La escalada de violencia en Myanmar, la antigua Birmania, no cesa y el país se precipita hacia el colapso absoluto. Después de la jornada más sangrienta hasta la fecha tras el golpe de Estado del 1 de febrero, con al menos 44 víctimas mortales el domingo, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos birmana, las fuerzas de seguridad continuaron recurriendo este lunes a la violencia para dispersar a los manifestantes congregados en Mandalay, la segunda mayor ciudad birmana, y en otros puntos del país. La Junta Militar ha declarado la ley marcial en varios distritos de Mandalay y Yangón, la capital comercial birmana, donde negocios y fábricas de propiedad china fueron asaltados en la víspera.
Al menos tres personas han muerto este lunes en Myingyan, en la región de Mandalay, debido a los disparos de la policía y el Ejército contra manifestantes y residentes, según publica el digital The Irrawady. Imágenes publicadas por este medio y Myanmar Now atestiguan la celebración de protestas en Mandalay y Yangón, además de en otros lugares, este lunes, pese a los violentos episodios vividos el fin de semana.
Según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, al menos 44 personas fallecieron el domingo, aumentando a más de 120 el total de víctimas mortales desde la asonada. El medio independiente Myanmar Now, que cita fuentes hospitalarias de Yangón, eleva la cifra a 59 fallecidos solo en Yangón el domingo debido a la represión de las fuerzas de seguridad, que incrementan el uso de fuego real contra los manifestantes que piden el regreso del Gobierno civil de Aung San Suu Kyi, depuesto por los militares.
“El horrible aumento en el número de manifestantes asesinados por disparos con fuego real durante el fin de semana muestra lo envalentonadas que están las fuerzas de seguridad”, denuncia Phil Robertson, director para Asia de Human Rights Watch (HRW) en un comunicado, en el que urge a más sanciones internacionales contra los generales y sus conglomerados.
La Junta Militar que gobierna el país desde la asonada ha declarado la ley marcial “absoluta” en al menos seis distritos de Yangón y en varios de Mandalay, después de que fábricas y comercios regentados por chinos en el distrito de Hlaing Tharyar —un empobrecido suburbio industrial de Yangón conocido por ser hogar de inmigrantes y negocios foráneos— fueran asaltados e incendiados el domingo. La declaración de la ley marcial implica que cualquiera que sea detenido en dichos lugares será juzgado en tribunales militares y no civiles, con sentencias que oscilan entre los tres años de cárcel y la pena capital.
Los manifestantes han adoptado un tono muy crítico hacia China, a la que acusan de apoyar el golpe de Estado. Pekín, que desarrolló una buena relación con el Gobierno civil de Suu Kyi, pero se ha mostrado reacio a condenar de forma taxativa el golpe, lo niega y ha pedido a la Junta que tome medidas para proteger la seguridad de sus inversiones y ciudadanos en Myanmar.
La cadena de televisión birmana Myawady, controlada por los militares, aseguró que unos 2.000 manifestantes bloquearon el domingo el acceso a las fábricas y comercios chinos para impedir que los incendios fueran extinguidos. El diario chino Global Times, en manos del Partido Comunista, publicó en un editorial este lunes que “aquellos que maliciosamente difaman a China e instigan ataques contra fábricas chinas deben ser severamente castigados”. Según este rotativo, 32 negocios fueron “vandalizados” por los manifestantes y dos trabajadores chinos resultaron heridos.
El movimiento de desobediencia civil (CDM, por sus siglas en inglés), que desde Myanmar llama a la huelga y la participación en las protestas contra la Junta, acusa por su parte a los militares de lo sucedido. “Cualquier crimen que ocurra después del 1 de febrero de 2021 es por culpa de los megalómanos Min Aung Hlaing (el comandante en jefe de las fuerzas armadas) y su Junta terrorista”, aseguró en su cuenta de Twitter.
Mientras aumenta la violencia, se deterioran las vías de comunicación dentro de Myanmar. La conexión a internet a través del móvil aparece cortada en todo el país este lunes, de forma que la navegación solo está disponible mediante red inalámbrica o wifi. Se desconoce si esta es una nueva medida de la Junta —que ya acostumbraba a cortar las telecomunicaciones durante la noche— o responde a un problema técnico.
Una vista judicial planeada para este lunes en la capital, Naypyidaw, contra Aung San Suu Kyi, líder de facto del Gobierno civil depuesto, ha sido pospuesta hasta el 24 de marzo debido a “problemas con la conexión a internet”. La Nobel, acusada de al menos cuatro cargos —entre ellos, aceptar supuestos sobornos por valor de unos 500.000 euros—, debía comparecer por videoconferencia.
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