Las comunidades podrían cerrar el año con un superávit en sus cuentas por primera vez en su historia. Hasta octubre, y teniendo en cuenta que los pagos siempre se aceleran en el último trecho del año, el superávit ascendía a unos 12.000 millones de euros. Sin embargo, al mismo tiempo, la presión crece con la sexta ola sobre la atención primaria, que en muchos casos se ha visto desbordada. ¿Qué ha ocurrido para que habiendo recursos no se haya gastado más en reforzar la primera línea de batalla contra la pandemia? ¿Por qué no estaban mejor preparadas las comunidades para afrontar esta nueva ola? ¿Dónde ha ido a parar el dinero del fondo covid que durante dos ejercicios ha transferido el Gobierno central a las comunidades?
Las comunidades recibieron en 2020 unos 16.000 millones de euros para poder atender los servicios públicos en medio de la pandemia y compensar algo de la caída por sus tributos propios. Este año la inyección volvió a repetirse por valor de unos 13.500. En el fondo, Hacienda reconocía así que había una insuficiencia para financiar sanidad, educación y gasto social, unas partidas que se habían disparado con la covid. No obstante, estos recursos no han sido finalistas. El Gobierno los entregó sin vincularlos a la exigencia de gastos concretos.
¿En qué se emplearon entonces? Según datos de Hacienda y estimaciones de la Autoridad Fiscal (Airef), el gasto de las comunidades vinculado a la covid fue en 2020 de unos 14.000 millones, una cifra algo inferior a los 16.000 millones que recibieron. Y en 2021 la cifra de desembolsos por la covid alcanzará los 12.000 millones, unos 1.000 millones menos que la inyección obtenida. Es decir, las comunidades no han gastado en torno al 10% de estas transferencias, casi 3.000 millones. Además, una parte de los 10.000 millones del fondo europeo React EU, que está pensado para gastarse entre 2020 y 2022, iba también para gasto sanitario por la covid y del cual, por ahora, se ha utilizado poco.
Por áreas, en 2020 las autonomías gastaron unos 8.000 millones en sanidad por el coronavirus y 1.000 millones en educación. En 2021, fueron 6.000 millones y 2.000 millones, respectivamente. Es decir, esto supone que unos 14.000 millones han ido a parar a políticas sanitarias, lo que equivale al 54% de todo lo gastado por las comunidades del fondo covid estatal.
Pese al incremento de los fondos y de las partidas destinadas a sanidad, la sexta ola ha desbordado los servicios de atención primaria. Fuentes de los gobiernos autonómicos argumentan que nadie podía esperar lo que ha ocurrido con la sexta ola, que además ha coincidido con el periodo de vacaciones y con la proliferación de contagios entre los sanitarios. Al margen de los déficits estructurales que padece el sistema, destacan que no se puede articular una respuesta con gasto permanente para una situación de estrés que podría durar solo un par de meses. El gasto estructural en sanidad se tiene que diseñar con tiempo, buscando médicos y enfermeros, planificando las instalaciones y contando con una financiación estable, explican. “Tener un sistema adaptado para lo que está sucediendo, un colapso de los servicios por pacientes asintomáticos, no sería eficiente”, afirma la doctora Patricia Alonso, de la sociedad de directivos sanitarios Sedisa.
Incluso en estas circunstancias, los médicos de atención primaria denuncian que se han estado deshaciendo los centros de cribado y diagnóstico rápido que ahora podrían ayudar. Durante la pandemia, se gastó principalmente en reforzar los hospitales y no los ambulatorios. “Existe además una falta de inversión estructural en la atención primaria, que debería dotarse de más personal, capacidades para hacer pruebas diagnósticas y menos burocracia”, señala José Polo, presidente de la asociación de médicos de atención primaria Semergen.
Futuro incierto
Los responsables de Hacienda de muchas comunidades están ahora pensando en lo que ocurrirá una vez pase esta sexta ola, baje la intensidad de la pandemia y se corten las aportaciones extraordinarias que han llegado desde el Gobierno central. Para 2022, por ejemplo, la Autoridad Fiscal calculaba antes de la sexta ola que estas partidas se reducirían a la mitad. Aun así, el organismo encargado de velar por las cuentas públicas alerta de que una parte de estos gastos podrían adquirir la condición de permanentes sin que exista un incremento de financiación asociado para sufragarlo.
Las comunidades temen aumentar los desembolsos sin poder financiarlos. Por eso, reclaman un nuevo fondo covid. “Se les ha dado más de lo que necesitaban”, afirma Ángel de la Fuente, director del centro de estudios Fedea y uno de los mayores expertos en financiación autonómica. Las autonomías han contado durante la pandemia con recursos récord a pesar de la caída de los ingresos. Hacienda decidió blindar sus recursos como si no hubiese crisis.
Y eso se ha notado en el gasto. La partida que más aumenta es la de la remuneración de asalariados, que en 2020 subió un 7%. Y en 2021 está creciendo un 6% más. En total, esta rúbrica ha escalado en dos años en unos 9.000 millones, de los cuales aproximadamente un tercio se ha dedicado a subir salarios y el resto a reforzar plantillas de sanitarios y docentes. Esto es: casi 6.000 millones más en dos años. El aumento de efectivos se dio sobre todo a finales de 2020, apunta un informe de Hacienda.
Más trabajadores públicos
Si se mira la Encuesta de Población Activa, el empleo público ha crecido en unos 230.000 trabajadores con la pandemia. Al examinar el boletín de personal de las Administraciones, a principios de 2021 el empleo en personal sanitario había aumentado en unas 55.000 personas. Y en la docencia no universitaria, en otras tantas. Sin embargo, este boletín no recoge el personal laboral que está con un contrato inferior a los seis meses. De modo que buena parte de ese incremento probablemente no esté reflejado. Incluso así, las cifras de empleo se encuentran en niveles récord.
Las comunidades explican que los recursos dados por el Estado básicamente se han gastado en aumentar los efectivos de sanidad y educación; equipos y pruebas contra la covid; reformas, ampliaciones y rehabilitaciones de nuevos centros sanitarios para atender la pandemia, y ayudas sociales a personas que no han podido beneficiarse del ingreso mínimo porque se pedía la declaración de renta del año anterior.
Las autonomías tuvieron que contratar fundamentalmente enfermeros, que se encargaron de los rastreos y fueron fichados sobre todo de los hospitales privados. En cuanto a los médicos, encontrarlos era más difícil, así que se puso a especialistas que no tenían tanto trabajo a apoyar a los que estaban en primera línea. Conforme se empezó a aliviar la carga, las autonomías se empezaron a deshacer de plantilla. Según cálculos de EL PAÍS, la cifra de puestos suprimidos se elevaba en octubre a unos 21.000. El grueso eran enfermeros que volverán a los hospitales privados. Aun así, las comunidades explican que están reteniendo la mayor parte de la plantilla incorporada, en gran medida porque está sirviendo para llevar a cabo planes de choque que bajen las elevadas cifras de espera tras la pandemia. Y esa era la hoja de ruta que estaban siguiendo cuando a mediados de diciembre estalló la sexta ola y desbordó la atención primaria.
Con información de Juan Navarro, Margot Molina, Guillermo Vega, Pedro Gorospe, Amaia Otazu, Sonia Vizoso y María Fabra.
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