El ultraliberal y malogrado penúltimo ministro británico de Economía, Kwasi Kwarteng, quiso llamar a la reforma el Big Bang 2.0, en homenaje a la profunda desregulación de los servicios financieros de la era de Margaret Thatcher. Su sucesor, el prudente Jeremy Hunt, ha preferido bautizar el paquete de 30 medidas como las “reformas de Edimburgo”. Porque ha sido en la ciudad escocesa donde las ha anunciado este viernes. Y por enviar el mensaje de que su puesta en marcha beneficiará a todo el Reino Unido, y no solo a la metrópolis. El Gobierno de Sunak quiere presentar los cambios como un ejemplo de la energía liberadora que trajo consigo el Brexit. La realidad, sin embargo, sugiere más bien que son un esfuerzo desesperado por frenar la pérdida de competitividad de la City de Londres, de la que huye en los últimos años un goteo de bancos, firmas de inversión y altos ejecutivos, provocado por la salida de la UE.
“Nos comprometemos a asegurar que el Reino Unido siga siendo uno de los centros financieros más abiertos, dinámicos y competitivos del mundo”, ha anunciado Hunt. “Las reformas de Edimburgo utilizarán las libertades recuperadas gracias al Brexit para elaborar un régimen regulatorio autóctono que sirva a los intereses de las empresas y ciudadanos británicos (…) Reformaremos todas las gravosas leyes de la UE que han asfixiado el crecimiento de sectores como el de la tecnología digital o las biociencias”, ha asegurado el ministro de Economía.
Paradójicamente, la medida más llamativa —y criticada— de las propuestas no tiene nada que ver con la regulación aparentemente impuesta desde Bruselas. Downing Street quiere relajar las normas de compartimentación (ring-fencing, en el término inglés empleado) que el propio Gobierno del Reino Unido impulsó después de la catástrofe financiera de 2008. La Comisión Bancaria Independiente (IBC, en sus siglas originales), presidida por el economista John Vickers, introdujo una serie de propuestas para mejorar la capacidad de los bancos de absorber pérdidas y reducir riesgos. Incluían una exigencia de capital adicional durante las fases expansivas, pero, sobre todo, la obligación de separar su negocio de banca minorista del de banca de inversión para todas aquellas entidades que manejaran depósitos por valor superior a los 25.000 millones de libras esterlinas (29.000 millones de euros al cambio actual). Las nuevas normas supusieron un enorme esfuerzo de cambios estructurales y operativos para muchas entidades como, por ejemplo, Santander UK.
Junto a una mayor flexibilización de esas normas de compartimentación, el Gobierno británico quiere acabar también con el Régimen de Sanciones de Directivos (Senior Managers Regime), también una consecuencia directa de los desmanes de la última crisis financiera, y que suponía hacer personalmente responsables a los altos directivos de las entidades financieras de las infracciones cometidas por la firma, si “no habían adoptado las medidas razonables para evitarlas”. A pesar del grito de protesta que surgió en la City ante tal régimen, lo cierto es que su aplicación ha sido bastante laxa durante estos años.
Finalmente, Hunt ha preservado una parte importante del desastroso legado de su predecesor, Kwarteng, al confirmar la eliminación del límite cuantitativo de los bonos para altos ejecutivos.
“Reformas como la compartimentación o el régimen de sanciones a directivos se introdujeron en su momento por las razones acertadas. La City no está pidiendo al Gobierno premios de consolación para compensar el daño provocado por el Brexit del Partido Conservador, ni quiere nuevas promesas vacías de una mayor desregulación”, ha dicho Tulip Siddiq, el portavoz de la oposición laborista para Asuntos Financieros. “La competitividad de Londres depende de la aplicación de estándares elevados, no de poner en marcha una carrera para rebajarlos”, ha denunciado Siddiq.
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Las propuestas que más chocan con la legislación comunitaria aún vigente en los servicios financieros británicos hacen referencia a la llamada Solvencia II de la UE, el marco regulatorio aprobado en su día para gestionar el riesgo del sector de seguros y reaseguros. Downing Street quiere relajar las exigencias a esta industria de provisión de fondos, para liberar nuevas inversiones en la llamada “economía verde”. Pero esto es exactamente lo que ya propuso hace un año la Comisión Europea respecto a sus propias normas, con lo que, al menos en este caso, la supuesta libertad recuperada gracias al Brexit consiste básicamente en replicar las decisiones adoptadas en Bruselas.
“El Reino Unido siempre tendrá un sistema regulatorio robusto y respetado para el sector financiero, porque eso es lo correcto”, ha respondido este viernes Rishi Sunak a las acusaciones de una nueva desregulación. “Pero debemos asegurarnos de que la industria continúe siendo competitiva, porque da empleo a un millón de personas no solo en Londres, sino en Edimburgo, Belfast, Leeds o Bournemouth”, ha dicho el primer ministro británico.
La lucha por las cámaras de compensación
Las medidas anunciadas por Hunt, que suponen un claro intento de presentar a la City de Londres como un polo atractivo de negocios, a pesar de las rémoras desatadas por el Brexit, se han conocido la misma semana en que Bruselas ha dado un nuevo golpe al Reino Unido. La Comisión Europea hizo públicos el miércoles nuevos borradores para arrebatar a la capital británica gran parte del multimillonario negocio de las cámaras de compensación que operan en valores denominados en euros. Estas entidades actúan como intermediarios en las grandes transacciones, para asegurar la estabilidad del mercado financiero.
A pesar de la salida de la UE, muchas entidades europeas seguían utilizando la London Stock Exchange (LSE) para la contratación de derivados, unos productos financieros vinculados a las variaciones de los tipos de interés que las firmas utilizan para protegerse frente a incrementos de sus obligaciones de deuda. Un 90% de esas operaciones se realizan a través de la LSE, y Bruselas quiere obligar a que parte importante de ese negocio se derive a cámaras de compensación radicadas en el continente, como parte del esfuerzo por crear un Mercado Único de Capitales. La “equivalencia”, el permiso provisional otorgado a la LSE para seguir prestando servicio a sus clientes comunitarios, expira el 30 de junio de 2025. Si salieran adelante las medidas propuestas, que todavía deben ser respaldadas por el Consejo y el Parlamento europeos, las posibilidades de prorrogar esa equivalencia se reducirían notablemente, y Londres perdería otro de los parches que le han permitido sortear, hasta el momento, los efectos negativos del Brexit.
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