La vía del consenso

En medio del tóxico escenario político español, el diálogo entre agentes sociales y el Ministerio de Trabajo ha vuelto a demostrar que otra vía, mejor, de abordar las cuestiones colectivas es posible. El pacto sellado en esta ocasión por el departamento que dirige Yolanda Díaz con los sindicatos y las patronales establece que los repartidores de las plataformas digitales son asalariados, acabando con el uso de falsos autónomos, y obliga a las empresas a dar información sobre los algoritmos cuando tengan incidencia en las condiciones laborales. Van siete acuerdos en poco más de un año, seis en una situación económica y sanitaria de emergencia y en un escenario político de confrontación extrema.

El alcance del acuerdo puede parecer corto a primera vista. El recurso a los falsos autónomos no es patrimonio exclusivo de las plataformas digitales de reparto, hay muchos otros sectores que recurren a esta forma de fraude laboral, y esto debería abordarse sin demora en el Estatuto del Trabajo del siglo XXI que el Gobierno pretende elaborar en la segunda parte de la legislatura. No obstante, en los últimos años pocas empresas como estas plataformas han provocado tantas actuaciones de la Inspección de Trabajo y, luego, han mostrado tanta resistencia a asumir las decisiones de las autoridades laborales y las sentencias de los jueces. La nueva regulación, además, usa el fallo del Tribunal Supremo que zanjó judicialmente el asunto para deshacer la confusión legal que hubo y deja sin excusas estas actitudes.

Más ambicioso es el otro aspecto del acuerdo. La regulación de las implicaciones laborales de los algoritmos ha sido demandada por instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El real decreto que se apruebe dará el derecho a los representantes de los trabajadores de todas las empresas —no solo de las plataformas— a recibir información sobre el funcionamiento de los algoritmos que afecten a las condiciones laborales. Este es un paso importante para arrojar transparencia sobre unas herramientas tecnológicas que están revolucionando las formas de organizar el trabajo.

Y a este punto se ha llegado con diálogo social, como reclama, precisamente, la OIT. El camino ha sido arduo: cinco meses para pactar una regulación de apenas una página. Sin embargo, en el enrarecido clima político y social español, esto es un ejemplo. Todas las partes han tenido la paciencia y la determinación para alcanzar el pacto. Sindicatos y patronales dejan en cierta evidencia a los partidos españoles, tan poco capaces de pactar; la ministra Díaz, a su vez, muestra que una izquierda situada más allá del PSOE en el espectro parlamentario puede ser responsable, eficaz y alejada de los maximalismos e hipérboles que lastran el desempeño de tantos de sus compañeros de partido con serio daño para España.