La detención de una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, la socialista griega Eva Kaili, en el marco de una amplia investigación sobre supuestos sobornos a figuras influyentes de la Eurocámara para mejorar la imagen de Qatar, ha provocado un terremoto en Bruselas cuyas réplicas no han acabado todavía. Las pesquisas han redundado por el momento en cuatro imputaciones por corrupción y cientos de miles de euros incautados, pero la investigación sigue abierta. Menos de una semana después de las primeras revelaciones, el hemiciclo europeo es un avispero de sospechas, desconfianzas y recelos, mientras los responsables de las principales instituciones europeas tratan de defender la “integridad” del proyecto europeo en tiempos de creciente desconfianza ciudadana prometiendo tolerancia cero contra la corrupción y una mayor transparencia de la gris —literal y figuradamente— Bruselas.
Estas son las principales claves de un escándalo ―denominado ya Qatargate― cuyo final y consecuencias están lejos aún de vislumbrarse.
¿Qué ha pasado?
El viernes 9 de diciembre, los medios belgas Le Soir y Knack adelantaban la noticia de que una operación judicial belga contra eurodiputados sospechosos de haber aceptado sobornos de Qatar había conducido a más de una decena de registros y media docena de detenciones. Poco después, una primera comunicación oficial de la Fiscalía federal confirmaba la magnitud del terremoto: “Desde hace varios meses, los investigadores de la policía judicial federal sospechan que un país del Golfo influye en las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo, y lo hace mediante sumas considerables de dinero u ofreciendo importantes regalos a personas con una posición política y/o estratégica significativa en el seno de la Eurocámara”.
¿Quién está involucrado en el escándalo?
El país sospechoso de los sobornos es Qatar —aunque su Gobierno sigue negando cualquier conducta improcedente— y los principales señalados son influyentes figuras en Bruselas: una de los 14 vicepresidentes del Parlamento Europeo, la socialista griega Eva Kaili, y un antiguo parlamentario, el italiano y también socialista Pier Antonio Panzeri, director actualmente de la ONG Fight Impunity. Paradójicamente, esta organización dedicada a la lucha contra la corrupción e impunidad parece estar en el centro del escándalo que también tiene fuertes tintes italianos: además de Kaili y Panzeri, entre los cuatro individuos oficialmente imputados el domingo por un juez belga figura otro italiano relacionado con la ONG, el antiguo asistente de Panzeri y actual compañero sentimental de Kaili, Francesco Giorgi.
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El cuarto acusado es, según medios italianos, otro lobista de derechos humanos de esa nacionalidad, Niccolo’ Figa-Talamanca. Dirigía la ONG No Peace Without Justice hasta el lunes, en el que la organización fundada en 1993 por la política italiana —exeuroparlamentaria y antigua comisaria— Emma Bonino anunció que había solicitado dejar su cargo. Otros dos de los detenidos el viernes son el padre de Kaili, supuestamente interceptado cuando trataba de sacar de un hotel de Bruselas una maleta con “cientos de miles de euros”, y el secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CIS), Luca Visentini. Ambos fueron puestos en libertad vigilada el domingo.
La Fiscalía belga ha informado asimismo de que se ha incautado de alrededor de un millón de euros durante sus registros: 600.000 euros en la casa de Panzeri y otros 150.000 “en un apartamento que pertenecía a un diputado europeo” y que fuentes parlamentarias identifican como Kaili. Bélgica añade “varios cientos de miles de euros” más requisados en “una maleta incautada en una habitación de hotel bruselense”. Una escena en la que la prensa belga ha situado al padre de la eurodiputada griega, detenido cuando trataba de huir con el dinero en efectivo.
La política griega y vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili habla durante la ceremonia de entrega del Premio Europeo del Libro en Bruselas.Foto: Eric Vidal / PARLAMENTO EUROPEO / AFP¿Puede haber más arrestos?
Las autoridades belgas han dejado claro que la investigación, que comenzó hace cuatro meses, sigue abierta. De hecho, el lunes se efectuó el vigésimo registro, y fue en la sede bruselense del Parlamento Europeo: los agentes se incautaron de datos informáticos de 10 asistentes parlamentarios cuyas oficinas habían sido precintadas el viernes para evitar la fuga de pruebas.
En el ojo del huracán se encuentra el grupo Socialistas y Demócratas (S&D), al que pertenecía Kaili y, anteriormente, Panzeri. El fin de semana, las autoridades registraron además el domicilio de otro miembro de la familia socialdemócrata europea, el eurodiputado belga Marc Tarabella, aunque no está imputado por ahora. En un intento de contener daños, varios miembros del grupo relacionados con Qatar anunciaron el lunes que se alejan de sus funciones hasta que hayan concluido las investigaciones. Además de Tarabella, que ha pedido su suspensión del grupo, la también belga Marie Arena, una de cuyas asistentes ha sido interrogada, ha dimitido como presidenta del subcomité de Derechos Humanos de la Eurocámara, al igual que el italiano Pietro Bartolo lo ha hecho de su cargo como responsable de S&D en las negociaciones de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo sobre la liberalización de visados para Qatar. Un cuarto eurodiputado, el también italiano Andrea Cozzolino, ha dimitido como coordinador de urgencias de S&D.
¿Cómo ha reaccionado el Parlamento Europeo?
La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha prometido que “no habrá impunidad” ante la corrupción y que la institución que dirige no permitirá que este caso se “barra bajo la alfombra”. Tras suspender preventivamente a Kaili de sus funciones el fin de semana, la maltesa ha anunciado el inicio este martes del procedimiento interno para despojar oficialmente a la griega de sus funciones como vicepresidenta. Kaili también ha sido expulsada de S&D y de su partido en Grecia, el Pasok. Metsola quiere además una investigación interna para “analizar todos los hechos relacionados con el Parlamento”.
El hemiciclo europeo prevé asimismo revisar sus reglamentos internos para endurecer las vigilancias ante la corrupción. Conscientes de que este caso podría salpicar a otras instituciones europeas —varios responsables han llamado ya a investigar al comisario griego Margaritis Schinas por sus recientes contactos con Qatar— y que está en juego la reputación europea en tiempos de creciente desconfianza ciudadana ante la política, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto un organismo independiente que vele por la ética, común para todas las instituciones de la UE y que tenga normas “claras y fuertes” de integridad y transparencia para todos.
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