Una línea divisoria invisible pero prácticamente infranqueable ha petrificado en los últimos años la política española en dos bloques irreconciliables, sin puentes que permitieran la transversalidad necesaria para políticas de Estado o para conformar alianzas de gobierno alrededor del eje central, como ocurre en muchas democracias maduras, en los distintos niveles administrativos. Este bloqueo —marcado especialmente por la decisión de Ciudadanos de situar su particular cordón sanitario frente al PSOE, y no frente a Vox— ha dificultado el funcionamiento de una democracia multipartidista en la que, roto el dominio del bipartidismo, los vetos cruzados paralizaban absurdamente el transcurso saludable de la política. El resultado ha sido un largo periodo de frentismo para España. En ese esquema, cuatro gobiernos autónomos e importantes capitales han sido gobernadas por una alianza del PP y Cs con un inquietante apoyo externo de Vox.
Esta etapa política es lo que saltó el miércoles por los aires cuando Cs rompió amarras y, junto con el PSOE, planteó una moción de censura en Murcia contra el Gobierno que compartía como socio minoritario con el PP y con apoyo de Vox. La moción representa la voladura de la lógica de bloques enquistados que lastraba la política española. Este cambio de estrategia de Cs, en términos generales, es positivo. La intención de abrir una nueva etapa de mayor interacción política en el centro es loable y sería beneficiosa. Sin embargo, es dudoso que pueda tener recorrido, porque la propia lógica de bloques que ha cuajado en la sociedad puede hacer pagar a Cs un gravísimo precio electoral por su nueva estrategia.
La sorpresa de Murcia ha desencadenado una considerable onda expansiva que, además de oportunidades, presenta graves riesgos. La presidenta de la Comunidad de Madrid convocó elecciones anticipadas para evitar una posible moción similar que la desalojara del Gobierno a manos del PSOE y Cs, partido con el que hasta el miércoles mantenía una coalición de difícil convivencia. La sacudida se complicó aún más cuando el PSOE y Más Madrid registraron sendas mociones de censura. La siguiente réplica se produjo en Castilla y León, donde el PSOE presentó otra moción contra el Gobierno del PP y Cs, que sin embargo expresaron su voluntad de seguir juntos, al igual que hicieron en Andalucía.
A la espera de aclararse si en Madrid prevalece el adelanto electoral o las mociones —estas sufren de un dudoso anclaje legal—, la perspectiva política en la región inquieta. Se perfila la posibilidad de una estrecha cooperación entre Isabel Díaz Ayuso y Vox, un auténtico golpe al giro del PP hacia la moderación que Pablo Casado pretende liderar. El populismo que practica Ayuso en oposición directa al Gobierno, la laxitud frente a las restricciones por el virus y un cierto aroma supremacista madrileño son parte de un perfil de corte trumpista que poco tiene que ver con la estrategia de Casado. Grotesca sonó ayer la disyuntiva que Ayuso planteó y que probablemente acabe siendo su grito de campaña: socialismo o libertad.
Esta dinámica desborda Madrid y arrastra un problema mayor para la democracia española: la debilidad del proyecto de Casado. Acorralado por Vox a la vez que necesitado de sus apoyos, pero también por un pasado del PP manchado por la corrupción, el liderazgo de Casado no acaba de hilvanar un proyecto propio sólido. En este contexto, el protagonismo de Ayuso y su previsible alineación con Vox amenazan con laminar el proyecto del PP como partido de Estado, disponible para consensuar políticas y renovaciones clave en un país lastrado por turbulencias en cuanto a su forma de Estado y su configuración territorial. El seísmo del 10 de marzo traslada la política española de una era geológica de petrificación a otra gaseosa. Hay una nueva oportunidad de diálogo, pero también el enorme riesgo de que un fracaso de Cs en la muy polarizada Madrid dé paso a una nueva forma de bloques enfrentados más radical que la actual.
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