El velo de la opacidad que cubre a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha permitido que algunos de sus miembros hagan un manejo deficiente y poco escrupuloso de los recursos públicos. Una serie de auditorías hechas por la Contraloría General del Ejército y la Fuerza Aérea revelan un patrón repetitivo: estas instituciones carecen de procesos rigurosos de contratación y escudándose en la seguridad nacional ha comprado insumos a sobreprecio. Además en una serie de denuncias que llegaron a su órgano interno de control entre enero de 2013 y mediados de 2020 —a las que ha tenido acceso EL PAÍS— se acusa que diversos generales han participado o solapado estas irregularidades que apuntan a actos de corrupción. Pese al daño al erario que estas deficiencias administrativas han causado, solo 27 miembros de las Fuerzas Armadas fueron sancionados en ese periodo. Entre los castigados apenas figuran tres generales y cinco coroneles con los castigos más blandos que permite la ley: amonestaciones y suspensiones de un mes.
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El Ejército mexicano, una de las instituciones con más poder en México y a quien el presidente López Obrador le ha encomendado sus obras más importantes de infraestructura, tiene un historial de negligencia administrativa en la contratación de bienes y servicios. Una revisión a los expedientes de sanción administrativa abiertos tras indicios de irregularidades ponen al descubierto que al menos entre 2013 y 2020 miembros en activo del Ejército emitieron licitaciones a modo que restringieron la competencia de los participantes, incurrieron en desaseo contable al pagar facturas duplicadas y alteraron la bases de licitación para favorecer a algún contratista en particular. No solo eso: los informes permiten esbozar cómo se abusa de la asignación directa, no se verifica que las compañías estén al corriente en sus obligaciones fiscales y no se penaliza a las empresas que incumplen con lo establecido en los contratos.
Además el órgano interno de control (OIC) de la Sedena ha apostado por mantener en secreto los nombres de los militares sancionados por deficiencias en los procedimientos de contratación. La Secretaría de la Función Pública —de quien depende el OIC castrense— asegura que al revelar la identidad de esos militares se compromete su seguridad justo en un momento donde participan en una diversidad de tareas, como la construcción del Tren Maya, el plan de migración en las fronteras del país y los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otras actividades prioritarias. “Proporcionar la información podría presentar un estado de riesgo por haber tenido contacto con la sociedad civil de manera activa”, justificó la SFP. Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia consideró que los funcionarios sancionados fueron hallados responsables de mal ejercicio en procesos de contratación, es decir, en actividades administrativas. “La información solicitada tiene que ver con el manejo y ejercicio de recursos públicos y no así de actividades operativas de la Sedena”, afirmó el instituto y pidió brindar la información, parte de la cual aquí se presenta.
Sobornos y sobreprecios
La lupa de los inspectores del órgano interno de control viró al Estado Mayor Presidencial (EMP), ese cuerpo de élite —ahora extinto— que durante décadas cuidó del Ejecutivo mexicano y su familia. En 2012, las revisiones a cientos de documentos de adquisiciones arrojaron que se había comprado un equipo de cirugía con un sobreprecio del 119%. En estos procedimientos intervinieron dos altos mandos del EMP que tres años después terminarían siendo ligeramente sancionados. Uno de ellos era el general Humberto Augusto Delgado Brambila, entonces director del Centro Hospitalario del EMP y señalado por “no fundar ni motivar” el dictamen técnico que justificaba la adjudicación directa del contrato y de no incluir los plazos de entrega de los bienes. El segundo sancionado fue el coronel de artillería Ramiro Gómez Contreras, quien fungía como coordinador administrativo del EMP. Él fue acusado de no verificar que se hubiese hecho correctamente la investigación de mercado. “Como responsable del procedimiento de contratación celebró el contrato sin sujetarse a las normas toda vez que no se contó con las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio para la adquisición del equipo médico”, se lee en el dictamen.
