Imagen de archivo de Manuel Baldizón, durante las elecciones presidenciales guatemaltecas de 2015.Moises Castillo (AP)
Uno de los señalados por recibir sobornos de Odebrecht en Guatemala, Manuel Baldizón, quiere volver a la arena política. Condenado por lavado de dinero en Estados Unidos, un delito por el pagó más de tres años de cárcel, y pese a que en su país enfrenta dos procesos penales por el escándalo de la constructora brasileña y por el conocido como caso Transurbano, el político quería postularse como diputado a las elecciones generales de junio. Pero, después de tres días de fuertes cuestionamientos sobre su postulación, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo dejó en la noche del martes sin candidatura. Ahora será la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ), un tribunal que supuestamente juró lealtad a Baldizón, quien deberá revisar la decisión del TSE.
Hasta el 11 de marzo pasado, Baldizón conservaba el aval del TSE para postularse como diputado por Cambio, una agrupación conformada por sus dos jóvenes hijos, Jorge y Manuel. En los tres días siguientes a la decisión de la autoridad electoral, arreciaron los cuestionamientos hacia la postulación del político, a quien no consideran idóneo por haber sido condenado por lavado de dinero en Estados Unidos y porque en Guatemala enfrenta dos procesos penales. Uno de ellos tiene que ver con los $1,3 millones de dólares en sobornos que recibió presuntamente de la constructora Odebrecht cuando era presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso.
Uno de los abogados de Baldizón, Saúl Zenteno dijo que los abogados del partido Cambio preparan un amparo que presentarán a la CSJ y que se le permita participar. La decisión sobre la postulación recae así sobre un órgano cuyos magistrados supuestamente le juraron lealtad, según confesó él mismo en una carta que mandó a la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2018, mientras cumplía condena en Estados Unidos.
Según la nota, la mañana del 25 de septiembre de 2014, los presidenciables del Partido Patriota (PP) Alejandro Sinibaldi y Baldizón, del Lider, se reunieron en un hotel de la capital guatemalteca con los magistrados que horas más tarde iban a ser electos por el Congreso. Por aquellos días, ambos políticos se perfilaban como los candidatos con más posibilidades de llegar a la presidencia.
El caso Odebretcht también une a Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón. Según las investigaciones del MP y la CICIG, cuando el primero se desempeñaba como ministro de Comunicaciones recibió US$9,3 millones en sobornos de la constructora brasileña. Ambos excandidatos presidenciales están en la lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos que identifica personajes que socavan la democracia en Guatemala.
“Para esta reunión se adecuó una suite presidencial, la más grande de ese hotel”, le contó Baldizón a la CICIG. También dijo que en el encuentro había unas 20 personas, entre ellos los trece magistrados que serían electos. “Alejandro Sinibaldi toma la palabra y básicamente era acerca de un consenso que se hiciera entre todos si surgía cualquier situación que se recordara quiénes los habían puesto”, cita el manuscrito de Baldizón.
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Entre los presentes en la reunión estuvo, según la CICIG, Ranulfo Rojas, exmagistrado y ahora integrante del TSE y Néster Vásquez Pimentel, actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC). Los demás magistrados electos para el periodo 2014-2019 y que supuestamente también participaron de la reunión continúan en funciones, ya que el Congreso no ha elegido a los sucesores. El portavoz del Organismo Judicial no atendió la consulta para saber si los magistrados se apartarán o no de la discusión en torno a la candidatura de Baldizón.
Las comisiones paralelas
Los magistrados de la CSJ son electos por el Congreso a partir de una nómina que selecciona una comisión integrada por profesionales, académicos y jueces de segundo grado. Ese proceso se distorsionó por la influencia de operadores políticos que buscaban procurarse impunidad, de acuerdo con varias investigaciones del MP y la CICIG, conocidas como Comisiones Paralelas. Los integrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que judicializaron esos casos bajo la jefatura de Juan Francisco Sandoval ahora son criminalizados, a partir de señalamientos de varios de los sindicados.
La CICIG buscaba darle seguimiento a la revelación de Baldizón, que escribió mientras cumplía condena en Estados Unidos y que alcanza a los magistrados de justicia. Cuando el presidente Jimmy Morales anunció el fin del mandato de esa comisión, en enero de 2019, Baldizón dejó de hablar con ellos y su testimonio del juramento de lealtad de los magistrados quedó como una de las más de 60 denuncias que debía atender el Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras.
El intento de Baldizón de regresar a la arena política se produce después de que a finales de 2016, anunciase su retiro luego de quedar en el tercer lugar de la elección presidencial de 2015 con el partido Libertad Democrática Renovada (Lider). Tres años después, el Ministerio Público (MP) y CICIG señalaron a Baldizón por recibir US$1,3 millones en sobornos de Odebrecht y un juzgado autorizó su captura.
Para entonces, Baldizón ya no estaba en Guatemala. El 20 de enero de 2018, fue detenido en un aeropuerto de Miami, en Estados Unidos, bajo cargos de lavado de dinero. Meses después, se declaró culpable por “aceptar contribuciones de campaña sabiendo que fueron entregadas por traficantes y que eran ganancias del narcotráfico”. La Corte del Distrito Sur le impuso 50 meses de prisión. Su condena debía haber terminado en diciembre de este año, pero un acuerdo de cooperación con Estados Unidos permitió que regresara a Guatemala en octubre de 2022, a tiempo para las elecciones generales de junio próximo.
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