cláusulas van a permanecer en la Ley”, ha dicho, según Reuters.
“La confianza sigue rota”, ha añadido Sefcovic, y así seguirá “mientras no se retiren los controvertidos preceptos”. Estos artículos, parte de un borrador aún en trámite de aprobación en la Cámara de los Comunes, hacen saltar por los aires el delicado equilibrio tejido en torno a Irlanda del Norte y su complejo proceso de paz en el Acuerdo de Retirada del Reino Unido, algo que la UE considera inaceptable. Ambas partes tuvieron dificultades para encontrar, en aquel acuerdo, una fórmula que evitara la creación de una frontera dura entre las dos Irlandas y a su vez preservara la integridad del mercado único interior y evitara que Irlanda del Norte tuviera una frontera con el Reino Unido.
La propuesta de Johnson viola, como reconoció sin pudor un miembro de su equipo, “de un modo específico y muy limitado” la legalidad internacional. Según Bruselas, vulnera las normas comerciales y de competencia ya pactadas; y pone en riesgo a su vez el Acuerdo del Viernes Santo de 1998, que detuvo años de violencia entre católicos y protestantes.
Se abre ahora un incierto período en el que la Comisión podría activar este mismo miércoles, último día de septiembre, la maquinaria jurídica para salvaguardar sus intereses. “Le he recordado al Gobierno del Reino Unido que el Acuerdo de Retirada contiene varios mecanismos y medios legales para ocuparse de la violación de las obligaciones del texto”, ha asegurado Sefcovic. Cómo lo activarán y cuándo exactamente, no se ha detallado. Pero el vicepresidente de la Comisión advirtió: “La UE no será tímida a la hora de usarlas”. Añadió, en cualquier caso, que Bruselas no se levantará de la mesa de negociación. Y que el hecho de activar los mecanismos por incumplimiento no implica que los negociadores británicos tengan que salir disparados de vuelta a las islas por el eurotúnel.
El tiempo se agota, aceleran los negociadores
De hecho, en lo único en que se pusieron de acuerdo Sefcovic y Gove fue en seguir negociando a toda costa, e incrementar las conversaciones entre ambas partes y acelerar el ritmo de sus equipos negociadores, que esta semana se reúnen en Bruselas cara a cara bajo la batuta del francés Michel Barnier (por parte de la UE) y del británico David Frost (por parte del Reino Unido), en la que iba a ser la undécima y última ronda de negociaciones. Pero con el Brexit nunca hay que dar por hecho que sea la última.
Con o sin artículos en disputa, la arena del reloj se esfuma. Queda, según cálculos optimistas, poco más de un mes para evitar la catástrofe. El Acuerdo de Retirada se logró firmar tras frenéticas negociaciones hace casi un año; entró en vigor el 1 de febrero, y ambas orillas del canal de La Mancha se dieron entonces un período transitorio, hasta finales de 2020, para descender al detalle de su implementación en materia de comercio, ciudadanía, pesca o seguridad, por poner algunos ejemplos.
El tratado comercial es quizá el asunto más sensible. Por un lado los Veintisiete buscan un acuerdo que evite que el Reino Unido pase de ser un socio a un competidor, una especie de Singapur que compita con la UE de forma desleal. Pero sin un acuerdo, en Año Nuevo, el vecino se convertiría en un país tercero cualquiera, sin relación de privilegio y con aranceles sobre los productos.
A falta de unos 100 días para final de año, y con menos margen aún para que los parlamentos de Londres y Estrasburgo puedan leer y ratificar cualquier acuerdo sobre la implementación del Brexit, Bruselas y Londres encaran dos semanas decisivas de tira y afloja. Los equipos negociadores se reúnen hasta el viernes en Bruselas para tratar de recortar los flecos de la futura relación entre la UE y el Reino Unido. Boris Johnson afirmó a principios de septiembre que si no existía un acuerdo para el 15 de octubre, antes de la cumbre europea de jefes de Estado y de Gobierno que arranca ese día, habría que “aceptarlo y pasar página”. Es decir: abrazar el fracaso.
En Bruselas hay quien cree que se podría arañar hasta los primeros días de noviembre. Ese es el margen para tratar de dar con el lado pragmático de Johnson, su cara no ideológica, esa que trataría de hallar un punto de encuentro ante el posible descalabro económico: a la falta de un acuerdo comercial se sumaría una economía en caída libre por la pandemia, mientras una segunda ola, con la guadaña ya en la mano, comienza a llamar a la puerta.
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