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La UIF no fue creada para ‘investigar instituciones académicas’: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, afirmó que la dependencia a su cargo no fue creada “para investigar instituciones académicas o a sus integrantes”.

A través de sus redes sociales, Nieto aclaró que la Unidad “fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados, así como para bloquear a quien use recursos ilícitos”.

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La mañana del jueves un grupo de senadores de Morena, encabezados por Armando Guadiana Tijerina, solicitaron a la UIF investigar las finanzas de universidades y de centros de investigación, al considerar que destinan grandes cantidades de recursos en lo que catalogan como “turismo científico”.

“La Auditoría Superior de la Federación, las auditorías superiores de los estados y la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, deben investigar los fondos, tanto federales como de los estados, que van a dar a las universidades autónomas de todos los estados, incluyendo la máxima casa de estudios, la UNAM”, sostuvo Guadiana.

“Realmente está sucediendo en muchas universidades del país, se requiere a fondo que se revise y se audite los fondos, porque es para educación e investigación y, desgraciadamente, se despilfarra mucho dinero en turismo internacional científico”, insistió el senador por Morena, en conferencia de prensa.

Guadiana y sus compañeros de bancada respaldaron las acciones que emprende la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 exfuncionarios, investigadores y científicos, por los que ha solicitado una órden de aprehensión por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, por los 244 millones de pesos que durante seis años otorgó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT).

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Según la indagatoria de la FGR, los integrantes del foro recibieron recursos de manera ilegal por parte del Conacyt durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El miércoles, se dio a conocer que un juez federal con sede en el penal federal de Almoloya, Estado de México, negó en definitiva las órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR contra 31 académicos del Foro Consultivo.

 

Tras esto, la propia FGR informó a través de un comunicado que solicitará por tercera vez una orden de aprehensión contra los científicos. Refirió que en su nueva solicitud, explicará lo que considera un hecho delictivo patrimonial imputable a los 31 exfuncionarios del Conacyt, al considerar que tiene elementos suficientes para acreditar daño patrimonial al Estado por 244 millones de pesos.

La denuncia original fue realizada el 10 de julio de 2020 por la apoderada legal del Conacyt, Rosenda Cruz, según documentos. De acuerdo con información publicada en medios, la hoy directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, afirmó por esas fechas que Julia Tagüeña, como directora adjunta del Conacyt, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, destinó ilegalmente 50 millones de pesos al FCCyT.

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Sin embargo, la mañana del jueves Álvarez-Buylla fue cuestionada sobre la denuncia contra 31 científicos, a su llegada al acto para dar inicio a las operaciones del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-I.

Al ser abordada por reporteros, la funcionaria respondió: “no sé de qué me hablas. Yo no vine a apoyar el primer gobierno de la cuarta transformación a acusar absolutamente a nadie”.


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