Aunque se detectó que la compra ocasionó un daño al erario de 19,2 millones de pesos que nunca fueron recuperados, en octubre de 2015 ambos militares solo recibieron una amonestación pública. La investigación a cargo del OIC se originó por una petición que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) después de revisar la partida destinada a equipo médico y de laboratorio. En su reporte, la ASF encontró que dos de los supuestos participantes en la investigación de mercado dijeron no haber recibido solicitud de cotización por parte de la Sedena y otro de ellos ni siquiera fue localizado en la dirección que proporcionó en su propuesta. A este caso le seguiría otro más que cimbraría nuevamente a la cúpula militar y pondría en entredicho la implacable honorabilidad del Ejército.
Una denuncia presentada ante el OIC a principios de 2013 llamó la atención a la Dirección General de Administración, donde despachaba, en ese entonces, el general brigadier Fernando Joaquín Ávila Lizárraga. En un escrito, un grupo de empresarios señalaban que había una red de militares corruptos que pedían moches (comisiones) a cambio de la asignación de contratos millonarios para adquirir bienes y servicios. Dos de los militares denunciados eran el teniente coronel José Alfredo Carrillo Ríos y el coronel intendente José Luis Lua Tatuado, pertenecientes a la Dirección de Administración. El órgano interno de la Sedena inició una auditoría sobre las contrataciones hechas y el 18 de agosto de 2015 se encontraron irregularidades en la asignación de un contrato para suministrar alimentos que se aplican por vía intravenosa a pacientes del Hospital Central Militar y la Clínica de Especialidades de la Mujer.
Los auditores encontraron que la contratación hecha en 2013 no aseguraba a la Defensa Nacional las mejores condiciones de costos, ya que el valor de los bienes ofertados por la empresa era un 10% más caro que el precio medio establecido en la investigación de mercado realizada por la Dirección General de Sanidad. En el dictamen se concluyó que se había cometido un daño patrimonial a la Secretaría por un monto cercano al millón de pesos. Los auditores reprocharon que los responsables de hacer la evaluación económica en la Dirección General de Administración hubiesen autorizado un precio inaceptable. Además, encontraron que la empresa contratada ni siquiera producía los alimentos nutricionales que vendía a la Sedena y esta los adquiría con otra firma, por lo que simplemente fungía como intermediaria y encarecía el precio final. Al revisar los documentos de las propuestas presentadas por algunas de las compañías invitadas al proceso de adquisición encontraron que compartían apoderados o socios.
El único sancionado fue Carrillo Ríos, que había sido el encargado de adjudicar el contrato como jefe de la sección de adquisiciones de suministros médicos de la Dirección General de Administración. Pese a que en la auditoría se señalaba que había probables responsabilidades económicas y legales a cargo de las direcciones generales de Administración y de Sanidad, los generales titulares de las instancias implicadas en las contrataciones y quieres firmaron los contratos no fueron tocados. En el fallo de la sanción se declaró “inexistencia de la responsabilidad administrativa” para ellos, mientras que al teniente coronel Carrillo simplemente se le castigó con una amonestación privada. Las investigaciones internas no terminaron ahí. También se revisaron los servicios contratados entre 2009 y 2013 en el Hospital Central Militar.
El área auditora encontró que había empresas que no habían presentado el oficio del SAT para certificar que no tuvieran incumplimientos fiscales, había propuestas de diversos proveedores que carecían de firmas y se localizaron tres facturas por un total de 20,5 millones de pesos que fueron pagadas de forma duplicada. Además, una vez que se entregaban los contratos, las empresas incumplían las condiciones y no eran sancionadas. Por ejemplo, una firma no proporcionó enfermeras quirúrgicas ni técnicos instrumentistas en 635 cirugías, pero no se le sancionó por el incumplimiento. Esto ocasionó que la Sedena dejara de percibir 7,8 millones de pesos. En otro contrato tampoco se penalizó a un proveedor que no proporcionó mantenimiento y reparación a los equipos médicos de neurocirugía. También se detectaron 5.441 insumos médicos de alta especialidad que no fueron utilizados en las cirugías de oftalmología, pese a que se había pagado por ellos 6,2 millones de pesos. Al emitir su fallo de sanción, la Contraloría destacó que la mayor parte de las irregularidades encontradas se habían detectado tardíamente y por ello ya no se podían sancionar.
