El Gobierno deja abierto el grifo de la financiación regional pese al duro golpe de la covid-19. Entre las entregas a cuenta y la liquidación positiva del ejercicio 2018, las comunidades han recibido este año más dinero que nunca. En 2021 estas partidas bajarán ligeramente, pero el Estado se ha comprometido a insuflar recursos adicionales para impulsar la recuperación: además de los ingresos procedentes del sistema de financiación, las autonomías contarán con otras transferencias extraordinarias de la Administración central. En total, el balón de oxígeno potencial será de 150.000 millones, según Hacienda.
El Gobierno se ha comprometido a ofrecer a las comunidades un colchón más grande que nunca. En 2021, las regiones podrán recibir la friolera de 140.400 millones de euros entre los ingresos brindados por el sistema de financiación autonómico y transferencias adicionales a las que se ha comprometido Hacienda. La ministra María Jesús Montero además ha avanzado que las autonomías podrán acceder a 10.000 millones del fondo europeo REACT-EU, diseñado para aliviar el impacto socioeconómico de la pandemia, pese a que todavía no se hayan decidido los criterios de reparto. El objetivo: garantizar los ingresos que sostienen servicios como la educación y la sanidad, que dependen de las comunidades, e impulsar la recuperación tras una debacle sin precedentes.
Pero llegará inevitablemente el momento de echar cuentas. El sistema de financiación autonómico se basa en un complejo mecanismo que debe nivelar las desigualdades entre regiones. Las autonomías cuentan cada año con unos ingresos calculados sobre la recaudación estimada de varios impuestos: los que tienen cedidos al 100%, como el de sucesiones y donaciones, y otros compartidos, que son el 50% de la recaudación del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales. En función de estos recursos, que reciben por adelantado, construyen sus presupuestos.
En otras palabras: si las previsiones económicas son positivas, las comunidades cuentan con más oxígeno. Dos años después llega el ajuste; si han recibido más de lo previsto se les restará la financiación en exceso y viceversa. Pero la pandemia ha trastocado en parte este esquema.
En 2020, con un desplome del PIB que el Gobierno prevé del 11,2%, las autonomías seguirán recibiendo un flujo de dinero sin precedentes, como si no hubiera crisis. El Ejecutivo calculó el importe de las entregas a cuenta a inicios de año, antes de que se materializara el devastador impacto del virus, sobre un crecimiento estimado del 1,6%. Y ha decidido no corregirlo ante el mastodóntico aumento del gasto y el desplome de los ingresos causados por la crisis sanitaria.
Hasta julio de este año, la recaudación por los tributos cedidos se ha hundido más de un 25%; y un 12% la procedente de los impuestos estatales. Aun así, entre las entregas a cuenta y la liquidación positiva de 2018, las regiones recibirán este año unos 116.000 millones. En pleno estado de alarma, el Gobierno anunció además un fondo extra de 16.000 millones. Si se tienen en cuenta otros 2.211 millones de gasto adicional por el objetivo de déficit de este año —del 0,2% del PIB— la cifra a disposición para 2020 alcanza ya un récord de casi 134.000 millones, que el año que viene volverá a ser batido con los cerca de 150.000 millones.
“Las entregas a cuenta normalmente se calculan intentando anticipar lo que se recaudará en el año, y no va a ser así ni en 2020 ni en 2021″, comenta Ángel de la Fuente, investigador del CSIC y director de Fedea. “Se mantienen los ingresos artificialmente altos, como pasó en la crisis anterior, con la idea de que así las comunidades podrán actuar mejor. Pero no es realista”, avisa.
En 2021, todas las autonomías recibirán algo menos del sistema de financiación. Cataluña, Andalucía y Madrid seguirán siendo las que más dinero obtendrán en términos absolutos, por ser las más pobladas y ricas. Donde bajará más el flujo será en Asturias y Aragón. Pero Hacienda ha prometido hacer malabarismos tanto del lado del gasto como de los ingresos para incrementar los recursos totales en más de un 10%.
Una de las medidas anunciadas viene del lado del déficit, por el cual las regiones tendrán, en la práctica, barra libre. Tras suspender las reglas fiscales para este año y el próximo, Hacienda ha fijado para las comunidades una tasa de referencia del déficit del 2,2% del PIB, que no es obligatoria, frente al 0,2% de 2020. En total, unos 26.000 millones más de gasto para 2021.
La mitad de este desfase lo asumirá el Estado a través de una transferencia extraordinaria; el restante 1,1% se corresponde a un gasto adicional que podrán asumir las comunidades financiándose en los mercados o a través de los mecanismos extraordinarios de liquidez.
“El shock lo va a asumir el Estado. Creo que es peligroso porque se da la impresión que es todo gratis y los incentivos a ajustar son pequeños”, añade De la Fuente. “En la situación actual no tenemos más remedio que acumular deuda, pero debemos ser conscientes de que este es un préstamo y que hay que devolverlo”, cierra.
El ajuste de cuentas llegará en 2022
El sistema de financiación autonómica establece que cada dos años se ajusten cuentas. Si las comunidades han recibido ingresos por encima de lo previsto, se les aplicará una liquidación negativa; si se les ha transferido menos dinero, tendrán recursos adicionales.
En virtud de este sistema, hoy se siguen arrastrando las liquidaciones negativas herencia de la Gran Recesión, cuando las regiones recibieron de más frente al desempeño de la economía. Dentro de dos años, cuando haya que mirar hacia atrás para ver si la financiación de 2020 se correspondió con la actividad real, pasará lo mismo. Las regiones están recibiendo este año unos recursos que no reflejan la crisis económica, ya que se han diseñado en función de un escenario que nada tiene que ver con la situación creada por la pandemia.
“Los cálculos que se han hecho no son cálculos, son decisiones políticas. Ocurrirá lo mismo que en la anterior crisis: la liquidación no se abonará y se pagará a 20 o 25 años”, dice Ángel de la Fuente, de Fedea. “Habría que sentarse ya a diseñar un plan de ajuste que sea a medio plazo”, asegura.
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