El año 2024 marcó un punto de inflexión en la historia política y social de México, con la aprobación de cinco reformas constitucionales de gran calado que transformaron el panorama institucional del país.
Entre todas, cinco reformas destacaron por su impacto en áreas clave: la estructura del Poder Judicial, la reafirmación de la Supremacía Constitucional, la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la consolidación de programas sociales y la desaparición de órganos autónomos.
Estas reformas no solo redefinieron la organización del Estado, sino que también provocaron intensos debates en torno a sus posibles efectos en la democracia, la transparencia y los derechos de los ciudadanos.
Mientras algunos sectores las consideraron necesarias para fortalecer la estabilidad y la gobernabilidad del país, otros advirtieron sobre los riesgos que implican para la independencia de las instituciones y el equilibrio de poderes.
¿Cuáles fueron las cinco reformas constitucionales de 2024 que cambiaron a México?
Propuesta por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, la Reforma Judicial fue aprobada por la Cámara de Senadores, la madrugada del 4 de septiembre con 86 votos a favor y 41 en contra y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre.
Ésta modificó la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. Entre las modificaciones principales, se redujo el número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9, buscando, según los legisladores de Morena y aliados oficialistas, hacer más eficiente la toma de decisiones.
Asimismo, se creó un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que tiene la facultad de vigilar, nombrar, sancionar y remover a personas juezas y magistradas durante su primer año de ejercicio. A la par, se crea la figura de “agentes investigadores”, para vigilar el comportamiento y actuación de las personas juzgadoras federales.
Sin embargo, uno de los aspectos fundamentales de la reforma, que más se discutieron y los cuales especialistas y organismos internacionales se manifestaron en contra, es el cambio en el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros de la carrera judicial a uno por elección popular.
La elección de más de 1,600 cargos judiciales se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025 y será gestionada por el Instituto Nacional Electoral (INE). Antes de la reforma, los ministros de la Suprema Corte, los jueces y magistrados eran designados mediante un sistema de carrera judicial basado en mérito.
2. Supremacía Constitucional
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de este año, la reforma a los artículos 105 y 107, tuvo como objetivo evitar que el Poder Judicial -así como cualquier otra persona- pueda revisar o ampararse contra cualquier reforma a la Constitución (incluyendo la Judicial).
Promulgada y aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso, la reforma conocida como ‘supremacía constitucional’ establece que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”.
En tanto, la reforma al primer párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional, añade que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.
Por lo que queda: “las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”.
3. Guardia Nacional a DEFENSA
Presentada también por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma a los artículos 129 y 21, cede el control de la Guardia Nacional (GN) al Ejército.
La reforma ordena a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que administre la GN, un cuerpo de seguridad con más de 120,000 agentes que López Obrador creó en 2019 bajo la premisa de mantenerlo civil.
Se modificó el artículo 129 de la Constitución, que antes limitaba las funciones militares en tiempos de paz, una norma que no se había cambiado desde 1857.
Asimismo, cambió el artículo 21 para eliminar la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de Seguridad Pública sean de carácter civil.
Entre otros cambios, se estableció que los delitos serán investigados por el Ministerio Público, las policías y la GN, así como que su personal tendrá origen militar con formación policial y estarán adscritos a la Defensa y ejecutarán la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
A pesar de que partidos de oposición y organizaciones civiles advirtieron que esta reforma representaría la militarización de la seguridad pública del país, López Obrador negó que exista “militarismo” y “represión” con la reforma que se aprobó.
4. Programas sociales a la Constitución
De manera unánime, el Congreso de la Unión aprobó elevar a nivel constitucional los programas sociales. Estos son: Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, Sembrando Vida y Precios de Garantía, mediante la reforma de los artículos 4 y 27 de la Constitución.
La reforma también redujo la edad mínima para que los adultos mayores puedan acceder a la pensión, pasando de 68 a 65 años.
El objetivo principal es garantizar el acceso de los grupos vulnerables a apoyos sociales que aseguren un nivel de vida digno y condiciones adecuadas para su desarrollo.
El dictamen también establece que el Estado entregará un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que trabajen con árboles frutales, maderables y otras especies procesables.
Asimismo, se prevé la entrega de apoyos directos anuales y fertilizantes gratuitos a pequeños productores agrícolas y pesqueros, fortaleciendo su actividad productiva.
Asimismo, se ratificó la obligación del Estado de mantener precios de garantía para productos básicos como maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero, en cumplimiento de las disposiciones aplicables.
5. Desaparición órganos autónomos
Morena y sus aliados, lograron la mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores para desaparecer siete órganos autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
En el congreso se impuso el discurso del Gobierno Federal de que estas instituciones representaban el “despilfarro, la opacidad, la duplicidad de funciones y la subordinación del Estado a intereses ajenos al pueblo”, por lo que las funciones que desempeñan pasarán a dependencias de la Administración Pública Federal y un organismo público autónomo.
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