Laxos controles
Los auditores rastrearon durante meses las contrataciones hechas con cargo al presupuesto del Fideicomiso para pago de equipo militar durante 2012. En su informe elaborado para la ASF anotaron que a solicitud de la Dirección General de Administración —entonces a cargo del general Moisés García Ochoa— se habían utilizado recursos del fideicomiso en la ampliación de un estacionamiento de la Secretaría sin que este fuera un proyecto “urgente” o estuviera relacionado con el objetivo del fondo. La ASF pidió al OIC de la Sedena investigar y en su caso sancionar a quienes autorizaron la obra con cargo a esa bolsa, pese a que esos recursos estaban destinados a proyectos de equipo militar. La Dirección de Administración informó a la ASF que había instruido a sus subalternos para que en el futuro se evitara utilizar recursos de ese fideicomiso para fines distintos a los estipulados.
La lista de deficiencias administrativas no concluyeron ahí. También encontraron que durante los trabajos de modernización de la Base Aérea Militar Número Uno en 2012 las áreas contratantes de la Dirección General de Administración otorgaron un contrato para la supervisión externa de la obra a una empresa constructora sin que hubiese una licitación de por medio. “Se presume un conflicto de intereses”, concluyó la ASF al señalar que la adjudicación no se hizo de manera independiente. La Dirección de Administración hizo llegar al órgano fiscalizador un oficio donde aseguraba que había ordenado a las áreas competentes que en el futuro se apegaran a los lineamientos establecidos para contrataciones. Sin embargo, la ASF consideró este argumento insuficiente porque no se acompañó de los documentos que justificaran la asignación directa y pidió investigar a los involucrados en la contratación. Aunque el OIC inició investigaciones, el único sancionado fue David Sandoval Mota, jefe de la sección administradora de contratos de la Subdirección de Adquisiciones en la Dirección de Administración. En octubre de 2014 se le suspendió un mes de su cargo, según información obtenida vía Ley de Transparencia. El general García Ochoa ni siquiera fue amonestado.
El mismo año en que el órgano de control sancionaba a Sandoval Mota, otra denuncia llegaba a las instancias de la contraloría. La acusación esta vez era en contra del general de brigada Ángel Sergio Olivares Morales. El entonces director de Sanidad fue acusado de alterar las conclusiones de un dictamen técnico en un procedimiento de adquisiciones de medicamentos para favorecer a una empresa. El contrato por más de 1.000 millones de pesos se adjudicó en febrero de 2013 y tres meses después la Contraloría General del Ejército suspendió los pagos al proveedor. El caso —según publicó el diario Reforma en 2015—llegó también hasta la Procuraduría Militar, que inició una averiguación previa por los delitos de fraude y falsificación de documentos. Ahora se sabe que el expediente no avanzó por la vía judicial, mientras que por la vía administrativa tampoco fue sancionado, según los registros obtenidos vía transparencia.
En 2015, la comisión interventora de obras militares de la Contraloría castrense realizó una auditoría a una obra realizada en la Base Aérea Militar 14, localizada en Escobedo, Nuevo León, donde se amplió un sistema de iluminación. En su dictamen, la autoridad determinó 42 observaciones económicas y administrativas. Uno de los señalamientos más recurrentes es que se asignaron y firmaron contratos después de que concluyeron los trabajos. Los auditores pidieron explicaciones al general José Manuel Cabral Caldera y al capitán primero ingeniero constructor José Luis Albarrán Rodríguez, ambos responsables de la obra. El general justificó que había decidido continuar con la segunda etapa del proyecto y por eso había hecho nuevos contratos. Sin embargo, el órgano sancionador le reprochó que tomara esa decisión sin contar con la autorización del área competente y sin la aprobación de recursos para ello. Finalmente en enero de 2018 se le sancionó con una amonestación. En enero de 2018 el general se jubiló y actualmente cuenta con un haber de retiro por 72.000 pesos. En junio de 2019, ya en el Gobierno de López Obrador, el OIC de la Sedena amonestó a un militar de bajo rango por “negligencia administrativa” en un procedimiento de adquisiciones. EL PAÍS consultó a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre estos casos y hasta la publicación de esta investigación no ofrecieron una respuesta.
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